Lo que reveló este miércoles la gobernadora Maru Campos es de tal trascendencia que podría cambiar radicalmente el curso de prácticamente todas las investigaciones por casos presuntos de corrupción ocurridos durante la administración de César Dee Jay.
Así, como se lee: de convertirse en verdad jurídica lo dicho por la mandataria, acaso las 47 personas sujetas a proceso como consecuencia de aquella “Operación Justicia para Chihuahua”, podrían recibir el auto de libertad.
En entrevista colectiva, Maru Campos informó que su Gobierno tiene evidencia de al menos 13 casos de tortura, cometidos durante la gestión de Corral y en contra de funcionarios duartistas, con el único fin de arrancarles declaraciones que inculparan a otros miembros de aquella administración que encabezó el exmandatario que actualmente está recluido en el Cereso 1 de San Guillermo.
Ante medios de comunicación, aseguró que ya tiene acreditados los casos de tortura, mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, que el Gobierno corralista aplicaba en contra de “sus enemigos políticos” para poder vincularlos a proceso y girarles órdenes de aprehensión.
Otra vez, vale repetirlo: de convertirse en verdad jurídica, podrían caerse una gran parte de los procesos, si no es que todos, que se emprendieron contra personajes del duartato. Fuentes allegadas a algunos de esos casos de presunta tortura nos comentan que, en efecto, los testimonios de algunos de los presuntos torturados forman parte de otras carpetas de investigación, de tal forma que, si se confirman las acusaciones contra los exoperadores del Gobierno corralista y, más en específico, contra el exzar anticorrupción, Francisco “Panchito” González Arredondo, “se cae todo”, nos dicen.
Lo que sigue ahora es que, si el Gobierno actual tiene –como dice la gobernadora– “acreditada” toda esa acción, es que proceda de inmediato.
Y ya no solo por el impacto en otros casos, sino para actuar contra los presuntos torturadores.
Aquí solo queda hacer dos preguntas: si ya tienen la evidencia, ¿por qué no han actuado? Y la otra: si tienen esa evidencia, ¿por qué no les han echado el guante a los presuntos torturadores?
Otra más: si no hubo corruptos y solo víctimas de tortura, ¿quién entonces se llevó el dinero que faltaba en las cajas del Gobierno del Estado? Porque, hasta eso, nadie lo ha negado.
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La designación de la terna para elegir presidente –sí, en masculino– de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cabe perfectamente bien en los supuestos de violación a la norma establecida que planteó la asociación civil que presentó una demanda de juicio de amparo en contra de todo ese procedimiento.
En primer término, de las tres personas seleccionadas hasta ahora, a saber: Javier González Mocken, Zulay Abbud y Gildardo Félix, las dos primeras acaban de competir por cargos de elección popular.
El primero, Javier González Mocken, como ya lo hemos comentado en este efusivo espacio, ha sido candidato a presidente municipal de Juárez nada más y nada menos que en tres ocasiones, y por tres signos partidistas distintos.
La primera fue en el 2013, si bien en calidad de suplente, por las siglas del PRI, en fórmula con Enrique Serrano, quien a la postre ganó la alcaldía. Luego, se quedó de titular cuando Serrano se fue a buscar la gubernatura del estado, misma que no consiguió, por haber perdido contra Javier Corral.
Luego, en el 2018 fue candidato, otra vez para Juárez, pero ahora por Morena, y perdió, y en el 2021 repitió, pero volvió a perder, ahora con las siglas del PAN.
De Zulay Abbud, apenas el 2021 fue candidata a diputada por el XI Distrito local con cabecera en Juárez, postulada por el partido Redes Sociales Progresistas, actualmente sin registro.
En aquella contienda, obtuvo 357 boletas a su favor, cifra que no representó ni el 1 por ciento del total de la votación.
¿Y la autonomía e independencia de signos partidistas? Bien, gracias.
Eso no es todo: si esta última no es electa, bien se les puede aplicar la misma vara de medir que a otros que ahora la traen de malas por aquello de no contemplar los principios de respeto y equidad de género, porque, ¿otra vez un varón al frente de la CEDH? ¿Por qué, de tres aspirantes, solo una es mujer?
Por lo demás, está la demanda de amparo interpuesta por la agrupación de la sociedad civil Consolidando Corazones A.C., la cual ha señalado que, de los 28 aspirantes admitidos por la Jucopo, 13 no cumplían con el requisito de contar con experiencia probada en la defensoría de los derechos humanos.
De las tres personas que quedaron después de la “eliminatoria” de la Jucopo, González Mocken es el único impugnado en el amparo antes mencionado, pues considera la parte quejosa que no documentó tener una experiencia de cinco años en funciones derechohumanistas.
Hasta eso, Gildardo Félix y Zulay Abbud no están en esa “lista negra” de los 13 que no completan el listado de requisitos, pues ambos han documentado su actuación en funciones propias de defensoría y promoción de los derechos humanos.
Pero, para la de malas, las agujas de la brújula no apuntan ni hacia él ni hacia ella. Todo parece encaminado para que sea el excandidato multicolor el que quede al frente de la Comisión que ahora preside el defenestrado Néstor Armendáriz.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le pegó un tremendo batazo de jonrón a la intentona del PRI, de inhabilitar al exgobernador y ahora candidato –¡oooootra vez!– al Senado de la República, Javier Corral Jurado, nada más por haber nacido en los Estados Unidos de América.
Era una de las últimas escaramuzas que tenía el tricolor para impedir que uno de sus más abominados rivales se cubriera con el manto del fuero constitucional por espacio de seis años, a lo menos.
Eso, dirían los prianistas, le va solo a Cabeza de Vaca y a Ricardo Anaya.
Más allá de si el fallo le abre la puerta de la Cámara Alta al cada día más polémico político chihuahuense, y de si este ganó una batalla más en su larga carrera como candidato a algún cargo parlamentario, está el sentido del dictamen que presentó el ministro ponente, Felipe Fuentes Barrera.
Al proponer la votación en contra del recurso de priista, Fuentes Barrera consideró que la doble nacionalidad no es un impedimento para la postularse para un cargo de elección popular.
Tal era el caso de Corral, quien nació en El Paso, Texas, el 2 de agosto de 1966, pero es hijo de Roberto Corral Sáenz y Socorro Jurado Ríos, ambos mexicanos.
Ese solo hecho le permite registrarse ante el órgano electoral y salir a pedir el voto. Por cierto, también le da derecho a votar.
Lo de menos es si el ahora miembro del equipo de Claudia Sheinbaum llega o no por tercera vez al Senado, o si lo cubre, una vez más, el fuero constitucional.
Aquí lo trascendente es que el máximo tribunal electoral del país ya dejó un precedente de que las personas nacidas en el extranjero, pero de padre o madre de nacionalidad mexicana –o ambos, como es el caso de Corral– pueden aspirar a un cargo público.
Son mexicanas y mexicanos, pues.
El expanista tiene dos claves de CURP, la COJJ660802HCHRRV02, y la COJJ660802HNERRVO3. Ambas dicen prácticamente lo mismo, salvo que en la primera están anotados con nombre y apellidos completos su padre y su madre.
Con esas claves ha buscado tres senadurías, tres diputaciones federales, una local y dos veces la gubernatura del estado. Si así va a estar la regla, que sea igual para todos los miles de mexicanos nacidos en los “Yunaites” que quieran buscar el favor del voto.
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Ayer les hablábamos de cómo anda de cerrada la contienda por las nueve diputaciones federales de mayoría que le tocan a Chihuahua, y de que casi hay un empate, con cuatro “amarradas” para Morena, cuatro para el PRIAN y una más en competencia “parejera”.
Pues bien, el tira-tira por el Senado de la República está igual de interesante, por decirlo de alguna manera.
La encuestadora Rubrum publicó una serie de resultados de encuestas levantadas en todo el país sobre tendencias de votación en las elecciones de senadores, en Chihuahua, parece que la competencia está más cerrada de lo esperado.
El frente Fuerza y Corazón por México, que coaliga al PRI, al PAN y al PRD, tiene un 42.3 por ciento de intenciones de voto, mientras que Morena, PT y PVEM tienen el 40.3 por ciento.
Si se toma en cuenta el margen de error, que es de 3.5 por ciento, según la nota metodológica de la encuestadora, habría prácticamente un empate técnico entre las fórmulas prianistas y cuatro té.
Lo interesante del caso es que el 13.7 por ciento respondió que aún no ha definido el sentido de su voto, por lo que ese segmento de indecisos podría inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, o bien, dejarla igual de apretada.
De MC, nada más el testimonio: trae el 3.7 por ciento de intenciones.
La plantilla completa de resultados bien merece una lectura detenida, pues indica que el frente opositor a la 4T retendría la mayoría en casi todos los estados donde gobierna, en casi…
En Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Yucatán tendrían un triunfo por amplio margen, mientras que, en Chihuahua, como ya lo indicamos, quedaría en final de fotografía, mientras que en Durango la perdería el frente PRIAN, pese a que gobiernan desde el 2021.
Una vez más, vale reiterarlo: son casas encuestadoras y no adivinas, así que, tómelo como un buen sazonador para el ambiente político actual, pero el resultado lo sabremos hasta la noche del 2 de junio.