Desde el inicio, Barrio marcó un estilo personal de gobernar, sin dejar de lado los principios del panismo tradicional que lo habían llevado al poder.
Aquel 4 de octubre de 1992 no solo inició el primer Gobierno panista en Chihuahua, sino también el primer Congreso del Estado dominado por el PAN, con una amplia ventaja obtenida gracias a una reforma que el PRI había aprobado años atrás.
Con ese respaldo parlamentario, el primer gobernador panista emprendió una campaña de combate a la corrupción basada en la revisión de las cuentas públicas de las administraciones priistas que acababan de concluir, incluida la de su antecesor, Fernando Baeza.
Exalcaldes y exfuncionarios estatales pasaron uno a uno a sentarse en el banquillo de los acusados como probables responsables de actos de corrupción y, de manera mediática, el nombre de Fernando Baeza comenzó a manejarse como el siguiente en ser enjuiciado.
Fue entonces cuando el exgobernador priista emprendió una movilización que llamó “Marcha de la dignidad”: una caminata que partió de Delicias, su ciudad natal, y que congregó a cientos de priistas aún dolidos por la derrota de 1992.
“¡A mí nadie me llama ladrón!”, exclamó Baeza ante miembros del Congreso panista, durante una visita sorpresiva a las oficinas del Poder Legislativo, que entonces se encontraban en el Palacio de Gobierno.
La campaña anticorrupción nunca alcanzó al exgobernador priista, pero sí marcó un antes y un después en materia de rendición de cuentas y en la actuación de los órganos de fiscalización en el estado.
Del cambio a la confrontación
En los primeros meses del ya histórico 1993, primer año completo de gobierno panista, Barrio llevó a cabo algunas de las acciones más controvertidas de su gestión: la toma de las instalaciones del periódico Vanguardia, en la ciudad de Chihuahua, y el cierre de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar (ESAHE), en Ciudad Juárez.
Para sectores del llamado círculo rojo y de la comunidad en general, estas decisiones anticipaban un gobierno de corte autoritario y con escaso margen para el reclamo social.
Ese mismo año inició una confrontación con el sector magisterial, tras detectar decenas de personas en la nómina educativa que no existían o que eran familiares de dirigentes sindicales.
El roce entre el incipiente Gobierno panista y el magisterio sindicalizado se prolongaría durante buena parte de la primera mitad del sexenio y tendría consecuencias electorales adversas para el panismo… y para el propio Barrio.
También en 1993 comenzó en Ciudad Juárez un movimiento social que demandaba el esclarecimiento de decenas –si no es que cientos– de muertes violentas de mujeres, así como la búsqueda de muchas más que permanecían registradas como desaparecidas.
El Gobierno de Barrio dio al fenómeno un tratamiento que, en el mejor de los casos, las organizaciones sociales calificaron como desdeñoso y de escasos resultados en el esclarecimiento de los hechos.
De ese modo, el término “Las muertas de Juárez”, que englobaba un problema de violencia de género que en realidad se extendía a otros municipios del estado, quedó asociado de manera indeleble a la gestión de Barrio.
La crisis que lo cambió todo
En paralelo, el Gobierno barrista impulsó una profunda reforma administrativa basada en modelos aplicados en el sector privado: la llamada “calidad total”.
Uno de los logros más visibles de esa innovación fue el cambio de procedimientos en los trámites de ventanilla, entre ellos la expedición de actas de nacimiento en cuestión de segundos, uno de los avances más notorios de aquella administración.
La crisis política y económica de 1994 irradiaría sus efectos a todo el territorio nacional y el Gobierno de Barrio no fue ajeno a sus embates.
Desde el alzamiento zapatista del 1 de enero, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo y el del presidente de la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre, los acontecimientos sacudieron a la clase política nacional y, por consiguiente, a la del estado.
Sin embargo, el golpe mayor estaba por llegar. En diciembre de 1994 estalló una de las crisis financieras más severas y de mayores consecuencias en la historia moderna del país, que quebrantó las finanzas públicas del Estado mexicano y de miles de empresas. A ese episodio se le conocería como “el error de diciembre”.
En plena debacle económica nacional, el Gobierno estatal impulsó reformas administrativas y medidas de control del gasto que no contemplaban ningún programa contracíclico para revertir el daño provocado por la devaluación de diciembre de 1994.
La política de austeridad también generó tensiones con distintos sectores sociales, al traducirse en recortes, conflictos laborales y una limitada expansión del gasto público en áreas como infraestructura y desarrollo social.
El escenario quedó así dispuesto para que el PAN perdiera las elecciones de medio término de 1995, dando lugar a un hecho inédito hasta entonces: un Poder Ejecutivo encabezado por un partido y un Poder Legislativo dominado por otro.
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