César D.J.

No se ha detectado un riesgo real en contra del exgobernador César Horacio D.J., dijo Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El funcionario fue cuestionado por la situación del exmandatario recluido en el penal de Aquiles Serdán, luego de que en audiencia judicial declarará que existía un plan por parte de Javier Corral para que se le asesinara en prisión.

“Nosotros no hemos detectado algo como tal, algo que ponga en riesgo la estabilidad y la seguridad de las personas privadas de la libertad”, respondió Loya.

Señaló que él no habla de alguien en específico, sino de todas las personas privadas de su libertad (PPL).

Aseguró que desde que se tomó control por parte de la dependencia a su cargo no se ha detectado esta situación. A partir del 30 de enero los penales pasaron de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

“Es muy clara la intención del Gobierno de no ir a juicio porque no tiene elementos para demostrar mi culpabilidad”, señaló César D.J., al mediodía de este viernes en la audiencia para revisar la medida cautelar en su contra.

El imputado por los delitos de peculado y asociación delictuosa, al cual se le acusa por el desvió de más de 96 millones de pesos, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) niega que esté enfermo porque solo quieren dejarlo en prisión por venganza política.

“Por resaca de la administración anterior estoy en la cárcel, y usar a su servidor como botín político. No quieren llegar a juicio, no reconocen que estoy enfermo, porque saben que no nos van a ganar”, aseveró el imputado.

Además, aseguró que tiene elementos para comprobar que Javier Corral lo quería matar mientras él se encontraba en el Cereso de Chihuahua.

Aseguró que es una mentira que es un corrupto, una mentira que Javier Corral le metió a la gente en la cabeza porque él nunca fue acusado por alguien más, “ni por las organizaciones civiles, ni quejas por alguna obra”.

Finalmente, hizo responsable a este Tribunal en caso de que le pase algo a su persona pues dijo, “ya ha habido muertos en estos procesos de persecución política” y recordó a Lázaro López y a Antonio Tarín, quienes además fueron torturados.

Posteriormente, la jueza Delia Valentina Meléndez dio por concluidas las manifestaciones de las partes, por lo que procedió a declarar un receso hasta las 5:30 de la tarde.

A esa hora se retomará la audiencia para dar a conocer su decisión sobre el asunto, es decir, determinar si se aumentará un año más la prisión preventiva contra César D. J., o darle el beneficio del arraigo domiciliario.

Minutos antes de las 10 de la mañana de este viernes se retomaron los trabajos de la audiencia para la revisión de la medida cautelar de César Horacio D.J., imputado por los delitos de peculado y asociación delictiva.

La revisión se da cuando el imputado está a punto de cumplir tres años en prisión preventiva y en vísperas de iniciar la audiencia intermedia de su proceso judicial, en el que el Gobierno del Estado le atribuye un daño al erario por 96 millones de pesos.

La jueza Delia Valentina Meléndez ha escuchado los testimonios de diversos personajes, entre médicos y personal del Cereso 1 de Aquiles Serdán, así como de médicos particulares que han atendido las afecciones a la salud del exmandatario.

Ayer jueves la audiencia se desarrolló a lo largo de 12 horas, en las cuales también se desahogaron pruebas documentales, mediante las cuales el Ministerio Público ha buscado demostrar que el estado de salud del imputado es estable y no grave.

Por su cuenta, la defensa ha sostenido la tesis contraria: que el estado de salud del imputado es grave, que sufrió un infarto al corazón el pasado 23 de abril.

Además, que el Cereso 1 no tiene las condiciones adecuadas ni para atenderlo, ni para llevarlo a un centro médico de tercer nivel, donde debería ser atendido en caso de sufrir algún otro incidente que afecte su salud y que incluso, pudiera llevarlo a perder la vida.

La agente del Ministerio Público solicitó a la jueza del caso que se amplíe un año más la medida cautelar de prisión preventiva en contra de César Horacio D.J., toda vez que está a punto de cumplir un año.

Después de la 13:30 horas y luego de un receso de aproximadamente una hora, se reanudó la audiencia de revisión de la medida cautelar contra el exgobernador.

El periodo de un año de prisión preventiva fue ordenado el pasado 5 de junio del 2022. Desde entonces, el exgobernador ha permanecido en las instalaciones del Cereso, aunque ha salido en diversas ocasiones para ser atendido médicamente.

La representación social indicó que el proceso legal en contra de César Horacio D.J. aún no concluye y está en vísperas de celebrarse la audiencia intermedia.

Por ello, agregó, se solicita aumentar el tiempo de prisión preventiva para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento.

Expuso que la legislación indica un tope de 6 años de prisión preventiva, dependiendo de la gravedad del delito que se persigue.

Insistió en que las condiciones de falta de arraigo y la posibilidad de que el imputado se sustraiga de la justicia, como lo hizo durante años en Estados Unidos, está latente.

Recordó que el delito del que se le acusa está relacionado con daños por 96.6 millones de pesos.