ASE

Para analizar el convenio de coordinación en la fiscalización de las participaciones federales ejercidas por el Estado de Chihuahua se reunió el Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo.

El objetivo de la reunión fue llegar a un acuerdo que evite la duplicidad de los trabajos, ya que actualmente estas participaciones son fiscalizadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por la Auditoría Superior del Estado (ASE), explicó el auditor Héctor Acosta.

Destacó que mientras hay entidades cuyos presupuestos dependen de la federación en más del 90 por ciento, Chihuahua lo hace solo en un 76, quedando entre los cinco más eficientes en la recaudación de recursos propios.

Acosta Félix pidió que se diera un tiempo para, una vez conformada la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, consultar con sus miembros el contenido del convenio presentado por la ASF.

Cabe destacar que, dentro del Poder Legislativo, la Comisión de Fiscalización es el enlace con la ASE, por lo que es de relevancia su participación en el análisis del acuerdo.

En la citada reunión se concluyó que los trabajos de revisión del documento continuarán en las próximas semanas hasta llegar a la firma.

Además del Auditor Héctor Acosta estuvieron presentes los titulares de los órganos de fiscalización superior del Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Baja California y Oaxaca.

La alcaldesa de Nuevo Casas Grandes enfrenta, de iniciales E.E.E., enfrenta una suspensión de su cargo público de 60 días impuesto por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) por una falta administrativa grave denunciada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la revisión de la cuenta pública 2021.

La persona servidora pública, en septiembre de ese año, participó en la contratación de su hermana mediante la modalidad de honorarios asimilados a salarios, arrojó la auditoría practicada a la administración municipal dentro de la revisión del citado ejercicio.

Tras presentarse la denuncia ante el TEJA, esta conducta quedó acreditada como actuación bajo conflicto interés y sancionada como tal.

Conducta considerada grave por parte de la servidora pública, pues aunque el servicio objeto del contrato fue prestado, al momento de la contratación se hallaba bajo conflicto de interés, dado que siendo oficial mayor la ahora sancionada firmó un contrato que favoreció a su hermana, de iniciales M.A.E.E, para brindar asesoría jurídica al Gobierno Municipal.

De esta forma, la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la Magistrada Priscila Soto Jiménez determinó una sanción de 60 días de suspensión del cargo público contenida en el expediente 082/2023-3-JRA, en sentencia de fecha 10 de septiembre del presente año.

La Auditoría Superior del Estado desconoce si la resolución ha sido notificada ya al Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes para efecto de que éste dé cumplimiento a la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa.

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix y el encargado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco Talavera, visitaron a quienes integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para emitir su opinión acerca de las reformas relativas a la Constitución Política del Estado y a las leyes estatales de Fiscalización, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

A través de un comunicado de prensa, se informó que por el área técnica que la iniciativa para reformar los artículos 83 bis, 83 ter y 179 de la Constitución Política; así como el 71 de la Ley de Fiscalización Superior, ambos ordenamientos jurídicos del Estado, referente a la Auditoría Superior del Estado.

La intención es plasmar a nivel constitucional y no solo a nivel secundario en la ley de la materia, los periodos relativos a la persona que ocupe la titularidad de la misma, así como la posibilidad de un periodo adicional. (La iniciativa fue presentada por los diputados José Alfredo Chávez Madrid y Saúl Mireles, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del PAN).

Al respecto el titular de la ASE resaltó la importancia de la modificación al artículo 83 BIS en la que se habla de la previa coordinación con la instancia de las mismas funciones, pero a nivel federal para auditar las participaciones federales con las que cuenta la entidad.

“Chihuahua es el único Estado que tiene esta expresión de previa coordinación, lo que consideramos una acción arcaica que nos retrasa en los trabajos a realizar, es por eso que creemos pertinente que se elimine esta expresión”, comentó.

“En lo que respecta al 83 ter, vemos bien que se establezcan las atribuciones de nuestro organismo en la propia ley y no en una ley secundaria, lo que nos da certeza porque la ratificación ya está establecida pero lo correcto sería elevarlo a rango constitucional. En cuanto al fuero de las funciones del titular, es el único cargo del sistema anticorrupción en Chihuahua que no lo tiene”, detalló.

Acosta Félix dijo que estos temas a las reformas planteadas, son en los que la auditoría puede emitir una opinión técnica sobre las labores que realizan.

“Por convicción ética, me abstengo a dar una opinión sobre el transitorio pero que, en el esquema legal, falta un procedimiento para que se lleve a cabo una ratificación o no, del cargo del titular de la auditoría estatal con participación de la Comisión de Fiscalización”, apuntó.

Se precisó por parte de quienes integran la comisión que en reunión posterior, se presentarán propuestas para conformar el artículo segundo transitorio de estas reformas, además de continuar con el proceso legislativo.

En lo que respecta a la iniciativa de decreto presentada por el diputado José Alfredo Chávez Madrid, por que propone reformar la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tiene el propósito de darle certeza a la Comisión, ante la ausencia temporal o definitiva de la persona que ocupe la Presidencia.

Para este asunto, el encargado de la CEDH detalló que las modificaciones planteadas son bien vistas por el organismo y que plantean dar certeza en las labores que tiene la comisión, otras palabras, garantizaría y protegería los derechos de las personas en Chihuahua.

“Esta reforma viene a cubrir un vacío legal que existe y que estamos viviendo en este momento dado al fallecimiento del presidente Javier González Mocken”, expresó.

“En nuestra ley no existe o no se establece quien es la persona que ocupe la titularidad de la comisión en caso de fallecimiento del titular y eso nos deja con incertidumbre porque no hay algún antecedente que nos contribuya a este supuesto. Lo que nos interesa es que la persona que pueda asumir en este tipo de situaciones, sea quien tenga mayor experiencia y que sepa de la operatividad”, puntualizó.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes los diputados Omar Bazán en su calidad de presidente; Adriana Terrazas como secretaria, así como vocales: Jael Arguelles, Alfredo Chávez y Gabriel García, además de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Leticia Ortega.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado emprendió sendas acciones penales contra el exgobernador Javier Corral Jurado y el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, debido a los pagos presuntamente indebidos por una suma total de 98 millones de pesos a la empresa López-Elías Finanzas Públicas por servicios de asesoría para la reestructuración de su deuda pública.

Ese supuesto desfalco, según las declaraciones públicas tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Auditoría Superior del Estado (ASE), surgió de las revisiones a las cuentas públicas del Gobierno de Javier Corral, correspondientes a los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en los informes de Cuenta Pública emitidos y publicados por la ASE, correspondientes a esos años, no se encuentra ni una sola mención a los pagos realizados a López-Elías Finanzas Públicas, ni a la reestructuración de la deuda.

Según lo ha informado el fiscal Anticorrupción, tanto Corral como Arturo F.V. autorizaron “indebidamente” el pago de los 98.6 millones en dos exhibiciones de a 49.3 mdp cada una. La primera se habría realizado en el año 2019 y la segunda, en el 2020.

No obstante, ni en el Informe de Cuenta Pública 2020, que abarcaría la revisión al gasto público del 2019, ni en la del 2021, que da cuenta de lo hecho en el 2020, existe recomendación, observación, solicitud de aclaración, informes de presunta responsabilidad o denuncias de hechos relacionados a la operación de la reestructura de la deuda.

En la revisión del 2021, se incluye una Denuncia de Hechos por el hecho de que la Secretaría de Hacienda no transfirió al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense un importe de 107 millones, 389 mil ,518 pesos. por concepto de recursos recaudados en el ejercicio fiscal 2021 por concepto de 10 por ciento de Contribución Extraordinaria del ISN.

Pero no aparecen los pagos a la firma asesora contratada para la reestructura de la deuda, presuntamente irregulares, que dieron motivo a una denuncia de hechos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que luego derivó en sendas órdenes de aprehensión contra Javier Corral y Arturo F.V.

Para el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, existen una serie de actos constitutivos de delito, como el hecho de que haber realizado ese gasto sin tener suficiencia presupuestal, ni estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en las cuentas de esos años, la ASE no hizo esos señalamientos. Tampoco en la del 2021, último año de la gestión de Javier Corral.