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César Duarte

A más de dos meses de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó registrar al exgobernador César Duarte Jáquez como víctima de una presunta violación a sus derechos, no existe constancia pública de que haya sido incorporado al Registro Estatal de Víctimas, como parte de las medidas de reparación sugeridas por el organismo.

La recomendación, emitida en octubre de 2025, concluyó que Duarte fue objeto de vigilancia sin orden judicial, atribuida a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), lo que vulneró sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica y privacidad.

Como parte de las medidas de no repetición, la CEDH estableció que las autoridades estatales debían evaluar y, en su caso, promover su inscripción en el registro administrado por el Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Sin embargo, hasta este 12 de diciembre, no se ha informado de manera oficial que el trámite haya sido concluido. Tampoco existe registro público que confirme que el exmandatario haya sido incorporado al padrón de víctimas del Estado.

El proceso requiere una evaluación administrativa, la integración de un expediente y la determinación formal de que la persona reúne los criterios establecidos por la Ley Estatal de Víctimas.

En ese sentido, aunque la recomendación de la CEDH reconoce que Duarte fue sujeto de actos violatorios de derechos humanos, la inscripción sólo puede concretarse tras un procedimiento específico, el cual no ha sido confirmado por ninguna instancia de gobierno.

Autoridades mantienen silencio

Ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública han informado avances sobre el cumplimiento de la recomendación. Tampoco el Sistema Estatal de Atención a Víctimas ha emitido comunicado alguno sobre el estatus del registro.

Al ser cuestionada hace semanas sobre el caso, la gobernadora Maru Campos se limitó a señalar que Duarte “debe seguir cumpliendo con las medidas procesales” de sus causas penales, sin comentar sobre su eventual inscripción como víctima.

Contexto: nuevo proceso federal contra Duarte

Duarte Jáquez de encontraba en libertad condicionada cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar a la recomendación de la CEDH.  Según su queja, agentes de la FGE lo seguían en auto y con sobrevuelos de drones, versiones que fueron rechazadas por tanto por la Fiscalía como por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Actualmente,  enfrenta un nuevo proceso federal por lavado de dinero, que lo mantiene desde el 8 de diciembre en el penal del Altiplano bajo prisión preventiva, luego de que la FGR presentara más de 120 datos de prueba en su contra.

En paralelo, sigue pendiente la resolución de la recomendación de la CEDH y la definición de si el exgobernador será finalmente incorporado al registro de víctimas.

La segunda detención del exgobernador César Duarte Jáquez, que su defensa atribuye a motivaciones políticas y a la supuesta intervención de funcionarios federales cercanos al senador Javier Corral, tomó por sorpresa incluso a su equipo jurídico, aseguró su abogado Juan Carlos Mendoza, quien calificó la reaprehensión como “inexplicable” desde el punto de vista legal.

En entrevista con Azucena Uresti, el defensor afirmó que no existía “posibilidad jurídica” de que México volviera a detener a Duarte, debido a que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos impide procesar a una persona por delitos distintos a aquellos autorizados por el país que concede la extradición.

“No teníamos idea, porque no había posibilidad jurídica de que el Estado persiga a alguien por delitos diferentes. El tratado de extradición prohíbe que una persona extraditada por un delito sea detenida, enjuiciada o sancionada por otros”, dijo.

Mendoza relató que el exgobernador fue detenido afuera de su domicilio el lunes 8 de diciembre, horas después de haber estado en su despacho reunido con él y otros integrantes del equipo legal. En esa ocasión, señaló, Duarte les entregó “un documento muy importante”: la resolución traducida de la jueza estadounidense que lo declaró extraditable.

“Ahí aparecen los montos, los testigos, las cantidades, las personas morales y la expresión de la jueza —traducida— sobre peculado y asociación delictuosa”, detalló.

El abogado anticipó que el proceso será “muy largo” y que la resolución entregada por Duarte será clave para demostrar —según su versión— que la nueva causa federal reproduce hechos ya procesados en Chihuahua.

Acusa a Javier Corral de estar detrás de la nueva detención

El defensor afirmó que la reaprehensión forma parte de un “botín político” que ha acompañado el caso de Duarte desde hace años, y sostuvo que ahora la intervención también proviene de instancias federales.

“En Chihuahua siempre fue un botín político de quienes buscan mantener y ensanchar el poder. Y al parecer ya no es exclusivo de autoridades locales”, dijo.

Mendoza incluso insinuó una relación política entre el actual funcionario de la FGR, Ulises Lara, y el exgobernador Javier Corral, a quien responsabilizó de influir en el nuevo proceso.

Aseguró que la nueva orden de captura corresponde a los mismos delitos por los que Duarte ya está siendo procesado en el fuero estatal, lo que —según él— constituiría un caso de “triple enjuiciamiento”.

“¿Cómo es posible que esté siendo detenido por hechos que ya están siendo procesados en Chihuahua? Es algo que yo no había visto”, señaló.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, reviró las declaraciones del senador Javier Corral Jurado, quien afirmó que la administración estatal estaría protegiendo al exgobernador César Duarte Jáquez.

“Lo invito a que venga a Chihuahua sin fuero, sin amparo y sin escoltas”, respondió el funcionario.

Corral señaló en entrevista que el Gobierno actual no dio seguimiento a los procesos judiciales que su administración inició contra Duarte en los Estados Unidos. Ante ello, De la Peña afirmó que se trata de “un cuento repetido desde hace cinco años”.

En entrevista colectiva en el Palacio de Gobierno, el secretario envió un mensaje directo al exmandatario: “Yo caminé cinco años por las calles de esta ciudad sin amparos, sin fuero y sin escoltas. Me gustaría saber si él puede venir a Chihuahua en esas condiciones”, expresó.

Añadió que las fijaciones personales contra Duarte “son un tema individual” y que el estado no debe detenerse por discusiones políticas del pasado.

Duarte sigue sujeto a proceso en Chihuahua

La reciente detención del exgobernador forma parte de uno de los 19 procedimientos legales que aún tiene abiertos, informó De la Peña.

Explicó que el pasado 4 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos —país que originalmente atendió la solicitud de extradición— autorizó un procedimiento de excepción mediante el cual se permitió a México incorporar nuevas carpetas de investigación distintas a las que motivaron la extradición inicial.

“Se sigue el procedimiento legal que se tenga que seguir, siempre respetuosos del Estado de derecho. Él enfrentará su proceso con los elementos que tenga, y el Gobierno Federal hará lo propio con las pruebas correspondientes”, dijo.

Aseguró que la detención es resultado de un procedimiento legal avalado por un juez, aunque aclaró que no conoce a detalle el expediente federal.

“Una detención como esta tiene que ser autorizada por un juez, así que seguramente se siguió el procedimiento adecuado”, señaló.

Recordó además que Duarte enfrenta procesos legales en el estado de Chihuahua, donde contaba con beneficios previstos en la ley, no con concesiones especiales.

“Ahora le toca enfrentar la justicia en el ámbito federal, como corresponde, y defenderse conforme a la legislación penal”, concluyó.

Medios nacionales de distintos perfiles editoriales coincidieron en destacar la relevancia de la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ocurrida este 8 de diciembre, al subrayar que el caso reabre un proceso federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y expone el rezago de las investigaciones locales que permanecen sin resolverse desde hace años.

La mayoría de los diarios y portales informativos —entre ellos El Universal, Reforma, Milenio, La Jornada, Proceso, SinEmbargo, Aristegui Noticias y Expansión Política— enfatizaron que la nueva orden de captura deriva de una acusación federal de lavado de dinero distinta a los delitos por los que Duarte fue extraditado en 2022, y que su ejecución fue posible luego de que Estados Unidos autorizó la excepción a la regla de especialidad, permitiendo juzgarlo por un ilícito diferente al que motivó su retorno al país.

Uno de los puntos más subrayados por la prensa nacional fue el traslado inmediato de Duarte al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Jornada, Noroeste, Excélsior y Meganoticias dedicaron espacio a la forma en que fue movilizado desde Chihuahua y presentado ante un juez federal, interpretando el movimiento como una señal de la gravedad del nuevo proceso en su contra.

Paralelamente, plataformas como Proceso, Aristegui Noticias y SinEmbargo retomaron declaraciones de legisladores y especialistas que cuestionan el papel del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, señalando que permanecen sin avances al menos 18 carpetas de investigación vinculadas al exmandatario. Esos medios colocaron la detención en un contexto de presuntas omisiones locales que contrastan con la acción reciente de la Fiscalía General de la República (FGR).

La cobertura nacional también incluyó una línea histórica sobre el caso Duarte, recordando su captura en Estados Unidos, su extradición en 2022 y los procesos por peculado y asociación delictuosa que, a pesar de haber avanzado en etapas preliminares, no han derivado en sentencia.

La detención de César Duarte volvió así al centro del debate nacional, ahora bajo un proceso federal que podría reconfigurar el desenlace de uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la última década, en México.

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