ceresos

Autoridades estatales y federales acordaron reforzar los operativos de seguridad en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado de Chihuahua y aumentar las revisiones que se hacen al interior de esos penales.

El acuerdo se tomó durante la sesión de trabajo de la llamada Mesa de seguridad, que tuvo lugar la mañana de este lunes en el Palacio de Gobierno, a la cual concurrieron los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y de las zonas militares con sede en la entidad.

A través de un comunicado, el gobierno del Estado dio a conocer que las corporaciones de seguridad de la entidad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mantuvieron presencia en los municipios de Guadalupe y Calvo, Moris, Madera, Nuevo Casas Grandes, Coyame, Aldama, Hidalgo del Parral, Chihuahua y Juárez en los últimos días.

Según el comunicado, los presentes evaluaron además los avances en materia de combate a la criminalidad registrados durante la última semana en la entidad como parte de la coordinación entre instancias federales y estatales.

De acuerdo con las cifras del Censo Nacional del Inegi, en Chihuahua hay 11 centros penitenciarios, todos de competencia estatal.

Si bien el Censo del Inegi contabilizó 8 mil 503 personas recluidas en esos penales, lo que daría una sobrepoblación del 8 por ciento de su capacidad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha informado que son más de 9 mil.

El titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, general de división Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Fernández Acosta, ha informado que los Ceresos de Chihuahua cuentan con inhibidores de señal de telefonía celular para impedir que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) operen actividades delictivas desde el interior de esos penales.

En el encuentro participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; los comandantes de la 5/a y 42/a zonas militares, Alberto Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, respectivamente; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya y el delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Badillo.

También se contó con la presencia del coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez y la encargada del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Zaira Carrasco

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya informó que serán 913 las personas en prisión preventiva que votarán en Chihuahua, quienes ejercerán su sufragio de forma anticipada dentro de las prisiones entre el 6 y 20 de mayo, mediante sobres que permanecerán cerrados hasta la jornada electoral el 2 de junio.

El funcionario detalló que, desde el 13 de diciembre se firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral para que las personas que se encuentran dentro de los Ceresos en el estado, que no cuentan con una condena, es decir, personas en prisión preventiva (PPP), puedan votar.

Según el listado nominal con la autoridad electoral, son 229 hombres recluidos en el Cereso 1 de Aquiles Serdán; 18 del Cereso 2 de Chihuahua; 418 del Cereso 3 de Juárez; 40 del Cereso 4 de Parral; 20 del Cereso 5 de Nuevo Casas Grandes; 64 de Cereso 7 de Cuauhtémoc y 5 del Cereso 8 de Guachochi. Así como 32 mujeres en el Cereso Femenil 1 de Chihuahua y 87 en el Cereso Femenil 2 de Juárez.

“Buscamos garantizar el voto de estas personas, con base en una filosofía de educación cívica y lograr en el estado la participación social, esto es parte de la reinserción”, dijo.

El funcionario estatal explicó que como antecedente, en 2019, la Sala Superior del Tribunal Judicial de la Federación determinó que las personas que se encuentran en prisión preventiva no han sido sentenciadas aún, y tienen derecho a votar, ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.

“En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros, han hecho una interpretación evolutiva del derecho al voto y muy importante la presunción de inocencia, de la que se busca ampliar el alcance y protección de derechos humanos, en la mayor medida posible, hasta lograr su plena afectividad”, aseguró el encargado de la seguridad en el estado.

Por lo que dijo, más de 50 mil personas en el país que están en esta situación podrán votar para elegir al próximo presidente o presidenta de México, por lo que se va a poder ejercer el sufragio en 204 de 285 prisiones, y sólo Yucatán y Estado de México no aceptaron el convenio.

“Casi la mitad de la población en prisión preventiva, no va a poder acceder a este derecho, porque no tienen vigente su credencial de elector que caduca a los 10 años, o no cuenta con la documentación que le permite empadronarse en el listado nominal”, concluyó.

Como parte del proyecto “Derecho al trabajo digno de las Personas Privadas de la Libertad “Cereso Productivo”, la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste participó en una reunión coordinada con distintos organismos públicos y privados para analizar su implementación en el Centro de Reinserción Social No. 5, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Alejandro Vargas Salas, Fiscal de Distrito Zona Noroeste, indicó que la iniciativa tiene como objetivo principal promover la rehabilitación de las personas privadas de la libertad y ofrecerles oportunidades para aprender habilidades que les permitan reintegrarse de manera efectiva a la sociedad, una vez cumplan sus condenas.

“Este modelo de reinserción, no solo ayudará a los internos a adquirir nuevas habilidades y conocimientos, sino que también permitirá que aquellos que sean candidatos adecuados al programa, tengan la oportunidad de contribuir a la reparación de los daños causados a las víctimas de diversos delitos”, explicó.

Entre los involucrados en el proyecto estuvieron, Eugenio Zamora, director regional de Ficosec; asesores de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos María Creel Garza; el director del Cereso No. 5, Hugo Iván Martínez; el director de Reinserción Social, Alejandro Díaz Becerra; Edith Emilia Terrazas Franco, juez del Sistema de Justicia Penal acusatorio del Distrito Galeana y defensores de oficio de la región.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) investiga formalmente una serie de denuncias que se vertieron en redes sociales, en donde usuarios indicaron que se realizan cobros por parte del personal de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado para ingresar artículos prohibidos como pantallas, teléfonos, desodorantes y otros.

Gilberto Loya, titular de la dependencia indicó que, aunque no se tiene una denuncia formal, se investiga el caso para verificar que no se estén realizando estas actividades ilícitas.

El jefe policiaco recordó que se han realizado más de 7 revisiones por cada Cereso en el territorio estatal, resultado de lo cual fueron decomisados cerca de 10 mil objetos, entre electrónicos, artículos de lujo, armas blancas, drogas, teléfonos y equipos de comunicación.

“Eventualmente hemos encontrado armas blancas (hechizas) y equipamiento de comunicaciones. Ante esta denuncia hemos ordenado la investigación por Asuntos Internos”, comentó el funcionario.

Agregó que, si bien se han seguido encontrando este tipo de objetos, el volumen de los mismos está muy lejos de lo que se decomisaba al inicio de la administración, “siempre habrá gente tratando que esto pase”.

Finalmente, dijo que no necesariamente los objetos ingresan por corrupción, sino que hay personas que están esperando algún descuido para aprovecharse e ingresar los objetos. Recordó que no hay una agenda de revisiones, sino que se realizan de manera sorpresiva.