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César D.J.

Desde su celda en el Cereso No. 1 en Aquiles Serdán, el exmandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hizo llegar una carta a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua con copia al Fiscal General del Estado, donde pide dejar de ser un “botín político para un muy cuestionable interés político”.

“No busco indulto alguno, toda vez que un juicio justo y apegado a  la ley les dará  la seguridad de que lo que de mí se dijo solo fue un gran teatro para una persecución política que en principio solo beneficio a un ser inhumano y enfermo de sí mismo”, dice el documento fechado el 29 de marzo de 2023.

Agrega que, el pasado 25 de marzo se cumplió mil días de haber sido privado de su libertad y mil 800 más de ser privado de su honor y reputación sin juicio alguno, a lo que cuestionó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por no haber presentado la recomendación conducente a 21 meses de ser presentada una queja.

En la carta el exgobernador afirma que no hay claridad respecto a cuándo terminará la protección estatal en contra de quienes usan el poder solo a favor de sí mismos.

César D.J., cuestiona al Poder Judicial del Estado de tenerlo privado de su libertada sin una sentencia, cuando, según el documento, se violenta la ley al tener a una persona detenida por más de dos años sin una sentencia condenatoria.

¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que los actos procesales tienen plazos y términos de carácter no discrecional sino obligatorios y que deben cumplirse?, menciona la carta.

De la misma manera, el exgobernador le recrimina a la Fiscalía del Estado el olvido de que las actuaciones también están sujetas a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a los tratados internacionales.

La misiva firmada por César Horario Duarte Jáquez cierra con la icónica frase que inmortalizó durante su gestión como gobernador del estado de Chihuahua,  de 2010 a 2016, ¡Que el Cielo bendiga a Chihuahua!

Cuatro abogados encabezados por Héctor Villasana Ramírez asumirán la defensa del exgobernador César D.J., quien actualmente se encuentra recluido en el Cereso No. 1, acusado de cometer los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos en la modalidad de agravados.

Junto con Villasana, estarán en la defensa del exmandatario los litigantes Enrique Eduardo Muñoz, Irving Anchondo Valdez y Luis Carlos Mendoza.

“La estrategia es abonar a lo que está en proceso, que son los juicios de amparo en contra de la revisión de la medida cautelar y atender a la audiencia intermedia que esta próxima a realizarse”, dijo Villasana.

En entrevista, explicó que se trabajará en el punto de sobreseimiento, que es una decisión judicial de poner fin al proceso penal.

Para ese efecto, se están analizando todas las posibilidades, ya que consideran que se cuenta con la suficiente información que pudiera desvirtuar la acusación.

Dicha información pudiera comprobar que los apoyos por los que está siendo señalado el exmandatario fueron entregados a los beneficiarios, agregó.

A eso se suma, dijo, que por lo que se le acusa a César D., es un procedimiento administrativo y no penal, por lo que preparan los argumentos para plantearlo en la siguiente audiencia que se celebrará el mes de abril.

Otro punto en el que insistirán tiene que ver con la prisión preventiva, ya que buscan que el exfuncionario estatal pueda llevar a cabo el proceso en prisión domiciliaria.

El abogado señaló que buscarán apegarse a pronunciamientos sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que este delito no amerita prisión preventiva.

Explicó que este derecho se da por varias razones entre las que se encuentra el hecho que lleva privado de la libertad más de dos años.

“El delito no amerita prisión preventiva y el delicado estado de salud en el que se encuentra, pone en riesgo la vida del exmandatario”, afirmó.

Dentro del centro de reclusión no recibe la atención médica que requiere dado su estado médico, a eso se suman las condiciones de los penales que hacen inminente un riesgo a la integridad del imputado, por la envergadura que tuvo cuando administraba el gobierno estatal, señaló.

César D.J., fue extraditado el 2 de junio del 2022 de una cárcel de Miami, Estados Unidos, por los delitos de asociación delictuosa y peculado, ambos en modalidad agravada, por lo que se le acusó al también exdiputado de desviar 96 millones de pesos.

D.J., gobernó el estado del 4 de octubre del 2010 al 3 de octubre del 2016. Lo sucedió en el cargo el panista Javier Corral Jurado, quien desde su campaña anunció como su principal oferta de gobierno enviarlo a prisión por el presunto desfalco que le hizo a las arcas estatales.

Desde el 8 de junio del 2022, por fallo del juez de control Humberto Chávez Allende, el político originario de Balleza, Chihuahua fue vinculación a proceso por los delitos de asociación delictuosa y peculado agravado, por lo que ha permanecido recluido en el penal de Aquiles Serdán.

El exgobernador César D.J. señaló que se encuentra en riesgo de perder sus extremidades por falta de atención médica dentro del centro penitenciario, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

Durante la audiencia en la que se llevó a cabo la petición de continuar el proceso penal en su contra en arraigo domiciliario, el exmandatario exhortó al actual gobierno a que haga justicia en este caso, así como a otros integrantes de su gabinete que eran perseguidos ‘políticos’.

El priista pidió al juez que se celebre el enjuiciamiento en su contra lo más rápido posible, ya que su salud no resistiría una larga espera. Dicho lo anterior, reiteró que es inocente de lo que se le imputa.

Dentro de su declaración, el exmandatario lanzó un reto a Javier Corral a quien lo hizo responsable de lo que ocurrió en el Cereso 3, donde escaparon 30 reclusos, recalcando que estos dentro de su gestión se encontraban recluidos en un centro de máxima seguridad.

Agregó que él jamás estuvo huyendo, solamente que radicaba en Estados Unidos debido a que lo amenazó de muerte gente integrante del gabinete de Javier Corral.

Retó a Corral Jurado a dar a conocer las acciones que se llevaron a cabo dentro de ambos gobiernos, donde él considera que en su administración se llevaron a cabo más obras, esto pese a que durante la de su predecesor se gozó de un 30 por ciento más de recursos.

Tras revelarse que el exgobernador César D. J. arrendaría una vivienda que le sirva como prisión domiciliaria,  el diputado y exprocurador Zona Centro, Oscar Castrejón señaló que es absurdo que pudiera asentarse en una zona exclusiva sin haber tenido ingresos después de su detención.

Además, agregó, se ve incongruente que se le de arraigo solo por tres meses.

“Sigue ofendiendo al pueblo diciéndole que él rentó en las zonas de mayor plusvalía, más caras, lo que evidencia que después de más de cinco años de trabajar sigue teniendo dinero”, dijo el diputado de Morena, quien acudió a la audiencia intermedia del exgobernador.

El legislador señaló que la defensa del exmandatario se encuentra endeble; sin embargo, expresó confianza en las acciones judiciales. 

Destacó que en caso de que se le otorgue el arraigo domiciliario pone en riesgo que se dé a la fuga. Recordó que el exmandatario fue capturado en otro país.

Dijo que se le están concediendo privilegios que no se otorgan a muchos internos, además no es la única persona privada de su libertad que tiene problemas de salud.

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