Desde que Francisco Garduño Yáñez, mero mandón del Instituto Nacional de Migración, decidió tomar a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua como “su” territorio, han proliferado las deportaciones “en caliente”.

Su blanco principal, personas menores de edad y familias completas que llegaban a la entidad en busca de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.

Así sean niños o jovencitos. Enfermos, sanos, hambrientos, desmañanados, nada importa: los echa porque los echa, así traigan consigo el permiso de internación que tiene una vigencia mínima de cinco días.

Cercanos a la vida interna del INM nos comentan que la mano dura en contra de migrantes –y no necesariamente contra los “polleros”– ha arreciado desde que se instaló Esther Martínez Zúñiga como titular de la oficina de representación del INM en Chihuahua.

Ella viene con la bendición y el “power” del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, quien ya antes había anunciado el inicio de acciones de verificación y control migratorio a lo largo del río Bravo, a su paso por el municipio de Juárez.

¡Qué cosas! Garduño no acaba de responder por la tragedia del 27 de marzo del 2023, cuando un incendio intencional, sumada a una seguidilla de negligencias, causó la muerte de 40 personas.

Pero él, ni suda ni se acongoja, porque ha regresado a Juárez, tan campante, a organizar las redadas en la mismísima orilla del río Bravo para impedir que los centro y sudamericanos se “avienten” a cruzar hacia los “Yunaites”.

A la par de esos operativos, el INM en Ciudad Juárez se ha negado a expedir Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, que son una figura legal contemplada en la Ley federal en la materia, según nos comentan enterados del caso.

Para las organizaciones defensoras de derechos del migrante, se trata de la instrumentación de una política recalcitrante en contra de los viajeros extranjeros que entraron sin permiso de internación.

Peor aún, el INM intenta convertir a Chihuahua en un estado “colchón” de donde no pasarán ni para llegar a la línea fronteriza. Vaya, ni siquiera se les permitirá adentrarse en el estado.

Lo más grave del caso es que, aunque se trata de una materia federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha brillado por su ausencia. Que conste: tampoco nos gusta que traten así a nuestros connacionales en los Estados Unidos.

En qué mundo vivimos: la defensoría de derechos humanos, ni sus luces, pero el

responsable de la tragedia sigue instalado en el poder.

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El juez de Control Jorge Napoleón Raya Valdés, ahora sí que se pasó de la raya. En una audiencia casi fast track, decidió dar el auto de libertad a un joven mayor de edad, con 18 años cumplidos, sobre quien pesaba una acusación de violación en perjuicio de una jovencita.

La víctima, menor de edad, identificó plenamente a su agresor, de hombre Carlos Jaciel C.P., pero aún así, el juzgador consideró que el ofensor no era imputable.

¡Habrase visto!

Según un documento en poder de esta Doña, el juez se basó en una argumentación por escrito, presentada por la Defensoría de Oficio, en la que se determinó que el ataque que le hizo a la jovencita era explicable debido a que tiene “un nivel mental bajo el cual no se encuadra acorde a su nivel cronológico” (sic).

Por lo tanto, agrega el alegato del defensor, no es consciente de sí mismo, no se conoce y actúa de forma que no concuerda con su edad cronológica y, por tanto, esa falta de conocimiento “provoca una desestabilidad emocional que genera cambios de humor injustificados y no mide la responsabilidad de sus actos”.

A ver si le entendimos a esta nueva puntada del sistema judicial chihuahuense: el joven es tan inestable que no tiene idea de su condición, se pone de malas de forma injustificada y no responde por sus actos, incluso por una violación… por eso, mejor lo dejamos en libertad, ¿así va? ¿Y a la víctima, que se la lleve el tren?

Personas cercanas al caso nos comentan que eso de “no concuerda con su edad cronológica ni qué ocho cuartos”, porque bien que asiste a la preparatoria y es hasta estrellita del equipo de futbol. ¡Cómo para eso sí está consciente de lo que hace!

De no creerse, el dictamen pericial que concluyó con que el “angelito” no es consciente de sus actos, se llevó a cabo el 8 de abril pasado en el Cereso 1 de San Guillermo, y duró ¡dos minutos!

Así, como se lee: con una respuesta que bien pudo ser un monosílabo, quedó sin sanción uno de los delitos más deplorables que puede haber en cualquier sociedad del mundo, como es el ataque sexual a una persona menor de edad.

De todo este drama, lo que la familia de la víctima destaca es que en todo momento recibieron el apoyo del Centro de Justicia para la Mujer, órgano de Gobierno del Estado, y que ya el Ministerio Público apelará ese auto de libertad.

Otra vez no, por favor. Ya tenemos a un sujeto que anda libre después de violar a una niña pequeñita, y ahora este granuja que no tiene conciencia “de su edad cronológica”.

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Y mientras la bancada panista pelea y da de patadas para que le den a Chihuahua la misma tarifa eléctrica que a los estados “favorecidos” con el descuento que ofrecerá la CFE durante el verano, en otro punto del estado, la operación 4T logra avances significativos y hasta consigue aumentar la transmisión de voltaje a las zonas frutícolas del noroeste.

De contraste: del lado de la bancada panista en el Congreso del Estado y del mismo Gobierno, las cosas llegan hasta los tribunales, o bien, a las acciones de cobranza por aquello de la deuda que reclama la CFE a Chihuahua, y que data de los tiempos cuando el Gobierno de César Dee Jay regalaba la luz eléctrica.

En cambio, operadores de la 4T ya lograron que la paraestatal que dirige el “simpatiquísimo Manuel Bartlett” incremente la capacidad del transformador ubicado en la estación Manitoba, al noroeste del estado, en el corazón del territorio menonita.

Ahí, le echarán otros siete megavatios, para que rinda ahora que van a aumentar los bombeos de agua durante el ciclo primavera-verano.

Si eso era poco, los Bartlett Boys ya se comprometieron a colocar otros dos nuevos transformadores en la estación Témoris, al suroeste del estado, para que no les falte energía a las bombas que sacarán el agua para regar en este año que pinta para estar más seco que el pinole.

Ahora sí que luz y sombra con la CFE: a unos, los manda por la vía larga, a poner su amparo y a esperar la determinación de un juez, y a otros, les otorga todo lo que le habían pedido desde hace años. ¡Benditas campañas electorales!

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 Las familias originarias de la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, ya se cansaron de esperar a que alguien les resuelva su reclamo de recuperar las tierras que les arrebató la delincuencia organizada.

Por eso, van a salir de su lugar de refugio para llevar su protesta, incluso, fuera de los límites del estado, para que el país sepa por las que están pasando a causa del desplazamiento forzado del que son víctimas.

Son varios grupos, divididos en dos albergues, los que se refugian en Chihuahua desde hace cuatro años, cuando grupos delictivos les quitaron sus tierras a la fuerza y los obligaron a alojarse en la capital del estado.

Si bien han recibido atenciones y auxilios de organizaciones de la sociedad civil, lo cierto es que esas personas han ido quedando en el olvido, según nos cuentan.

Personas cercanas a esas familias le platicaron a esta Doña que, incluso, han pasado hambres y en el invierno pasado se las vieron negras con el tremendo frío que les pegó en algunas noches.

De acuerdo con datos de diversas organizaciones sociales, son más de 200 personas las que se alojan en Chihuahua desde hace ya años, luego de sufrir ataques e incluso, el asesinato de algunos de sus representantes, como Julio e Isidro Baldenegro, defensores de las tierras de los rarámuri originarios de aquella región.

Así que nadie se extrañe si, en días próximos, el nombre de Coloradas de la Virgen, y el recuerdo de los Baldenegro, ocupa espacios en la agenda nacional. A ver si ahora sí les hacen caso.