ASE

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que sugerirá la comparecencia del titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, ante los diputados del Congreso Local para que amplíe las observaciones hechas a la Cuenta Pública 2022.

“Siempre hemos sostenido que el trabajo de la ASE es fundamental, nunca hemos regateado su presupuesto, porque creemos que entre más audites con mayor eficacia, tendrás un mejor manejo del recurso público. Lamentablemente la Auditoría no puede cubrir el 100 por ciento, y en ese punto debemos modificar y que fuese un ente que audite todo”, expresó Estrada Sotelo.

El diputado sostuvo que, aunque no están de acuerdo con algunas determinaciones, en especial de las faltas administrativas o la posible comisión de un delito, se debe observar que el trabajo que ha hecho, da cuenta de las fallas de Colegio de Bachilleres, Secretaría de Educación y Deporte, el Instituto Chihuahuense de la Salud, el Fideicomiso de Transporte de Juárez, la Secretaría de Hacienda, y otras más.

“Me parece que merece una exposición amplia y detallada por la Comisión de Fiscalización a cargo de la diputada Leticia Ortega; es sano que compareciera el auditor y fuera más amplia la explicación, y que la demás parte del Congreso analice si la actividad de la Auditoria debe ser más amplia, entiendo la limitación presupuestal, pero me parece que la ASE debe tener más capacidad de auditorías”, concluyó.

Tras la revisión de la Cuenta Pública 2022, en la auditoría de Cumplimiento Financiero emprendida por la Auditoría Superior del Estado al Congreso del Estado de Chihuahua, se determinaron 5 observaciones, 3 recomendaciones y 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

La primera observación se hizo debido a que recibió de conformidad los servicios del contrato AD/SA008-2022 con base en reportes de consumos por la moral denominada Sen Integral, S.A. de C.V; era una persona moral distinta a la contratada, ya que el contrato fue adjudicado a la moral Caper Elaboración y Distribución, S. de R.L. M.I., por un importe de mínimo de 300 mil pesos y un importe máximo de hasta 750 mil pesos.

Asimismo, la ASE detectó que los proveedores y prestadores de servicios inscritos en el Padrón de Proveedores de la Entidad Fiscalizada no cumplen con la totalidad de los requisitos señalados en la normatividad aplicable.

Aunque el Congreso respondió que de momento se encuentra en la migración de la documentación de los proveedores, con un método “más amigable” para el público en general interesado en darse de alta; respuesta que no fue considerada por la Auditoría como suficiente para atender el hallazgo.

Por lo anterior, pidió aplicar una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua o su equivalente, investigue y sancione a quien o quienes resulten responsables de dicha información.

Otra observación fue la hecha por inconsistencias en la recepción de los bienes objeto del contrato AD/SA100-2022 hecho en adjudicación directa al C. Antonio Castro Burgos, por un importe de un millón 649 mil 520 pesos destinado al suministro e instalación de un elevador de pasajeros.

“No se proporcionaron las pólizas de garantía emitidas por los fabricantes de todos los equipos suministrados e instalados objeto del presente contrato, esto con la finalidad de asegurar que los mismos garanticen la calidad, seguridad y funcionamiento de los diversos equipos conforme a sus marcas y patentes”, explicó la ASE.

No obstante, tras la revisión de evidencias presentada por el Congreso, la misma auditoría declaro “parcialmente aclarado el hallazgo”, no presentó evidencia documental en la cual se compruebe “fehacientemente” que se haya cumplido con las especificaciones, características requeridas, así como las marcas ofertadas, ya que elevador en mención se encontraba fuera de servicio al momento de la revisión.

La Auditoría detectó en la conciliación bancaria que había un cheque en tránsito con antigüedad superior a seis meses, con número 59834 de fecha 30 de diciembre de 2022 por un importe de 989 mil 712 pesos, a favor del C. Antonio Castro Burgos por concepto de la liquidación del suministro e instalación de elevado, mismo que se encontraba pendiente de cobro hasta el 30 de junio de 2023.

El Congreso también celebró un convenio modificatorio sin acreditar razones fundadas y motivadas, y amplió el anticipo sin fundamento jurídico con la moral Xoftware It, S.A. de C.V., por una cantidad de 14 millones 027 mil 209 pesos con I.V.A. incluido, y vigencia del 31 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.

Por lo anterior, y al no aclarar el hallazgo, la ASE le instruyó aplicar otra Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, para sancionar a las y los funcionarios que intervinieron en el proceso.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez recibió 6 observaciones, 4 de ellas terminaron en recomendación y se realizaron 3 acciones de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, dentro de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero practicada a su cuenta pública 2022 por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La primera observación a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez fue por no presentar el formato denominado Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ante la Secretaría de Hacienda para incorporarlos a la Cuenta Pública 2022.

Tampoco expidió el Manual de Administración de Remuneraciones correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y no requirió al proveedor “Super Servicio Herrera del Norte, S.A. de C.V”., la entrega de la garantía para responder de los defectos, vicios ocultos, daños y perjuicios, derivada del contrato de prestación de servicios JMAS-AD-040-2022 firmado el día 21 de septiembre de 2022, por concepto de suministro de combustible diésel.

Sobre este contrato, la Auditoría Superior del Estado pidió promover la Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, para que investigue e inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades presentadas en cuanto a la presentación fuera de tiempo de la garantía de vicios ocultos del contrato.

De igual manera, ocurrió con el proveedor Super´s Rapiditos Bip Bip, S.A. de C.V.”, derivada del contrato de prestación de servicios JMAS-AD-039-2022 firmado el día 20 de septiembre de 2022, por concepto de suministro de gasolina magna y premium.

Y el proveedor Lubricantes de América, S.A. de C.V., derivada del contrato de adquisición de bienes JMAS-DO-CT-AD-2022-20 firmado el día 7 de junio de 2022, por concepto de 285 tambos de aceite.

También fue observado por no levantar el inventario físico al 31 de diciembre de 2022 de Bienes Muebles e Inmuebles y su conciliación con registros contables.

La Junta presentó 11 conciliaciones entre el sistema de bienes patrimoniales y el sistema de contabilidad; 8 de estas conciliaciones con diferencias no depuradas a diciembre de 2022 y no en un levantamiento de inventario, por lo que el hallazgo no fue desestimado y se les conminó a cumplir con el inventario que se establece por ley.

La última recomendación porque el importe de rezago acumulado al 31 de diciembre de 2022 registrado en el sistema comercial “SIGA” fue por 5 mil 550 millones 686 mil 825 pesos, mayor al importe de rezago registrado contablemente por 5 mil 545 millones 142 mil 753 pesos, determinándose una diferencia de 5 millones 544 mil 071 pesos.

Aunque el organismo explicó que la diferencia corresponde al rezago por agua, drenaje y saneamiento, y que el rezago tiene otro indicador comercial, no anexo evidencia suficiente para desestimar el hallazgo de la ASE. Por lo que se recomendó a la Junta que lleve a cabo las acciones necesarias para mantener el correcto y oportuno registro contable del rezago por los servicios que provee.

El Colegio de Bachilleres de Chihuahua recibió 22 observaciones, 7 recomendaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias y 2 denuncias de hechos, durante la auditoría de cumplimiento financiero practicada en su cuenta pública 2022 por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Entre las observaciones hechas por la ASE, el Colegio omitió realizar la retención del Impuesto Sobre la Renta, el “entero” y expedir y entregar comprobantes fiscales de los pagos realizados por concepto de compensaciones pagadas a los funcionarios y empleados.

Por este motivo, la ASE promovió una acción de Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, para que se haga del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el posible incumplimiento a las disposiciones de carácter fiscal aplicables, por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, en relación con la omisión donde la Entidad Fiscalizada prescindió realizar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Además el Cobach no pudo acreditar un sistema de contabilidad conforme a la normatividad aplicable, por lo que no cuenta con el apartado presupuestal y es manejado a través de hojas electrónicas de Excel.

“El Colegio de Bachilleres se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Contabilidad denominado Kórima, el cual se ajusta a los requerimientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental”, respondió el Colegio, sin embargo, la ASE reiteró no presentó evidencia documental que desvirtúen el objeto del resultado con hallazgo notificado.

Aunado a lo anterior, el sistema de bachillerato omitió la elaboración y publicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, no expidió el Manual de Administración de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2022.

Por no pagar a tiempo el entero de Cuotas de Fovissste, SAR e Issste Cesantía y Vejez, realizó un pago por concepto de “Intereses” (recargos y actualizaciones), por un importe de 2 millones 073 mil 321 pesos, misma que justificó “no se contaba con la parte estatal para el pago de las mismas, razón por la cual los pagos se realizaron de forma extemporánea”.

Durante los trabajos de auditoría se revisó el contrato número 006/22-AD, para la adquisición y suministro en sitio de artículos de oficina para los diversos planteles y centros de costo, registró erogaciones por la cantidad total de 933 mil 813 pesos y realizó pagos en el ejercicio 2022 por la cantidad de 846 mil 990 pesos; no obstante, no acreditó la excepción a la licitación pública.

A lo que se suma que omitió aplicar penas convencionales por un importe de 62 mil 898 pesos, por la entrega extemporánea de los bienes adquiridos. Tampoco realizó la supervisión y vigilancia del cumplimiento al contrato 002/2022 P.S., presentada por la moral MICROPESE, S.A. de C.V. misma que establece que los 51 equipos de impresión, los cuales ni siquiera “tenían los contadores iniciales del equipo instalado”.

Mientras que su propio Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, tomó en cuenta un Dictamen que no cumple con los elementos mínimos de la normativa aplicable y por el cual autorizó la adjudicación del contrato 001/2022-P.S., a favor de la moral Vertraun, S.A. de C.V. por un monto de 449 mil 550 pesos para el servicio de Fumigación y Sanitización para los 37 centros de bachilleres.

En este sentido, también se añadió que la empresa contratada no se encuentra en el padrón de Proveedores de Gobierno del Estado, no entregó las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos, que la moral Baeza Duarte y Asociados, S.A. de C.V. es una persona moral diferente a la autorizada por el Comité y que se realizaron pagos sin evidencia documental de la prestación de los servicios devengados.

“Para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, por la posible comisión de hechos delictivos a los servidores públicos que en su gestión, autorizaron y pagaron sin contar con documentación justificativa que obligue al pago por la cantidad de 231 mil 768 pesos, hechos que pudieran en delito del Código Penal del Estado de Chihuahua”, responde sobre el servicio también de fumigación la ASE.

Además de que también realizó otros pagos sin evidencia documental de la prestación de servicios devengados por concepto de mantenimiento correctivo de equipos de aire del Gimnasio de Ciudad Juárez, por la cantidad de 676 mil 134 mil pesos, hechos que pudieran derivar en la actualización del supuesto de otro delito en el Código Penal del Estado de Chihuahua.

En el mismo tenor, fue el ejercicio de la excepción para la prestación del servicio de mantenimiento de equipos de clima del Gimnasio de Ciudad Juárez a la licitación pública, relativa al contrato 003/2022-P.S., de la cual no se localizaron documentos evidencias de investigación de mercado, vicios ocultos, entre otros.

El Cobach, administró y ejerció los recursos correspondientes a aportaciones federales y estatales a través de cuentas bancarias distintas a las productivas específicas. Y no cuenta con los inventarios físicos actualizados debidamente valorizados y conciliados con los registros contables.

Sobre los uniformes, no ejerció recursos públicos en 2022, relativos a la compra de uniformes con la empresa Uniformes de Chihuahua S. de R.L.M.I. y toda vez que no se encuentran registros contables dentro de la Cuenta Pública de la Entidad Fiscalizada correspondientes al ejercicio 2022, el órgano fiscalizador se declaró sin atribuciones, por lo que dio vista al Órgano Interno de Control competente para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones que estime pertinentes.