Un total de 111 personas privadas de la libertad en los distintos centros penitenciarios del estado de Chihuahua podrían acceder al beneficio de la Ley de Indulto, recientemente aprobada por el Congreso del Estado, informó Ricardo Fernández Acosta, titular del Sistema Penitenciario estatal.
El funcionario explicó que la nueva ley está orientada principalmente a personas adultas mayores, cuya permanencia en prisión representa más un problema humanitario que de seguridad, y que podrían continuar su vida en libertad bajo determinadas condiciones.
“La Ley de Indulto es para beneficiar a personas de la tercera edad, gente que realmente representa más un problema estando confinada que en su casa. La idea es tratar de apoyar a toda esa gente que, de una u otra forma, necesita más respaldo en su hogar”, señaló Fernández Acosta.
De acuerdo con el diagnóstico del Sistema Penitenciario, unas 30 mujeres y el resto hombres, en su mayoría mayores de 60 años, podrían apegarse al beneficio legal.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el sistema penitenciario de Chihuahua tiene más de 9 mil personas recluidas en alguno de sus 11 penales o centros de reinserción social.
Fernández Acosta precisó que se conformará un grupo de especialistas encargado de analizar cada caso de manera individual para determinar quiénes cumplen los requisitos establecidos.
“Se tiene que hacer un grupo para analizar cada uno de los casos. Será un grupo de especialistas el que deberá tomar una determinación sobre quiénes pueden apegarse a ese beneficio”, explicó.
La Ley de Indulto fue aprobada por el Congreso local con el propósito de otorgar perdón gubernamental a personas sentenciadas que cumplan con criterios de edad, estado de salud o condiciones especiales de vulnerabilidad.
Con esta medida, el G
obierno estatal busca reducir la sobrepoblación en los penales y, al mismo tiempo, dar un trato más humano a quienes ya no representan un riesgo para la sociedad.
