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ASE

La auditoría especial forense practicada al Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua en el que se abordó la adjudicación directa de la obra “La golondrina y el príncipe”, permanece en “revisión” de acuerdo al portal oficial de la Auditoría Superior del Estado. 

La ASE inició esta auditoría para verificar el procedimiento de contratación ICM-JUR-18/2022 por un monto de 34 millones 800 mil pesos, por posibles conductas irregulares denunciadas entre el ente fiscalizado y la empresa denominada AEFE, S.A. de C.V.

La auditoría notificó 3 hallazgos al ICM, la primera que realizó cambios en el convenio modificatorio sin autorización expresa del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, el cual inicialmente era la” Plaza del Ángel” y se cambió al denominado “Parque el Palomar”. 

La segunda observación se hizo por la falta de evidencia de publicación en el Portal de Internet del ICM y en la Plataforma Nacional de Transparencia del contrato y convenio modificatorio, situación que, aunque trató de ser justificada por el Instituto por la “migración de la web oficial”, quedó como no aclarada para la auditoría. 

La observación 3, se hizo porque el registro contable estaba en una cuenta distinta a la establecida en la normatividad aplicable, es decir, el ICM registró la cantidad de 17 millones 400 mil pesos por el recurso recibido de Gobierno del Estado en una subcuenta contable 4221-2 denominándola “Transferencias Extraordinarias”, perteneciente a la cuenta “4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones”, debiendo registrarse en la cuenta “4.2.1.3 Convenios”. 

En este sentido, la ASE solo pidió que se asegure que invariablemente se registren las operaciones financieras en apego a lo dispuesto en el denominado “Plan de Cuentas” del Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Además de asegurar que en lo subsecuente se difundan de manera permanente la información de sus contratos y convenios modificatorios en su portal de internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Y presentar una acción Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el órgano Interno de Control sancione por las posibles irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, suscribieron el convenio modificatorio ICM-CONV-MODIF-01/2022, por no contar con la aprobación del comité. 

Sobre los pagos, el monto no licitado de la obra y las denuncias señaladas por artistas, promotores y activistas culturales, no hubo ninguna observación, por lo que en términos del artículo 40 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, durante la ejecución de la revisión no se impusieron multas, ni se encontraron datos relevantes. 

Protestan artistas en Chihuahua contra “La golondrina y su príncipe”

Cabe señalar que la empresa reportó que se llevaron a cabo 12 funciones del 11 de noviembre al 4 de diciembre de 2020, con una duración aproximada de 2 horas con 15 minutos cada una, “siendo un evento nunca antes visto con un escenario “, con 70 bailarines y actores en escena, en su mayoría talento local, 25 temas interpretados por solistas y aproximadamente  50 mil  asistentes en el total de las presentaciones. 

Cierra “La golondrina y su príncipe” presentaciones con transmisión en vivo

La ASE informó que también realizó inspección física al mobiliario adquirido, el cual se encuentra en desuso  “desmontado y almacenado” en la bodega y oficinas del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, el Centro Cultural Quinta Carolina, en espacios de la Secretaría de Cultura ubicados en las colonias Ávalos y Centro. 

Cuestionan destino de escenografía de “La golondrina y su príncipe”

En su informe de Auditoría Forense a la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior del Estado realizó 18 observaciones al Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Chihuahua, de las cuales emitió 16 recomendaciones y sugirió 2 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Entre las observaciones destaca que Expo Chihuahua realizó descuentos por concepto de arrendamiento de sus instalaciones, superiores al 30%, o sin acreditar ser microempresarios y sin autorización de la Dirección General. 

Los de mayor descuento fueron Cámara Nacional de la Industria de Transformación del 30-52 por ciento; Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. con 45%; Sección 42 del SNTE con el 70 por ciento.

Mientras que en la lista de los descuentos otorgados a quienes no son microempresarios, destaca Jabil Cirtuit de Chihuahua con el 17%; Partido Acción Nacional con el 10-15 por ciento; Electrical Wire Expo, S. de R.L. de C.V. con el 31%; Service Zone, S. de R.L. de C.V con el 10% y Marlene Ariana Esparza Gámez con descuento del 10 al 36 por ciento. 

“No se debe de olvidar el hecho de que la Pandemia Covid 19 vigente de manera latente en ese momento, hacía que el mismo Centro tuviera que ofertar sus  servicios de una manera más competente, por lo que en múltiples situaciones se autorizaron los descuentos respectivos”, justificó Expo Chihuahua a la ASE. 

Incumple con la Transparencia

A pesar de que es sujeto obligado, Expo Chihuahua no está inscrito en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y para la cual justificó el 7 de diciembre del año en curso, que se encuentra en análisis del Consejo Directivo, en espera de que considere viable se realice el registro respectivo. 

La ASE reveló que hubo inconsistencias en la asistencia de los miembros a las Sesiones del Consejo Directivo, ya que María Angélica Granados Trespalacios, Carlos Aguilar García y José de Jesús Granillo Vázquez mandaron suplentes no designados, los cuales votaron sin cumplir el reglamento del Consejo, por lo que se les pidió modificar o corregir procesos para su debido desempeño. 

Otro detalle que preocupó a la Auditoría Superior del Estado, fue que Expo Chihuahua no contaba con la evidencia de haber recibido copia de la contratación de seguros por parte de los organizadores, ni la autorización de Protección Civil y Profeco, tal y como lo establece el Reglamento de Uso de Expo Chihuahua, apartado D, Seguros y Licencias. 

No obstante, y aunque presentó evidencia en la tabla se observa que el propio Municipio de Chihuahua, Partido Acción Nacional, Universidad Autónoma de Chihuahua, Cámara Nacional de la Industria de Transformación y Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C., no presentaron los permisos. 

Contratos modificados y no presupuestados

La Auditoría también conminó a la entidad fiscalizada a cumplir con la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, ya que fue omisa en llevar a cabo una adecuada programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto en proyectos de inversión como el recarpeteo asfáltico del mismo. 

Asimismo, Expo Chihuahua contrató a Angar Legal, S.C, y sin que se cuente con evidencia de los trabajos realizados por el prestador de servicios por la cantidad de un millón 222 mil 800 pesos por el concepto de servicios legales para la baja del padrón del impuesto predial de los inmuebles propiedad del Fideicomiso Expo Chihuahua.

Por lo anterior, se promovieron dos acciones de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, ya que no se justifica la base para la determinación de los honorarios y que la contratación de los servicios profesionales haya sido bajo las mejores condiciones presupuestales. 

Inconsistencias en contratos y conflictos de interés

De igual manera, se observó que hubo Inconsistencias en la contratación del Director General para la prestación de servicios profesionales de consultoría en alta dirección empresarial y que otorgó un “Contrato de Mutuo con Interés” por $100,000.00 M.N., a prestador de servicios profesionales, sin que esta erogación se encuentre debidamente autorizada y alineada al objeto del Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, A.C.

Aunado a lo expuesto, se identificó una “posible” contravención al Código de Conducta y Ética, al revisar los pagos efectuados a Angelica de los Ríos González por la prestación de servicios profesionales; esto por conflicto de intereses, al ser cónyuge de Gerardo Aviña Martínez, Gerente Administrativo de Expo Chihuahua y responsable de la autorización de los pagos de la prestadora de servicios antes mencionada. 

La Entidad Fiscalizada también incumplió con elementos en los contratos celebrados con prestadores de servicios, al no señalar el importe total a pagar en los contratos celebrados, Expo Chihuahua argumentó que fueron pagados con ingresos propios de la Asociación Civil no del Fideicomiso Estatal. 

Empero, la ASE identificó que en una misma cuenta bancaria se reciben las transferencias del fideicomiso, así como los ingresos propios, por lo que no fue posible identificar el origen de los recursos erogados. 

Y por último, la observación 18 que tampoco fue solventada, fue por no haber brindado atención a las recomendaciones derivadas  de la auditoría a la Cuenta Pública 2021, practicada por la propia Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.

Rezago en el cobro de impuesto predial, falta de investigación de mercado, excepciones a la licitación pública no justificadas, falta de contrato o falta de requisitos en el mismo, falta de entrega de garantías por parte de los proveedores o prestadores de servicios, pagos en exceso en contratos de obras públicas, fueron parte de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado. 

El auditor superior, Héctor Acosta Félix, dio a conocer el Informe General de la revisión de la Cuenta Pública 2022 en el que se hicieron 214 auditorías y 16 revisiones específicas, mismo que fue entregado este lunes, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez.

Aunado a lo anterior, observaron también pagos en exceso en contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; falta de expedientes de obra pública o deficiencias en su integración; servidores públicos que atendieron asuntos en los que tenían conflicto de interés; inconsistencias en integración y funcionamiento de Órganos Internos de Control de los municipios del estado de Chihuahua.

En total fueron mil 793 observaciones, en las que además se identificaron áreas claves de riesgo en cuentas públicas no presentadas en tiempo y forma o presentadas con diferencias, ineficacia en el cobro del predial en municipios y aplicación de descuentos improcedentes. 

Apoyos sociales sin convocatorias ni reglas de operación; falta de justificación y comprobación en la aplicación del gasto; omisión para elaborar investigaciones de mercado; acciones insuficientes para la recuperación de las cuentas por cobrar, pago de volúmenes de obra no ejecutados o mayores a los ejecutados y falta de reglamentos internos o estatutos orgánicos.

El informe incluye un apartado con las sugerencias legislativas y otro con la descripción de la muestra del gasto público auditado, mismo que será revisado por el Poder Legislativo en los siguientes días.

Los Informes Individuales de los municipios de Allende, Balleza, Chínipas, Coronado, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, D. Belisario Domínguez, Galeana, Guazapares, Janos, La Cruz, López, Meoqui, Ocampo, Riva Palacio, Santa Isabel, Uruachi y Valle de Zaragoza fueron los concluidos y enviados al Congreso del Estado esta semana, mismos que serán analizados y dictaminados a través de la Comisión de Fiscalización.    

Por ley se tiene hasta el 15 de diciembre próximo para la entrega total de resultados a los demás municipios y organismos auditados, entre las observaciones recurrentes destacan la falta de atención a la aplicación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, entre otras. 

La Auditoría Superior del Estado informó que en este primer paquete no se detecta ninguna conducta que sea materia para presumir la comisión de algún delito, solo faltas administrativas.  

Además, de que este año la cantidad de auditorías y revisiones programadas superó a las del año anterior ante algunas solicitudes por parte del Congreso, y otras denuncias. 

Por último, la ASE recordó que estos informes han sido la base para obtener las primeras sanciones administrativas y penales en la historia del combate a la corrupción en el Estado de Chihuahua.

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