ASE

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) ha quedado mucho a deber, afirmó el diputado priista Omar Bazán Flores, esto tras la sanción de solamente tres meses de inhabilitación en contra del exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Juan Pedro Santa Rosa por conflicto de interés.

El congresista consideró que, pese a que la sentencia ya ha sido dictada la Auditoría Superior del Estado (ASE) puede hacer una impugnación de lo que consideró una “absurda resolución”.

“Yo creo que hay que determinar si tuvieron principios jurídicos para determinar la sanción tan blanda como lo hicieron en el tribunal. Creo que nadie quedó satisfecho, fue irrisoria el tema se esa sanción”, dijo.

Bazán Flores no descartó que se buscará la forma en la que los integrantes del Tribunal pudieran comparecer ante el Poder Legislativo, por lo que pedirá en su momento el que los integrantes puedan explicar el funcionamiento de este Tribunal ante los integrantes del Congreso, esto debido a la opacidad con la que se ha manejado el área.

Agregó que, debido a todo lo anterior, revisará los mecanismos adecuados para la presentación de información, así como para dotar al TEJA de “dientes jurídicos” para que dentro de estas determinaciones que toma no se vuelva a repetir.

Las resoluciones del TEJA han dejado inconformes a actores políticos y la sociedad ya que solamente se inhabilitó por tres meses a quien fue extitular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, aseguró.

El exfuncionario, que recibió una mínima sentencia, trabajó dentro de la administración del gobernador Javier Corral Jurado y tiene actualmente una investigación por parte de la ASE, según lo dijo el titular de esta área Abelardo Valenzuela, quien detalló que la carpeta continúa abierta y se está concluyendo de integrar las investigaciones.

Este desvío de recursos por un millón 360 mil pesos, monto que comenzó a desviar desde el año 2019, por lo que desde el mes de abril del 2022 se le citó a comparecer.

El Gobierno del Estado entregó este martes 28 de febrero el Informe de Cuenta Pública 2022 a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que proceda a hacer la revisión de ley.

El titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, recibió la información a nombre del Congreso del Estado de Chihuahua de manos del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez.

Dicha Cuenta Pública consta de 39 tomos los cuales contienen la información de 123 entes que integran los poderes, los órganos autónomos y paraestatales.

El auditor destacó que este acto se hace en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, reiterando el compromiso de la ASE para hacer una revisión técnica y profesional.

Junto con el Secretario de Hacienda asistieron Olga Verónica García Reyes, subsecretaria de Egresos; Flor Guadalupe Magallanes Villa, subsecretaria de Administración; Daniel Jaime Cruz, subsecretario de Ingresos y directores de área de dicha dependencia.

Mientras que por parte de la ASE estuvieron presentes los titulares de cada una de las áreas técnicas encargadas de la realización de las auditorías: Gloria Elia Sánchez, Alejandra Rascón Rodríguez, Pamela Patricia Acosta De la Fuente y Gerardo Esparza Neuman.

La mínima sanción impuesta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa González, da un mensaje de impunidad ante actos de corrupción, afirmó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix.

Si no se aplican las sanciones máximas que establece la ley, se está mandando un mensaje en favor de la corrupción, y en perjuicio del trabajo de auditoría y de rendición de cuentas, afirmó el titular de la ASE.

Acosta Félix se refirió así a la inhabilitación por apenas seis meses al exfuncionario de la administración del gobernador Javier Corral Jurado, por cometer actos de conflicto de interés en operaciones por 1.36 millones de pesos.

Según lo documentó la ASE en las auditorías practicadas, Santa Rosa otorgó contratos, por la suma antes mencionada, a la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual era el secretario del Consejo de Administración, lo que le valió la sanción del TEJA.

Señaló el titular de la ASE que la ley establece la penalidad máxima, que es una inhabilitación para ocupar cargos públicos de 10 a 20 años, cuando el acto irregular equivalga a 200 Unidades de Medida de Actualización (UMA´s), que sería el caso de la falta que se le atribuye al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte.

“El TEJA impuso esa penalidad mínima porque, en el acto atribuido al exfuncionario sancionado, no hubo daño o perjuicio al erario estatal”, comentó Acosta.

Sin embargo, agregó, sí hubo un beneficio y esa sería razón suficiente para aplicarle la sanción más grave.

No sería la primera vez en la que el titular de la ASE se queja de las sanciones que aplica el TEJA a los servidores públicos que cometieron actos irregulares o desvíos de recursos públicos.

Mencionó que, a la fecha, han presentado 66 denuncias, pero de estas se han derivado únicamente seis sanciones y todas con la penalidad mínima.

En cambio, por la vía penal han presentado 70 denuncias y de éstas se han generado seis sentencias condenatorias. “Parece que tenemos más éxito con la Fiscalía Anticorrupción que con el TEJA”, señaló.

En espera de que reciban la notificación del fallo, Acosta Félix adelantó que presentará un recurso de apelación. El problema agregó, es que al no existir en Chihuahua un Consejo de la Judicatura para efectos administrativos, el TEJA será quien revise la apelación contra sí misma.

“Es increíble, pero la sanción social ha sido mucho más severa que las impuestas por la autoridad administrativa”, subrayó.

Esta ligereza en las sanciones “se traduce en un mensaje de corrupción”, advirtió.

“Si la sanción no es ejemplar el mensaje que se da, de que la sanción bien vale la pena la falta”, concluyó.

Para la bancada del PAN en el Congreso del Estado, es “insuficientes” la sanción que le impuso el Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) en el periodo de gobierno de Javier Corral.

El coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, se refirió así a la sanción aplicada a Juan Pedro Santa Rosa, titular del ICHD, señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) como responsable del desvío de un millón 360 mil pesos para beneficio de empresas donde él tenía cargos de dirección.

“Respetamos mucho la decisión de los órganos autónomos del estado, sin embargo, considero que es insuficiente esa sanción más cuando no está acreditado la falta administrativa”, dijo.

El líder de la bancada albiazul consideró que la sanción no es suficiente y más “cuando está acreditado la sanción”.

Chávez Madrid destacó que por un lado el Tribunal refleja el trabajo al llevar a cabo esta sanción, sin embargo, recalcó que éstas deben de ser ejemplares.

Juan Pedro Santa Rosa quien fue director del ICHD en la administración de Javier Corral Jurado, es acusado por el desvío de recursos por un monto de un millón 360 mil pesos a la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual el exfuncionario era el secretario de su Consejo de Administración, y el otro con el C. Tomás Hernández Silos donde fue presidente del consejo de la empresa.

El desvío de recursos procede del año 2019, donde se fincaron las averiguaciones en el Juicio de Responsabilidad Administrativa identificado como E 034/2022-2.

Juicio que inició tras presentarse una denuncia por parte de la ASE, luego que ésta reuniera los elementos suficientes sobre los convenios de concertación con una persona moral y con una persona física con las cuales guarda una relación personal y de negocios.

El 14 de octubre de 2020 fue cuando la ASE recibió una denuncia ciudadana. El 10 de mayo de 2021, la dependencia estatal inició una auditoría al instituto que encabezaba Santa Rosa que concluyó el 15 de diciembre del mismo año con la presentación la resolución ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Chihuahua.