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ASE

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado avanzó en la propuesta que pretende dotar de fuero constitucional a la persona titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE); esto, como una garantía para la eficaz realización de las funciones de fiscalización superior.

Dicha propuesta fue presentada por los diputados Francisco Sánchez, Alma Portillo, América Aguilar y Octavio Borunda, quienes representan diferentes fuerzas políticas.

Precisaron que esta iniciativa busca fortalecer el pleno ejercicio de la persona al frente de la ASE y no privilegiar su persona.

Durante la reunión de la Comisión se acordó elaborar en sentido positivo el dictamen al respecto para poder enviarlo posteriormente al Pleno para su votación.

Por otra parte, el proyecto de dictamen que ya fue avalado en la Comisión es el que tiene por objeto facilitar el trámite del testamento disminuyendo de tres a dos los testigos para emitir este documento.

De la misma manera, será requisito que únicamente uno de esos dos testigos sepa leer y escribir.

Otra de las modificaciones es que, sí uno de los testigos no sabe o no puede firmar, imprimirá su huella mientras que otro testigo firmará por él. En caso de que el testador no pueda o no sepa firmar, designará a una persona para que firme por él a su ruego.

Con esta propuesta planteada por el diputado Guillermo Ramírez, se reformaría el Código Civil del Estado para promover que las personas se acerquen a tramitar su testamento y dejen asegurados sus bienes una vez que fallezcan, así como el que sus familiares cuenten con la certeza jurídica para actuar sobre ellos.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó el libro Responsabilidad Administrativa y Combate a la Corrupción, una compilación de nueve ensayos elaborados por especialistas y servidores públicos con experiencia en la materia, quienes analizan el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Desde distintas perspectivas, los autores ofrecen un análisis profundo y crítico en el que identifican aciertos, deficiencias y oportunidades de mejora del sistema y del marco jurídico para el combate a la corrupción.

El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, presentó el texto y señaló que la obra aporta una visión crítica, técnica y propositiva sustentada en la práctica institucional.

“Estamos a diez años de que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, mencionó el auditor, al explicar que dicha legislación sustituyó los tipos genéricos para pasar a un sistema de tipos administrativos.

Antes era necesario establecer que la conducta señalada iba en contra de los principios que regulan el servicio público, lo que cambió a un sistema de tipos administrativos, detalló Acosta Félix, quien resaltó que, pese a ello, se crearon una serie de conductas que no pueden ser debidamente encuadradas en estos tipos.

“En mi opinión, esa es la asignatura pendiente”, puntualizó.

Acosta Félix destacó además que la visión de los autores, quienes cuentan con amplia experiencia a nivel nacional y local, permite aportar desde su ejercicio como servidores públicos expertos en fiscalización, control interno, investigación administrativa, docencia y práctica jurídica.

Asimismo, consideró importante reconocer el avance que Chihuahua ha tenido en esta materia, al señalar que la entidad se ha convertido en un referente en combate a la corrupción.

El libro fue presentado ante integrantes del Poder Judicial, del Sistema Estatal Anticorrupción, académicos, titulares de órganos internos de control y servidores públicos estatales y municipales involucrados en tareas de combate a la corrupción, transparencia y fiscalización.

Entre los autores de la obra se encuentran Francisco Javier Acosta Molina, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado; Sandro García-Rojas Castillo, consultor internacional especializado en cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros; Jesús Abdala Abud Yepiz, colaborador de la ASE; Oswaldo Reyes López, titular de la Dirección General Jurídica de la ASE; y Efraín Augusto Marcelino Álvarez Caborno Ojeda, excoordinador general de Combate a la Impunidad en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

También participan Felipe Alejandro Salasplata Cázares, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua; Ana Isabel González Villaseñor, titular de la Coordinación de Investigaciones II de la ASE; Esaú Sánchez Pedroza, presidente de la Asociación Nacional de Profesionistas en Combate a la Corrupción; y Adriana Plasencia Díaz, titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, y de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en la SEP federal.

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) informó que obtuvo el quinto sitio nacional en el rango de los mejores lugares dondepueden trabajar las mujeres en territortio nacional.

La clasificación “Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en México 2026”, que otorga la consultora Great Place To Work”, que lleva a cabo la consultoría que certifica el ambiente en espacios laborales, tomó en cuenta a la ASE entre las organizaciones nacionales que cuentan con 50 a 500 trabajadores.

Entre los aspectos que se tomaron en cuenta para esa clasificación, están el de la calidad de la cultura laboral, la confianza y el orgullo que expresan sus trabajadores.

Entre esos rangos, se destacó la opinión del personal femenino de la ASE en la encuesta realizada por GPTW el año pasado y logró el quinto puesto entre organizaciones públicas y privadas, y sobresale como la mejor posicionada dentro del sector gubernamental.

Este ranking mide la satisfacción, confianza, seguridad física y percepción de igualdad de oportunidades, elementos clave para el bienestar y desarrollo profesional femenino.

La lista incluye las 20 organizaciones mejor calificadas por su personal femenino ante la certificadora que destaca el bienestar de las colaboradoras fortalece a las organizaciones, al brindarles una mejor calidad de vida, seguridad financiera, física y satisfacción por su trabajo.

Empresas desarrolladoras de tecnología, software; financieras y de manufactura compartieron con la ASE los primeros sitios de listado.

Great Place to Work dio a conocer la distinción en medio de un evento realizado para ello en la Ciudad de México, al que acudieron para recibir el reconocimiento, Cristina Prieto, directora general administrativa; Pamela Acosta, auditora especial de obra pública y Karla Porras, responsable del área de capacitación de la Auditoría Superior del Estado.

La sustracción de medicamentos oncológicos destinados a pacientes con cáncer derivó en la vinculación a proceso de un exfuncionario del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), tras una investigación iniciada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El Auditor Superior, Héctor Acosta Félix, informó que fueron auditores de campo quienes detectaron irregularidades en la cuenta pública 2021, al encontrar recetas médicas para tratamientos contra cáncer de mama por un monto de 107 mil 870 pesos, prescritas a un servidor público que no tenía historial oncológico.

El implicado, identificado con las iniciales A.V.CH., se desempeñaba como coordinador estatal de almacenes y farmacias del ICHISAL.

Pese a no presentar ninguna condición médica que justificara el tratamiento, obtuvo medicamentos altamente especializados y en dosis que no corresponden a los protocolos médicos establecidos.

Recetas sin sustento médico

Las sospechas se confirmaron tras la revisión del expediente clínico y entrevistas con el director del Centro Estatal de Cancerología de Servicios de Salud de Chihuahua.

El especialista señaló que los medicamentos detectados están destinados principalmente a pacientes con cáncer de mama y, en algunos casos, cáncer infantil, y que su aplicación suele ser cada una o hasta cada tres semanas, no de forma diaria como ocurrió en este caso.

Además, subrayó que no existía justificación médica para la prescripción de dichas dosis.

Para la Auditoría Superior, el caso evidencia cómo el desvío de recursos puede impactar directamente a los sectores más vulnerables.

“Es necesario evitar que se vuelvan a sustraer medicamentos tan delicados e indispensables para pacientes que en verdad los necesitan”, señaló Acosta Félix.

De auditoría a proceso penal

Tras integrar el expediente, la ASE presentó en marzo de 2023 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

El Ministerio Público logró judicializar el caso por el delito de peculado agravado, lo que derivó en la reciente vinculación a proceso del exfuncionario, luego de ejecutarse la orden de aprehensión.

De manera paralela, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinó que el exservidor público incurrió en una falta administrativa grave por desvío de recursos públicos.

Como sanción, se le impuso la suspensión de su cargo por 90 días y el pago de una indemnización por 107 mil pesos.

El Auditor Superior indicó que confía en que las instancias correspondientes darán seguimiento al caso con apego a derecho y destacó que este tipo de acciones envían un mensaje sobre las consecuencias de la corrupción.

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