Los senadores estadounidenses Ted Cruz y John Cornyn presentaron una iniciativa para imponer sanciones al Gobierno de México por el presunto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula el reparto de recursos hídricos entre ambos países.
La propuesta, denominada “Ley para Garantizar el Suministro Predecible y Confiable de Agua de 2025” (Ensuring Predictable and Reliable Water Deliveries Act of 2025), responsabiliza a México por no cumplir con sus obligaciones de entrega de agua a Estados Unidos conforme al tratado.
El acuerdo internacional establece que México debe aportar 350 mil acres-pie de agua por año durante un ciclo de cinco años, equivalente a 431 millones de metros cúbicos anuales, para un total de 2 mil 157 millones de metros cúbicos por ciclo.

De aprobarse la iniciativa, el secretario de Estado estadounidense tendría que presentar al Congreso un informe anual que evalúe las entregas mexicanas. Además, facultaría al presidente de Estados Unidos para negar solicitudes de agua no contempladas en el tratado y restringir la cooperación bilateral en ciertos ámbitos, salvo en casos de emergencia ecológica o humanitaria.
El senador Ted Cruz, representante por Texas, afirmó que “México ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones bajo el Tratado de Aguas de 1944”, y acusó al gobierno mexicano de “aprovecharse de la estructura del tratado para posponer sus entregas”, lo que calificó como “catastrófico para los agricultores y ganaderos texanos”.
En ese estado, productores agropecuarios han expresado su inconformidad ante la escasez del recurso hídrico, que atribuyen al retraso mexicano. La propuesta de Cruz y Cornyn busca que la relación bilateral se base en la “regla del cumplimiento”.
¿Quiénes son Ted Cruz y John Cornyn?
Ambos senadores republicanos representan al estado de Texas, uno de los más afectados por la escasez de agua en la frontera con México.
Ted Cruz, de origen cubano, es senador desde 2013 y se ha posicionado como una de las voces más conservadoras del Partido Republicano, conocido por su firme postura en temas migratorios, energéticos y de seguridad fronteriza. Fue precandidato presidencial en 2016 y mantiene una línea crítica hacia la administración demócrata y las políticas de cooperación con México.


John Cornyn, por su parte, es senador desde 2002 y figura como uno de los políticos más influyentes dentro del Senado estadounidense. Fue líder de la bancada republicana y mantiene estrechos vínculos con el sector agrícola y ganadero texano, especialmente en el sur del estado, donde la falta de agua del río Bravo ha generado conflictos recurrentes.
Ambos impulsan desde hace años medidas más estrictas para garantizar que México cumpla con los volúmenes de agua pactados en 1944, un tema que periódicamente se convierte en bandera política en Texas.
“Debo, no niego, agua no tengo”
La obligación de México de aportar agua al río Bravo ha sido motivo de tensiones diplomáticas y conflictos internos, como el ocurrido en 2021, cuando el gobierno federal y productores agrícolas del sureste de Chihuahua se enfrentaron por el control de las presas del Distrito de Riego 05, con un saldo fatal.
Tanto el Gobierno Federal como el del Estado de Chihuahua, junto con diversos actores políticos, coinciden en un punto: no se puede obligar a Chihuahua a pagar con agua que no tiene.
Autoridades y productores sostienen que la prolongada sequía que afectó al estado hasta el primer semestre de 2025 dejó las presas del Distrito 05 con mínimos históricos, imposibilitando no solo el cumplimiento del tratado, sino también la continuidad del ciclo agrícola local.

En abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el retraso en las entregas de agua y anunció una aportación inmediata para compensar parte del déficit con Texas. El Gobierno Federal ha señalado que explora alternativas técnicas y diplomáticas para cumplir el acuerdo sin afectar el consumo humano ni agrícola.
A nivel estatal, la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN) ha reiterado que “el agua de las presas de Chihuahua es de los chihuahuenses”, postura respaldada por legisladores de su partido.
El senador Mario Vázquez Robles, también panista, recordó el tema durante su informe legislativo del 8 de noviembre, al subrayar que “no se debe dejar a Chihuahua sin agua para cumplir con los términos del tratado”.
Otros estados fronterizos han expresado preocupaciones similares, argumentando que la sequía y el estrés hídrico en el norte del país dificultan cumplir con los volúmenes pactados, una postura que el Gobierno mexicano sostiene ante las presiones diplomáticas de Washington.
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