ASE

Las acciones de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE) permitieron la recuperación de 159 millones 621 mil 334 pesos para su reintegro a la hacienda pública, informó el ente fiscalizador en un comunicado de prensa.

La ASE detalló que del 2019 a la fecha se llegó a ese acumulado con la restitución de recursos ante la ejecución de las auditorías o por procedimientos judiciales que ordenaron la reparación del daño en casos específicos.

El reintegro de recursos ya sea de forma económica o en especie por el desempeño de una auditoría, es decir, luego de solucionar situaciones irregulares encontradas al momento de la revisión de las cuentas públicas, fue de 146.2 millones de pesos.

El comunicado agrega que otro monto por 13.4 millones de pesos fue resultado de la obtención de sentencias condenatorias o acuerdos de reparación a los que se llegó por procedimientos penales o administrativos.

La información se detalla dentro del Informe de Avances presentado ante el Congreso del Estado por el auditor superior Héctor Acosta como parte de las obligaciones del órgano fiscalizador y cuya fecha máxima de entrega es el 31 de julio.

El Informe Anual de Avances incluye también la cantidad y seguimiento dado a las observaciones; acciones y procedimientos realizados, denuncias presentadas (penales o administrativas), capacitación, un comparativo nacional y las auditorías en curso.

A Eduardo F. H., exsecretario de Salud en la administración de Javier Corral, se le imputa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en torno a la contratación de un crédito por 401 millones 364 mil 155 pesos de la institución financiera Bansi para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, indicó que Eduardo F. H., realizó una “arbitraria modalización contractual”, para disfrazar la adquisición de nueva deuda como una sesión de derechos.

También destacó que se pagó de manera irregular al banco un monto de 24 millones 114 mil 217.15 pesos, cifra que identificó como carga financiera pagada por el Instituto Chihuahuense de la Salud, una vez que recibió el monto por el crédito total.

Explicó que el 3 de marzo de 2021 E.F.H., firmó un convenio atípico, por el que se reconoció un “adeudo” por 401 mil 364 mil 155.59 pesos en favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, el cual, se comprometió a pagar en seis parcialidades mensuales, pagaderas en el periodo comprendido del último día del mes de marzo de 2021, al último día del mes de agosto del mismo año.

Agregó que se generó un irregular documento público que consigna el reconocimiento o confesión de una deuda del Gobierno del Estado de Chihuahua a favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, organismo descentralizado, cuyo director general es el mismo secretario de Salud.

Explicó que ese fue el primer acto preparatorio con la finalidad de contratar deuda pública por la cantidad de 401 millones 364 mil 155.59 pesos.

Dijo que después, en su carácter de director del Ichisal, Eduardo F. H., solicitó autorización al Gobierno del Estado para ceder los derechos de cobro derivados del convenio en favor de la institución bancaria Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple.

“El hoy imputado, celebró el 17 de marzo de 2021, formalmente, un contrato privado innominado de descuento de documentos, con la anteriormente señalada institución bancaria, por virtud del cual, cedió y el banco adquirió los derechos de cobro por la cantidad 401 millones 364,155.59 pesos, reconocidos por el Gobierno del Estado”.

Narró que el 19 de marzo de 2021, el banco depositó la cantidad señalada, pero para el 22 de marzo el saldo era de 377 millones 249 mil 938.44 pesos, luego de aplicar un cargo por 24 millones 114 mil 217.15 pesos.

El fiscal señaló que el crédito se obtuvo fuera de lo marcado por la Ley de Deuda Pública que estipula que toda contratación debe preverse en el paquete fiscal aprobado cada año, salvo situaciones extraordinarias que en este caso no se cumplieron.

Valenzuela indicó que la investigación de la Fiscalía se derivó de denuncias presentadas el pasado mes de febrero, por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), así como de la Secretaría de la Función Pública. Por tratarse de los mismos hechos, se acumularon en la misma indagatoria.

Eduardo F. H., exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, exdirector administrativo de la Fiscalía General del Estado y exsecretario de Salud en el quinquenio de Javier Corral, fue detenido el domingo y traslado al penal de Aquiles Serdán.

Eduardo F. H., cerró el quinquenio anterior como secretario de Salud, pero antes fue colaborador de César Augusto Peniche en la Fiscalía General del Estado y de Arturo Fuentes Vélez en la Secretaría de Hacienda, donde tuvo participación en la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública.

Dos personas de la pasada administración dentro de la UACH pudieran ser citados a declarar por omisiones en el pago de las cuotas a Pensiones, con un monto que corresponde a 209 millones 802 mil pesos correspondiente a ejercicios 2020 y anteriores, afirmó el titular de la Auditoría Superior, Héctor Alberto Acosta Félix.

Dijo que aún no han sido citados a declarar, por lo que no se puede dar a conocer los nombres.

El auditor especificó que la revisión fue hecha a cuatro de las áreas que cuentan con el mayor porcentaje de los adeudos, un 92 por ciento, a Pensiones Civiles del Estado que son Secretaría de Hacienda, Universidad Autónoma de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Tribunal Superior de Justicia.

En el caso de la UACH no pudieron demostrar que no contaban con los recursos para poder hacer frente a la obligación que tenían de otorgar las aportaciones, indicó.

Acosta Félix afirmó que esto es resultado de auditorías forenses realizadas por la ASE, dado que los adeudos ocasionaron un perjuicio al servicio que otorga Pensiones Civiles del Estado.

El auditor superior dio a conocer que “si son exservidores públicos, por lo menos ya no están en las posiciones en las que se encontraban en la administración anterior de la Rectoría”, dijo.

Dentro de este proceso se lleva a cabo la integración de los expedientes, los cuales comprenden más de dos mil hojas, puntualizó Héctor Alberto Acosta Félix.

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, se sumó a la petición de investigación de los recursos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

Lo anterior, luego de las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) que develan probables irregularidades en ese organismo.

El morenista señaló que secunda la petición de investigaciones porque “no se ven” las obras que debieron realizarse en el municipio de Juárez con ese dinero.

“Estábamos muy contentos cuando se da la modificación estructural y ahora resulta que ya debemos, o sea, se nos dieron los puentes y los ingresos y, ahora resulta que ya los debemos. Entonces estoy a favor de la investigación”, dijo.

La auditoría practicada por la ASE revela un presunto desvío de recursos de lo recaudado en los puentes, lo que originó que en lugar de recaudación se tenga deuda, dijo el diputado.

“Está bien que se audite el buen o mal uso de los recursos, ya que la transparencia es positiva. Lo que se busca es la claridad en el uso de los recursos y que sean mejor aplicados, ya que lo recaudado debe de continuar en Juárez”, mencionó el legislador.

El citado fideicomiso fue creado mediante el decreto número 949/2015 IX P.E., publicado el 29 de agosto de 2015, que permitía la creación de un proyecto, consistente en la operación, explotación, conservación, mantenimiento y construcción de ciertas obras de los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta Lerdo-Stanton, Guadalupe Tornillo y Paso del Norte, todos en Juárez, municipio que se quedaría con la recaudación para aplicarla en la ciudad fronteriza.