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César Duarte

A las 21:30 horas de este jueves se declaró un receso en la audiencia de revisión de medida cautelar contra el imputado César Horacio D.J. Será el viernes a las 9:30 horas cuando se retomen los trabajos de la audiencia.

La juzgadora Delia Valentina Meléndez escuchó el alegato de la defensa, luego de un receso de dos horas, para retomar la audiencia a las 7:30 de la noche.

Luego de que el exgobernador tomara el estrado para solicitar a la jueza que se le retire la prisión preventiva como medida cautelar, debido a su estado de salud, la defensa enunció su alegato.

Se indicó que el imputado está a punto de cumplir tres años bajo prisión preventiva, periodo durante el cual ha sufrido una operación a su espalda y un infarto al corazón.

La defensa argumentó que el imputado tiene arraigo domiciliario e informó que se tiene un contrato de arrendamiento vigente hasta agosto del 2023 en la colonia Bahías, lugar donde podría vivir el defendido.

También se ofreció a entregar el pasaporte del imputado para garantizar que no es su intención sustraerse del ejercicio de la justicia. Además, se indicó que sería una incoherencia el huir del país, cuando el imputado ya ha pasado tres años en prisión, es decir, la mitad de la posible sentencia que se le daría en caso de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan.

Al reanudarse la audiencia del imputado por peculado y asociación delictuosa, el exgobernador César Horacio D.J., pidió subir al estrado para dar una declaración.

El procesado informó que el médico que lo revisó para informar que su estado de salud no es grave, no es su médico tratante y agregó que alguien lo mandó, sospechando que es empleado o enviado por parte de Gobierno del Estado.

“Llamo a la Fiscalía para que tome con seriedad este asunto. Yo estoy enfermo y así lo acreditan tres instituciones médicas sólidas para demostrar que las afecciones son ciertas. Tuve un infarto, tengo una afección cardíaca”, señaló.

Manifestó que fue sorprendido diciéndole que era un cardiólogo enviado por su defensa, pues después de las 7:00 de la tarde no ingresa nadie al Cereso y llegaron a las 11:00 de la noche.

“Fui despertado a las 11:00 de la noche para ser atendido por ese cardiólogo que fue enviado por mi defensa y me pareció muy raro. Usaron el nombre del Lic. Villasana cuando llegaron conmigo. Frente a mí me pareció increíble que haya dicho el médico que yo conocía a las personas que lo acompañaban, es falso yo no los conocía, lo que sí es que su esposa lo acompañó y llevaban una maleta de más de un metro aparato”, dijo el imputado.

Indicó que cuando le dio el infarto el pasado 23 de abril, tardó dos horas en salir de las instalaciones del Cereso y luego una hora más para estar en una cama siendo atendido. También dijo que no es verdad que no se toma las medicinas para su condición. Por estas razones solicitó a la jueza que se le otorgue la medida cautelar de arresto domiciliario para velar por su salud.

El exgobernador César Duarte fue internado en el Hospital Star Médica de la capital del estado la madrugada de este domingo.

El hecho sucedió horas antes de que se lleve a cabo su audiencia intermedia en el juicio, luego de que por tercera ocasión fuera retrasada a petición del ministerio público, quien dentro de su petición pidió tiempo para poder abrir los archivos que aportó la defensa ya que de los más de 200 que contenía una memoria USB que facilitó la defensa solo se podía acceder a 85.

La audiencia se llevará a cabo a partir de las 9:00 horas de mañana en las instalaciones del Tribunal superior de justicia.

Se desconoce qué tipo de emergencia médica generó su traslado desde el penal de Aquiles Serdán, donde está recluido acusado de peculado por 96 millones de pesos. Duarte ha sido atendido ya varias veces en hospitales privados desde que fue encarcelado en junio de 2022.

La única información que ha trascendido es que el exmandatario se sintió mal de salud desde el viernes el viernes 21. También se conoció que está fuera de peligro.

En el traslado de Duarte desde el reclusorio, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Antonio Enrique Tarín estuvo comisionado por el exgobernador César Duarte Jáquez como enlace con el PRI nacional en la Operación Safiro para el desvío de 246 millones de pesos, de acuerdo con las distintas causas penales que en su momento siguió la Fiscalía General del Estado contra exoperadores duartistas y el proceso que se abrió en Chihuahua a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alias La Coneja.

Como Operación Safiro se conoce al mecanismo que presumiblemente se implementó para desviar, entre 2015 y 2016, desde tesorerías de Gobiernos estatales como el de Chihuahua, por medio de empresas fantasma y simulación de adquisiciones, recursos públicos para el financiamiento de varias campañas electorales. La operación habría sido concertada entre el PRI nacional, la Secretaría de Hacienda federal y gobernadores emanados de ese partido, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.

En los testimoniales de personajes clave como el exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera Corral, quedó asentado que Duarte Jáquez acordó con el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, la entrega de los 246 millones de pesos, con la intermediación de Alejandro Gutiérrez. La Coneja, operador financiero de Beltrones y exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, fue inicialmente procesado en Chihuahua por el delito de peculado, aunque se libró del juicio porque la Procuraduría General de la República atrajo el caso para después desistirse de la acción penal.

No únicamente los testimoniales del exsecretario de Hacienda apuntaron como uno de los enlaces para las operaciones a Antonio Tarín, quien murió la madrugada del pasado 7 de abril, también el exsecretario de Educación y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, procesado y sentenciado por el mismo desvío, lo señaló como responsable de hacer las transferencias a las empresas fachada que propuso La Coneja.

Tarín era el director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y era hombre de confianza del exgobernador Duarte, al igual que Gerardo Villegas Madriles, quien fungía como director general de Administración en la misma dependencia.

De acuerdo con las declaraciones de Yáñez que se conocieron en las audiencias públicas, Ricardo Antonio Tarín fue comisionado por parte del Gobierno de César Duarte “para operar esa salida de dinero del estado al PRI nacional”.

Por el lado del PRI, Alejandro Gutiérrez, con la colaboración de su hijo del mismo nombre “serían los encargados de proporcionar lo necesario para simular la prestación de servicios al Gobierno, y que entonces la idea era armar procedimientos simulados de contratación entre la Secretaría de Hacienda local y la secretaría de Educación que yo dirigía”, narró Yáñez.

Así ocurrió, de acuerdo con los hechos que acreditó la Fiscalía y que llevaron a la sentencia contra el secretario de Educación por el delito de peculado.

Tarín habría sido el encargado de hacer cuatro transferencias a las empresas factureras o fantasma proporcionadas por La Coneja para sumar el monto total de 246 millones. Servicios y Asesorías Sisas recibió 46 millones; Servicios y Asesorías Samex recibió 55 millones; Servicios y Asesorías Sinnax otros 55 millones y Despacho de Profesionistas Futura 90 millones más.

Los pagos eran supuesta contraprestación por cursos de capacitación y un software cuya realización o entrega nunca fueron debidamente comprobados, de acuerdo con los expedientes de la Operación Justicia para Chihuahua.

La Fiscalía también acreditó que esas cuatro empresas eran simuladas en domicilios de colonias populares de la ciudad de México y el Edomex.

Las mismas empresas aparecen como factureras en una investigación que realizó la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), respecto al mismo modus operandi detectado en otros estados como Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la Ciudad de México.

MCCI documentó que esas y otras empresas fantasma fueron utilizadas como parte de la Operación Safiro para desviar al menos 650 millones de pesos en siete entidades, incluyendo los 246 millones en Chihuahua.

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