El Gobierno del Estado quedó formalmente facultado para reestructurar su deuda pública, superior a los 50 mil millones de pesos, a un plazo de 25 años, con lo cual se comprometerán a las próximas cuatro administraciones.

Según el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda estatal, podrá contratar créditos por hasta 32 mil 529 millones 291 mil 207.80 pesos para reestructura su pasivo bancario que arrastra desde hace más de 10 años.

Son en total 16 créditos, cuyo origen se remonta a la primera mitad del gobierno de César Dee Jay, cuya contratación tuvo siempre la aprobación del Congreso del Estado, incluidos los votos de la bancada del PAN en aquellos entonces.

Luego, el gobierno de Javier Corral llevó a cabo una reestructuración que dejaba el plazo en 19 meses y bajaba la sobre tasa en casi un punto, pero aun así el servicio a esa deuda se ha convertido en una verdadera losa para las administraciones que le siguieron a la que contrajo tamaña deuda.

El nuevo plazo será de 25 años, equivalentes aproximadamente hasta 9 mil 131 días, contados a partir de la firma de cada contrato de crédito.

En el mismo decreto, se le dio luz verde a la secretaría que encabeza José Granillo a emitir bonos para refinanciar la llamada “deuda carretera”, que actualmente supera los 15 mil millones de pesos.

Como garantía de pago, se dejarán las cuotas que pagan los usuarios en nueve tramos carreteros de peaje.

¿En qué se gastaron? Aquella administración contestaba, cada que se le preguntaba, que “en educación, salud, seguridad pública…” y un largo etcétera, pero no se detallaba los conceptos en los que se aplicaron los casi 50 mil millones “del águila” que le cargaron al carrito de las deudas.

Según información del Gobierno del Estado, solo el año pasado se gastaron más de 4 mil millones de pesos en darle servicio a esos endeudamientos que, como ya dijimos, se contrataron entre los años 2011 y 2013.

Con esta reestructura, el Gobierno busca bajarle un poco a ese gasto y tener más margen de maniobra para ejecutar obras y cubrir sus necesidades presentes.

O sea que, haciendo cuentas, aquellos créditos que contrató Dee Jay le pegarán al bolsillo de seis administraciones siguientes.

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Y hablando no del “cuento de nunca acabar”, sino de “las cuentas de nunca pagar”, hay que echarle un ojo a ese Fideicomiso Carretero que refinanció el gobierno aquel en el año 2013, y que, según se dijo entonces, “no era deuda”.

Ándele pues, como usted diga, nada más que, a once años de aquellas emisiones de bonos carreteros, ya se debe mucho más de lo que se ingresó a la caja a cambio de comprometer los ingresos en las casetas de peaje.

Mire nada más: en agosto del 2013, el Gobierno emitió los certificados con clave de pizarra CHIHCB 13U en la Bolsa Mexicana de Valores, con lo cual se embolsó la nada despreciable cantidad de 11 mil 999 millones 521 mil pesos.

El pago de ese dineral quedaría garantizado con las cuotas de peaje de nueve casetas, lo cual sirvió de argumento a aquella administración para decir que “no era deuda” que porque tenía su propia fuente de apalancamiento.

Sin embargo, al cierre del tercer trimestre del 2023, ese chistecito ya no costaba los 11 mil 999 de diez años atrás, sino 15 mil 949.8 millones de pesos.

O sea que, de 11 mil 999 de hace diez años, subió la cuenta a 3 mil 950 más. Y entonces ¿a dónde se fue el dineral que les pagamos?

Vale decir que esa deuda se emitió en los temibles “UDIS”, que cobran intereses tan altos como si fuera el agiotista del barrio.

La recaudación en las casetas se comporta bien, según lo han indicado las corredurías que evalúan esa emisión. Se recauda lo suficiente para pagar y hasta queda un “clavo” extra.

Eso no quita que, tras diez años de perderle el amor a los dineros de las casetas, de aguantar vara y mal explicarle a la sociedad en qué se gastaban los ingresos que dejaban los automovilistas y transportistas, la deuda creció, en vez de bajar.

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Al interior de la 4T, versión Chihuahua, se está dando un forcejeo por demás curioso entre quienes pretenden atribuirse la paternidad de la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas, en vez de las 48 que está vigente en la actualidad.

Por un lado, la diputada federal juarense, Susana Prieto, ha enarbolado esa bandera desde hace meses, pero acentuó su campaña en pro de reducir las horas de trabajo en fechas recientes.

En particular, la vimos muy activa en redes sociales, declaraciones de prensa e intervenciones en la tribuna de San Lázaro, promoviendo la reforma de marras, a la que presentaba como uno de los proyectos legislativos más importantes en las últimas décadas.

Así lo hizo durante los días cuando había hasta cinco aspirantes a obtener la candidatura de la 4T al Senado de la República por el estado de Chihuahua.

Le tundió duro, la verdad, anduvo por acá y por allá, habló fuerte en sesiones de comisión y hasta trató de azuzar a organizaciones obreras para que le entraran a esa discusión.

Buen intento, ni quién lo discuta, pero no le sirvió para ganar la candidatura, la cual quedó en manos de Andrea Chávez, la diputada federal juarense que se hizo notar por la defensa de la jirafa “Benito”.

Sin embargo, desde el otro lado de la mesa del mismo frente político, la también diputada federal Lily Aguilar Gil ha reclamado la paternidad—o maternidad, según quien la refiera—de ese proyecto a la mismísima Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

¿Y eso, como para qué? Porque afirma que, al interior de ese grupo legislativo, el PT la presentó y la empujó hasta llegar al punto donde está ahora.

Tanta alharaca por una reforma que, si bien goza de aceptación popular, no tiene para cuándo subir al pleno para su votación.

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Los aficionados a la “pelota caliente”, que en Chihuahua se cuentan por cientos de miles, y no es exageración, recibirán pronto una noticia que los pondrá así de felices y contentos.

Y eso ¿por qué?, porque el campo de juego del Estadio Monumental de Chihuahua, sede de los Dorados de la Liga Estatal de Béisbol, pronto contará con pasto artificial en toda su superficie de juego.

El Gobierno del Estado publicó este sábado las bases para otorgar el contrato con el cual se instalarán 10 mil 285 metros cuadrados de pasto artificial, para cubrir tanto el terreno de infield como el outfield y los corredores laterales.

Las bases para competir por ese contrato ya están en la primera colchoneta, pues se pueden adquirir a un costo de mil 255 pesos en la página www.contrataciones.chihuahua.gob.mx

¡Que notición, en verdad, porque la afición que colma el Monumental cada inicio de temporada del Estatal, y no se diga cuando viene el clásico Dorados- Indios, era testigo de cómo el campo de juego, de pasto natural, estaba en calidad de potrero, a grado que infielders hacían verdaderos milagros para atrapar las rolas fuertes al cuadro.

La renovación del campo de juego llegará justo a tiempo para recibir a los Dorados de la Liga Mexicana de Béisbol, que saltarán al campo de juego en la temporada 2024.

Algunos sentirán nostalgia por el pasto natural, otros más, por el viejo estadio “Manuel L. Almanza”, que todavía recibe pelota de la buena de torneos locales, pero eso de contar con pasto artificial sí que suena bien. Así que ¡pelotero, a la bola!