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Organizaciones civiles en defensa de los derechos de las mujeres, así como familiares de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición se reunieron con representantes de Amnistía Internacional en el 20 aniversario del “México, muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”.

El evento se realizó en la Cruz de Clavos frente a Palacio de Gobierno, para lo cual se cerró el tramo de la calle Aldama. 

Edith Olivares, representante de Amnistía Internacional, dijo que gracias a la tenacidad de las madres de las víctimas se tiene legislación y mecanismos de defensa para las mujeres, aunque lamentó que no funcionen adecuadamente por el desinterés y las omisiones de los gobiernos. 

Amnistía Internacional es un movimiento con más de 10 millones de integrantes en todo el mundo.

“Hicimos una revisión del informe que presentamos hace 20 años y todos los casos de este informe siguen en la impunidad”, expresó.

Dijo que seguirán siendo solidarias con las mujeres chihuahuenses hasta recibir justicia. 

En la movilización participaron organizaciones como el Movimiento Estatal de Mujeres, las Mujeres de Negro, el Centro Estatal de los Derechos de las Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La mamá de Mónica Liliana Delgado, víctima de desaparición y feminicidio, reclamó que las autoridades gubernamentales no han hecho acciones suficientes para garantizar que no mueran más mujeres o niñas.

Indicó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván prometió cosas respecto al tema que no ha cumplido y pidió que las reciba para platicar y que les informe qué acciones se realizarán para garantizar la no repetición. 

“No todo han sido marchas y manifestaciones, nos hemos sentado a diseñar políticas públicas”, comentó Graciela Ramos, quien recordó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió la Sentencia del Campo Algodonero, como respuesta a los constantes reclamos de las mujeres chihuahuenses y juarenses. 

“Pero lo que no se ha cumplido es la no repetición. Tenemos que seguir gritando NI UNA MÁS”, agregó Ramos.

La activista consideró que se deben hacer cambios socioculturales que cesen con la idea de que las mujeres son objetos que pueden ser poseídos, lo cual, dijo, debe de ser el principal compromiso de las autoridades gubernamentales. 

“Se asesinan de dos a tres mujeres por semana en Chihuahua y no se hace nada, no sabemos cuánto se investiga, y aunque hay organismos y fiscalías especializadas no es suficiente”, reclamó. 

Lidia Cordero Cabrera, directora de Casa Amiga de Ciudad Juárez, indicó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en su último reporte da cuenta que del 1 enero al 30 de junio se registraron 26 víctimas de feminicidio en Chihuahua, colocando al estado en el lugar 6 a nivel nacional.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó el pasado mes de junio su Informe el ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua, en el que estudió la situación de cientos de personas desplazadas por la violencia y emite diversas recomendaciones al estado para atender el problema y proteger a las víctimas.

Una de las conclusiones a las que llegaron es que sería conveniente crear una Ley estatal sobre desplazamiento forzado interno (DFI) y que esté alineada con la Minuta de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el DFI que se encuentra en el Senado de la República.

El reporte se realizó con información recabada tras entrevistar a 789 personas en 184 hogares en los que ha ocurrido al menos un evento de DFI por la violencia. De estas personas, el 52 por ciento se identificaron como población indígena; el 54 por ciento son mujeres; el 59 por ciento vivían en el estado de Chihuahua antes de su primer DFI por violencia y el 36 por ciento se encontraban en albergues en la frontera al momento de la encuesta.

De estos hogares, el 26 por ciento se habían desplazado por primera vez a raíz de la violencia durante 2021; el 38 por ciento entre 2017, y el 26 por ciento entre 2008 y 2016. Además, el Ejercicio obtuvo información de otras 141 PDFI que participaron en los grupos focales, de las cuales el 48 por ciento son indígenas y el 75 por ciento mujeres.

El informe fue realizado en conjunto con instituciones públicas y organizaciones civiles como Alianza Sierra Madre, Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y estatal, el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria, Secretaría de Gobernación y otras.

Este mes de septiembre, los secretarios del gobierno estatal no rendirán un informe como se realizó en otros años, informó la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

La titular del Ejecutivo estatal indicó que su informe de gobierno se realizará en el mes de marzo, como lo indica la ley y que “no le vemos caso” a que los secretarios realicen un informe durante el mes de septiembre.

“El informe será en marzo como lo indica la ley. Se había hecho en otros años que los secretarios en septiembre den un informe, no le vemos el sentido así que será solo en marzo”, comentó.

Agregó que actualmente hay revisiones de subsecretarios, directores generales, coordinadores y jefaturas puesto que “necesitamos dar resultados a la gente y no podemos caer en una zona de confort”.

Además, indicó que se presentará en el informe de gobierno del alcalde Marco Bonilla.

En la mediación está la piedra angular del modelo que se impulsa desde 2019 para dejar atrás las barandillas que únicamente ponían multas u ordenaban arrestos.

Antes se aplicaba unilateralmente el Bando de Policía y Buen Gobierno con pocas posibilidades de que las personas remediaran los conflictos entre ellas. Hoy, la Justicia Cívica da un viraje para brindar ayuda a las personas detenidas con el objetivo de superar la situación que las llevó a cometer faltas administrativas.

Lee aquí el reportaje completo. Justicia Cívica: mediación para una convivencia pacífica.

Justicia Cívica: mediación para una convivencia pacífica
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