Los tiempos políticos han entrampado el caso de Francisco “Panchito” Gee Ay, el exfiscal Anticorrupción en el Gobierno de Javier Corral, que ahora enfrenta acusaciones por presuntos actos de tortura y tratos crueles contra sus propios testigos protegidos.

Nos cuentan que, desde diciembre del 2022, cuando la justicia federal atrajo el caso, las audiencias se han ido postergando de una a una, a modo que en este año ya van tres veces que le cambian la fecha.

El pasado 11 de marzo se debió celebrar la dichosa “audiencia intermedia”, pero la volvieron a aplazar. Y decimos que “la volvieron”, porque ya van dos veces en lo que va del año.

Los promotores de la demanda: cinco personas que son a la vez indiciados por presuntos actos de corrupción y testigos “protegidos”, temen que el sistema judicial nada más le esté dando patadas al bote para mandar la audiencia hasta después del 2 de junio.

Como ya se imaginaba todo el mundo, este caso, igual que el resto de cuantos tengan que ver con temas de corrupción, se van a ir alargando hasta que el clima electoral se despeje y quede en claro quiénes nos van a gobernar durante los próximos tres años.

El detalle es que, de ese caso, están colgados otras decenas más, pues de ahí surgieron testimonios que sirvieron para integrar carpetas de investigación en contra de diversos personajes vinculados al Gobierno de César Dee Jay.

Esto significa que, en el supuesto de que el juez federal de la causa falle en favor de los denunciantes y en contra de Panchito, el resto de las causas podrían quedar endebles, en el mejor de los casos.

Visto desde otro ángulo, si el exfiscal corralista sale bien librado, aquellos testimonios quedarán en firme y las demandas en cuestión quedarán igual de sólidas.

Pero para qué hacer todo ese tipo de conjeturas, si solo faltan dos meses y fracción para que se celebren las elecciones “más grandes en la historia de México”.

¡A que no sacan ese y otros asuntos antes de esa fecha!

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Antes de irse, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, le dejó un “regalito” a la Secretaría de Educación y Deporte del Congreso del Estado: la Recomendación No. CEDH: 5s.1.002/2024, dirigida a la titular de esa dependencia, Sandra Elena Gutiérrez Fierro.

El caso se refiere a la agresión que sufrió un niño de jardín de niños de Camargo, cuya maestra, empleada de la Secretaría de Educación y Deporte, le asestó una tremenda cachetada, con tal fuerza que hasta el cachete le dejó colorado, según lo dice la parte afectada.

La CEDH recomendó que se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, el procedimiento administrativo que corresponda, en contra de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Educación y Deporte, involucradas en los hechos que produjeron la presente queja.

Si bien no piden que le devuelvan la cachetada, sí que le pongan un “tate quieta” a la maestra que le dio el golpe a su educando.

Para la CEDH, se presentaron suficientes evidencias para concluir que había elementos suficientes que le daban sustento a las quejas de la madre del niño agredido.

La quejosa indicó que los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2023, cuando la maestra en cuestión, cuyo nombre quedó bajo reserva, le dio una “cachetada bastante fuerte” a su hijo, “dejando el cachete suficientemente rojo”. Y todo, que porque su hijo no terminó un trabajo que le puso la maestra.

Lo peor del caso es que no era la primera vez, pues a decir del pequeño agredido, ya iban cero y van cuantas veces que le daba su respectiva cachetada, pero el jovencito no se aventó a decírselo a su mamá sino hasta que el morete ya estaba demasiado visible.

La recomendación llega en un momento en el que la Secretaría de Educación y Deporte está en el ojo del huracán, por la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que le piden que se disculpe públicamente por no haber distribuido los libros de texto gratuitos en tiempo y forma, al inicio del ciclo escolar en curso.

O sea que una pinta más al tigre.

Estuvo bueno el “presentito” que dejó el aún presidente de la CEDH, quien ya no se presentó a una reelección –a la que tenía derecho– tras la andanada de críticas que recibió desde el Palacio de Gobierno y la Torre Legislativa.

Fue algo así como “ya me voy, pero ahí se los dejo de tarea”.

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Ese Congreso de Chihuahua tiene para todos, hasta para una aerolínea que ni vuelos tiene en ciudades del estado.

Tras un largo, intenso y a ratos extenuante debate, el Congreso aprobó por mayoría de votos –ya saben, los del PRIAN– un exhorto al Ejecutivo Federal para que realice una “objetiva evaluación y medición” a la Aerolínea Mexicana de Aviación.

Y, claro, si esa “objetiva evaluación” da con que no tiene viabilidad para los mercados financieros, contemple su desaparición.

¡Ah, qué legislativo este! ¿Qué no han visto lo que les contestan cuando mandan sus dichosos exhortos a las instancias federales? Auténticas bateadas de jonrón, y en esta ocasión, seguro que no será la excepción.

No obstante, se aventaron casi una hora de debate, en torno a una aerolínea que renació en el actual período de gobierno.

El punto de acuerdo señala que es preocupante que el Gobierno federal gaste en comprar 20 nuevos aviones para su flota, cuando el mundo enfrenta una situación económica de incertidumbre.

La empresa Olmeca-Maya-Mexica o Mexicana de Aviación es la heredera de aquella “Compañía Mexicana de Aviación”, considerada la primera en su tipo en todo el país, fundada en el año 1921, y que cerró sus puertas en el 2010, en medio de una severa crisis financiera.

Duro y tupido el debate, como ya es costumbre cada que se toca un tema de la 4T e, igual que siempre, después de tandas y tandas de oradores, el bloque PRIAN-MC acaba por echar encima su abrumadora mayoría y aprueba uno de esos puntos de acuerdo que derivan en respuestas que suenan a tambor destemplado.

Tiempo legislativo tirado, la verdad, digno de mejor causa. Como si no hubiera trabajo pendiente, ni leyes y artículos que ya requieren de una reforma de fondo.

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Bonita película de terror la que nos mandó el Inegi a propósito del Día Mundial del Agua.

Resulta que, en todo el país, la sequía fue la principal causa de pérdida de unidades de producción y, por lo tanto, en la obtención de una pobre cosecha de alimentos en todas las entidades.

Tabasco, el estado del sureste que recibe más lluvia que los estados del norte, fue el único donde la inundación fue la principal causa de pérdidas de unidades productivas agropecuarias.

En Chihuahua, el 70 por ciento de las pérdidas se debieron a la sequía, y solo el 25 por ciento a inundaciones.

Aquí vale aclarar que el Inegi elaboró su estudio con datos del 2022, cuando hubo buenos aguaceros y algunas presas se colmaron al grado de verter agua hacia sus cauces.

Falta ver cómo nos fue en el 2023, cuando no cayó agua ni para ensuciar el auto.

Lo peor del caso, hablando de Chihuahua, es que la inmensa mayoría de las zonas de riego –el 79 por ciento– todavía utilizan el sistema de gravedad, que es el que más pérdidas produce, ya sea por derrame o por evaporación.

Apenas el 22.5 por ciento usa el riego de aspersión y el 9.9 el de goteo, al que se le considera de los más eficientes de cuantos existen en la actualidad.

Así que ya los sabemos: la sequía afectó nuestra producción agrícola, pero también, el mal uso del agua y la poca tecnificación de los sistemas de riego.

A ver cómo le hacemos en este año que se vislumbra caluroso y con poca lluvia.