Los últimos quince días han sido de terror para Chihuahua, con un brutal recrudecimiento de la violencia que ha dejado muertos y malheridos por todos los puntos cardinales de la entidad.

El domingo 21 de abril, nos topamos con la noticia del hallazgo, a un lado de la carretera Panamericana, de ocho cuerpos sin vida y con brutales huellas de violencia.

Junto a las víctimas se dejó un mensaje escrito en una cartulina que decía “Chihuahua tiene dueño”.

La tanda no ha parado desde aquel día y este fin de semana nos topamos con el asesinato del cantante de la banda de música “H Norteña” junto con su esposa, su hija y su hijo.

En el mismo rumbo, allá por el sur del estado, otra balacera cobró la vida de dos personas jóvenes en el municipio de Valle de Zaragoza, mientras que, en Cuauhtémoc, la llamada “Puerta a la sierra de Chihuahua”, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de tres personas, semidesnudas, en un camino vecinal que lleva al campo menonita número 22.

Todo eso ocurre en un estado que tiene presencia de la Guardia Nacional y un esquema de seguridad cibernética denominado “Plataforma Centinela”, que según la información oficial que se conoce, costará más de 4 mil 700 millones de pesos.

La racha negativa ya traía vuelo, después de que el estado cerrara el primer trimestre con 478 homicidios y mil 382 lesionados, la mayoría de ellos, de forma dolosa, o sea, con toda la mala intención de causar el daño.

Aquí no hay autoridad que se salve, porque ni las Policías Municipales han cumplido con su función de prevenir el delito, ni las Estatales, de combatirlo y las Federales, pues ya ni qué decir con el tema de abatir la presencia de la delincuencia organizada.

Ya no podemos hablar de que se desató la lucha por el control de un cruce fronterizo, porque los disparos de bala se oyeron por todos los rumbos: por Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua o Juárez.

A todos les toca la responsabilidad.

Vale hacerle una nota informativa al presidente AMLO, por aquello de que ayer lunes dijo en su “mañanera” que “no hay más violencia” en su periodo de gobierno.

Que le avisen, por favor, que acá en Chihuahua, la violencia cobró decenas de vidas nada más en una quincena.

Si eso no es una escalada de violencia, entonces qué.

Eso sucede a unas cuantas semanas del proceso electoral que dará por resultado el destino que tomará el país en los próximos seis años, y el del estado para los siguientes tres.

Nada está desconectado, lo uno de lo otro.

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La encuesta de Mitofsky dada a conocer este fin de semana revela algo más que los 10 punto de ventaja que le lleva Morena y partidos que lo acompañan al PRIAN.

De eso que se ocupen y preocupen los que andan detrás del hueso y el voto que se los ponga al alcance.

Lo peor de todo es que, después de horas y horas de propaganda, y de cientos de miles de spots publicitarios, casi la mitad de los encuestados no supo decir exactamente cuándo se celebrará la elección.

De no creerse: después de tanta publicidad y tanta alharaca, solo el 52.1 por ciento sabe con precisión que las elecciones se celebrarán el próximo 2 de junio.

Eso no es todo: un 16.8 por ciento dijo que “en junio”, o sea, un día de estos, y el 2.6, en el año. ¿Cuándo, en Navidad?

Los que de plano no tienen tamaño son los 22.9 que no supieron siquiera que este año habrá elecciones. ¿Pues en dónde han estado metidos todo este tiempo?

Y eso es solo el principio, porque, de los que más o menos saben cuándo habrá elecciones, solo el 43.9 por ciento le atinó a decir que se elegirá “presidente”, y no presidenta, como todo indica.

Del resto de los cargos, hasta ganas dan de llorar: apenas el 30 por ciento supo que se elegirán senadores y más o menos lo mismo supo que votarán por alcaldes, mientras que un 32 por ciento sabe que votará también por diputados.

Por eso, luego la gente no sabe ni quién es su diputado, mucho menos su senador.

Vistas así las cosas, todo indica que no habrá este año una mejora respecto a la participación de la elección presidencial anterior.

En el 2018, votaron en Chihuahua un millón 494 mil 588 electores, según datos del INE. Esto significa que hubo un porcentaje de participación del 54.3 por ciento, bastante decoroso comparado con los bajísimos niveles que vimos en las elecciones del 2021.

Tanto dinero gastado en boletas, materiales electorales, campañas, propaganda, reuniones de consejo y quién sabe cuantos más, para que ni siquiera puedan llevar bien el mensaje a los principales actores de este proceso, que son los electores.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social trató de salir al quite para aclarar el tema de las guarderías subrogadas a particulares y, la verdad, la dejó más revuelta que como estaba.

Mientras las fuerzas políticas del estado se intercambiaban golpes mediáticos sin dar tregua por el tema de la “desaparición” de las guarderías, el IMSS publicó en su cuenta “X” un video en el que simplemente enumeró los beneficios de ese programa.

En ese mensaje, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS nacional, Mauricio Hernández Ávila, habló de la “importancia” de ese programa, que atiende a un cuarto de millón de niños a lo largo y ancho del país.

Bien por el IMSS, pero ahora sí díganos, ¿van o no van las guarderías subrogadas?

Luego, da a conocer una serie de beneficios que reciben las criaturas que se quedan en esas guarderías mientras su madre o se padre se van a trabajar: que están vacunados al 100 por ciento e, incluso, tienen dos vacunas extras; que comen de maravilla y un elevado desempeño educativo.

¡Bravo por el IMSS! ¿Y las subrogadas?

Según el funcionario, las guarderías han recibido un incremento real de más del 30 por ciento a los subsidios que reciben del IMSS, y que cada año se ajustan al alza en función de la inflación y el aumento al salario mínimo.

Todo bien, pero solo faltó salir a aclarar el dime y direte que se traen acá en Chihuahua, donde el PRIAN dice que el Gobierno federal “cerrará” las guarderías subrogadas y la 4T le echa la culpa a la Secretaría de Hacienda estatal.

Tan fácil que es decir que el servicio de guardería es un derecho constitucional que no se puede quitar por decisión administrativa de una dependencia, en este caso, el Seguro Social.

Les queda poco, acaso unas horas, para salir a aclarar el punto y evitar que esto se convierta en un jugoso tema de campaña electoral.

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¡Ay, campaña, no te acabes!

El candidato de Morena y “resto de la 4T”, Miguel La Torre, hizo público un supuesto acto de corrupción cometido en la administración de Marquito Bonilla, por más de 7.5 millones de pesos.

¿En qué consiste? Nada, que la directora del Instituto Municipal de Planeación, Implan, Alondra Martínez Ayón se asignó de contratos a sí misma.

Según la denuncia, es copropietaria de la empresa Caduma, la cual recibió contratos directos por la cantidad antes mencionada, de parte del Implan, justo cuando estaba ella al frente de ese organismo.

Si el caso es tan evidente, como lo presentó el expanista metido ahora a morenista, no se explica uno por qué diantres no lo encontró ni la Sindicatura municipal, ni el Órgano interno de Control, como tampoco la Auditoría Superior del Estado.

¡Tanto filtro que hay hoy en día para detectar operaciones como esa, y que nadie se haya dado cuenta!

Una de dos: o de plano les faltan lentes a cada una de las personas que participaron en la revisión a la cuenta pública del Implan, o le dieron vuelta a la página e hicieron como que no vieron.

Porque, por mucho menos hay gente metida en problemas y enfrentada ahora mismo con la autoridad, litigios penales de por medio, y nadie dice nada.

Si pasó por tanto filtro y nadie encendió el foco rojo, es del todo probable que así se hubiera quedado.

Y no es que se le dé la razón al denunciante, pero al menos la funcionaria, en su doble papel de proveedora, debió ser llamada a cuentas para que solventara esa observación.

Así habría quedado todo, con una gruesa capa de hielo encima, de no haber sido porque hay campañas electorales y que el rival del alcalde en funciones es un excompañero de partido, ganoso como anda de cobrar cuentas viejas.

Por eso decimos: que se sigan en campaña y continúen “fiscalizando” el gasto público, pero ahora, que nos traigan de la oreja a los auditores que no hacen su trabajo como debe ser.