Desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado nos llega la versión de que, en realidad, no ha subido la incidencia delictiva.

Lo que se ha ido para arriba es la denuncia, que antes no se ponía porque no había suficientes herramientas para presentarla, ni confianza en las autoridades para que le diera seguimiento.

El comentario vino al caso por el informe de esa misma Secretaría, enviado a Congreso del Estado, según el cual casi todos los indicadores delictivos han subido, pese a la existencia de la Plataforma Centinela.

Sí ha bajado el delito, nos dicen. Lo que pasa es que parece que hay más, pero se debe a que antes no los denunciaban.

Vamos a ver: El delito de robo, el más frecuente de cuantos se tienen en registro, pasó de 29 mil 888 casos en el 2021, a 32 mil 480 en el 2023, un incremento del 8.6 por ciento entre el primer año de la administración actual y el más reciente.

Aquí vale preguntarse, ¿acaso no se denunciaban antes los robos? Si lo primero que hace una persona cuando ve que su casa está toda revuelta por obra y gracia de los rateros es llamar a la Policía.

El delito que se quedó con el segundo lugar, y que debería motivar más atención de parte de toda la sociedad, es el de violencia familiar. Ahí se pasó de 12 mil 968 casos en el 2021, a 13 mil 165 en el 2023.

¿En verdad, esos casos de más son nuevas denuncias? Si es así, qué poquitas fueron: nada más 197.

Que bueno que la gente tenga ya más elementos para presentar denuncias; ahora falta que todo el aparato del Estado Mexicano se mueva para impartir justicia y que esas denuncias no queden para el papel reciclado.

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El diputado Hiram Hernández Zetina trae una encendida causa, patriotera a más no poder, para tratar de evitar que el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, llegue una vez más al Senado de la República y se envista como legislador federal, con el fuero que ello conlleva.

Con su encendida discursiva, ha acusado al expanista de ser originario “de una potencia extranjera”, o sea, de El Paso, Texas, Estados Unidos. Eso, a decir del joven priista, lo descalifica y, no solo eso, lo coloca en una situación casi de traición a la patria.

La verdad, la verborrea incendiaria del ahora representante del PRI ante el INE trae otros “ayeres”, de cuando César Dee Jay era gobernador, el exlíder nacional de las juventudes priistas era Christopher James Barousse y de cuando Corral la enderezó contra estos dos y contra más de cuarenta personas vinculadas al duartismo.

Aunque nativo de Jalapa, Veracruz, Hernández Zetina hizo su carrera en el estado de Chihuahua, donde fue dirigente de la organización “Chaviza Revolucionaria”, del PRI, entre los años 2011 a 2014. O sea, en el mero esplendor del duartismo.

Luego, ya en el Gobierno de Corral, fue candidato a diputado federal por el 4º distrito, con cabecera en Juárez, allá en el año 2018, cuando la marea morenista barrió con todo lo que oliera o supiera a PRIAN.

Aquella vez quedó en tercer lugar de la votación con el 14.62 por ciento de los votos, correspondiendo el triunfo al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Ulises García Soto.

A diez años de que dejara la “Chaviza revolucionaria” y, en estricto sentido, dejara de ser un “chavo”, ahora quiere formar parte del selecto club de fusileros que tratan de aniquilar, políticamente, a Javier “el brincador”.

Ciertamente, el odio y la antipatía son propios y cada quien responde por esos sentimientos, nada más que en este caso, el señor, ya no tan joven, Hernández Zetina, se puede llevar entre por delante a los cientos de miles de mexicanos que nacieron del otro lado de la frontera, pero que son hijos de padre y madre, o uno de los dos, de México.

Así que, si el día de mañana algún connacional nacido en Caléxico, El Paso o Laredo, no puede ser votado, ya saben a quién ir a darle las gracias.

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Game over. La causa de la comunidad LeBarón para lograr el establecimiento de un Gobierno autónomo, independiente de los del Estado Mexicano, quedó sepultada, y esta vez para siempre.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), emitió un voto unánime en contra de darles esa condición a los LeBarones, quienes deberán mantenerse como sujetos a las autoridades municipales, estatales y federales del país donde nacieron, les guste o no.

Fue este miércoles 13 de marzo cuando el máximo tribunal electoral del país resolvió por unanimidad de votos, declarar improcedente los recursos interpuestos por la comunidad LeBarón.

Esa era la última trinchera que tenían para revertir la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) como la emitida por la Sala Guadalajara que, en un primer momento, dio la razón al TEE.

Los miembros de esa comunidad, que gozan de la doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, promovieron un juicio ante el TEE para  se le declarara como equiparable a un pueblo originario y como consecuencia de ello, poder autogobernarse y autodeterminarse.

Sin embargo, tanto el tribunal local como el federal determinaron que no, no son equiparables a las comunidades de Oaxaca, por citar un ejemplo, que tienen cientos, tal vez miles de años de habitar en ese lugar y de regirse con sus sistemas de usos y costumbres.

Aquí en Chihuahua no hay tal: son nacidos en el estado, con antepasados norteamericanos y beneficiarios de la doble nacionalidad. Nada menos, pero nada más, también.

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la dejó peor, la verdad.

El Congreso del Estado le pidió, decreto de por medio, que le rascara a la caja y quebrara el chochinito, o le hiciera como mejor pudiera, pero que venga y tape todos los baches-cráteres que hay en las carreteras de Chihuahua.

Hasta eso, el legislativo chihuahuense fue muy diligente y atento en la redacción del punto de acuerdo número o. LXVII/PPACU/0675/2023 II D.P., relativo al exhorto para que “realice las medidas necesarias para la conservación, mantenimiento y cuidado de las vías de comunicación generales de jurisdicción federal en el Estado de Chihuahua”.

¡Cuánta amabilidad, deveras! Demasiada para una dependencia que no le ha echado ni pintura negra a “sus” carreteras ubicadas en Chihuahua.

En su respuesta, la SICT informa que su centro Chihuahua, ejecutó programas “para el mantenimiento y conservación de la red carretera federal en el Estado”.

Ahora que nos digan en dónde, porque lo que es la Panamericana, está como para que no la cruce ni Mad Max.

Dice además que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, fueron aprobados 11 mil millones de pesos en el rubro de conservación y mantenimiento carretero, que se distribuirán conforme a las prioridades de cada Estado.

Ese dinero irá a dar a inversión en las carreteras federales libres de peaje. Estamos arreglados, entonces, porque los tramos más dañados están en la Panamericana.

Son 11 mil millones “del águila”, pero no sabemos cuánto le tocará a Chihuahua. Y si el reparto va a ser como el que se hace en otros programas, ya nos podemos enojar porque no nos tocará nada.