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Conagua

El abogado defensor del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, acusó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de haber irrumpido de forma ilegal en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, a pesar de que, según dijo, existe una suspensión provisional otorgada por una jueza federal que prohibía intervenir en esa propiedad.

En un pronunciamiento emitido este martes, el licenciado Juan Carlos Mendoza Luján, representante legal de Duarte, confirmó que el lunes 26 de mayo fue notificado por personal de Conagua sobre la ejecución de un mandato administrativo en El Saucito.

Sin embargo, aseguró que tanto él como su cliente hicieron del conocimiento de la autoridad que actualmente ninguno de los dos posee legalmente dicha propiedad, ya que se encuentra asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mendoza sostuvo que la acción de Conagua fue realizada de madrugada, con acompañamiento de personal de la Fiscalía estatal, y sin la autorización de un poseedor legítimo del rancho.

El abogado también aseguró tener conocimiento de que un grupo de ejidatarios vecinos al rancho, así como hermanos indígenas que dependen del agua que cruza por esa zona para consumo humano y de ganado, promovieron un juicio de amparo.

Como resultado, dijo, una jueza federal habría otorgado una suspensión provisional contra la ejecución de los actos de demolición y clausura.

Según su declaración, la suspensión fue ignorada por las autoridades, lo cual considera una violación en perjuicio de los promoventes.

Además, Mendoza Luján desmintió las afirmaciones del Gobierno federal en torno al volumen de agua presuntamente retenido por la infraestructura hidráulica construida en el rancho.

Afirmó que la obra mostrada por Conagua —una barda de mampostería rústica de apenas 1.20 metros de altura— tiene más de 40 años en el lugar y que es “absolutamente imposible” que tuviera capacidad para almacenar 700 mil metros cúbicos de agua, como lo declaró la autoridad federal.

“Lamentamos enormemente la desinformación que equívocamente le fue otorgada a la presidenta de la República”, concluyó el abogado.

El pronunciamiento ocurre un día después de que la Conagua informara sobre la demolición de represas, clausura de pozos y recuperación de cauces dentro del rancho El Saucito, como parte de un procedimiento administrativo en firme, que —según la versión oficial— ya había sido confirmado por el Poder Judicial al negarle el amparo al exmandatario estatal.

Cabe mencionar que la postura oficial de la Conagua era en el sentido de que todavía al miércoles 28, al mediodía, no estaban notificados de esa suspensión.

Balleza, Chih.—  Este martes trascendió la versión de que trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ingresaron al rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez, para destruir los presones —pequeñas presas rústicas— construidos al interior de la propiedad e impedir que ahí se quede agua almacenada.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la destrucción de las estructuras ocurrió el lunes 26 de mayo; para hacerlo, los funcionarios habrían llevado consigo explosivos para proceder bajo el argumento de que la autoridad federal determinó que no está permitida la retención del recurso hídrico en esa zona.

El rancho tiene una extensión de casi 5 mil hectáreas dedicadas a la crianza de ganado.

La acción ocurre en medio de la crisis por sequía extrema y excepcional que afecta a más del 80 por ciento del territorio chihuahuense y que ha llevado a la cancelación del ciclo agrícola de temporal en amplias regiones del estado.

Agricultores del norte, centro y sur de Chihuahua han denunciado la falta de apoyos ante el colapso de la actividad productiva por la ausencia de lluvias.

Hasta el momento, no hay una versión oficial por parte de la representación estatal de Conagua, cuyo titular no respondió a las llamadas realizadas para confirmar o ampliar la información.

El rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, es conocido por su producción ganadera.

Se trata de la misma propiedad donde el político ballezano tenía una capilla particular y guardaba el sillón que usó el papa Francisco durante la gira que realizó por México en el año 2015.

El inmueble fue asegurado durante el sexenio anterior como parte de las investigaciones por corrupción y desvío de recursos públicos en el caso conocido como “Expedientes X”.

Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, enfrenta actualmente un proceso penal por diversos delitos de corrupción.

Fue extraditado desde Estados Unidos en 2022 y permanece vinculado a proceso, aunque se encuentra en libertad bajo medidas cautelares.

Durante su campaña rumbo a la gubernatura, en el año 2010, ofreció construir 13 presas en el estado, obra que no pudo realizar, en parte, por las protestas y amenazas de alzamientos que hubo en diversas partes de la entidad, donde los productores advertían que les quitarían el agua.

El Saucito es solo una de las múltiples propiedades rurales atribuidas a Duarte Jáquez adquiridas durante su mandato.

El senador por Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena) presentó un punto de acuerdo en el Senado de la República para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a tomar medidas urgentes que impidan la sobreexplotación de los acuíferos en Chihuahua, particularmente en zonas con veda.

La medida estaría apegada a los lineamientos del Plan Hídrico Nacional 2024-2030 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló el morenista.

En la tribuna de la Cámara Alta del país, Loera de la Rocha subrayó la necesidad de revisar a fondo las concesiones de agua vigentes, agilizar la investigación sobre pozos ilegales y garantizar un manejo transparente de los recursos hídricos, conforme a la legislación.

“El agua es un derecho, no una mercancía”, recordó el legislador, citando uno de los principios rectores del Plan Nacional Hídrico que ha dado a conocer la primera mandataria del país.

Además, el senador denunció la existencia de una presunta red de corrupción en la entidad, conocida como el “Cártel del Agua”, que estaría operando mediante la falsificación de documentos para otorgar concesiones irregulares.

Dicha red, dijo, habría favorecido a ciertos empresarios y actores políticos ligados a los sectores agrícola e inmobiliario.

“Mientras nuestras comunidades rurales, urbanas y originarias enfrentan dificultades para acceder al agua, un grupo de delincuentes ha explotado impunemente los mantos acuíferos del estado”, acusó Loera, quien fue delegado estatal de programas sociales.

El exhorto también incluye la solicitud de realizar inspecciones físicas a lo largo de la carretera Chihuahua–Juárez, con el objetivo de verificar la legalidad de los pozos autorizados y detectar irregularidades en su operación.

Según datos oficiales, el estado de Chihuahua enfrenta una de las peores crisis hídricas del país, el cien por ciento de su territorio presenta algún grado de sequía, y casi la mitad de la entidad –el 46.5 por ciento– está clasificada en condición de sequía extrema.

La situación se agravó a finales de 2024, con un incremento del 10.4 por ciento en las zonas más afectadas entre noviembre y diciembre.

El pasado 21 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que en Chihuahua existen numerosos pozos agrícolas que operan sin permiso, lo que refuerza la urgencia de acciones institucionales para frenar el saqueo del agua.

Diputados locales y representantes de sectores productivos de la región Centro-Sur del estado analizaron la creación de una Comisión Estatal del Agua, con el objetivo de proteger los intereses de los agricultores y la población ante los retos hídricos que enfrenta Chihuahua.

La reunión, celebrada en la Torre Legislativa, estuvo encabezada por el diputado camarguense Arturo Zubia, presidente de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, y Jesús Valenciano García, presidente municipal de Delicias.

Ante un grupo de productores que prácticamente llenaron el salón donde se celebró la reunión, ambos políticos coincidieron que es urgente que Chihuahua cuente con un organismo especializado en materia de recursos hídricos.

Esa “Comisión Estatal” que aún no tiene un acrónimo que la identifique, representaría a la entidad ante instancias nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Consejo de Cuencas del Río Bravo y el Comité Internacional de Límites y Aguas. (CILA).

En la mesa de trabajo participaron los diputados Saúl Mireles e Ismael Pérez Pavía (PAN), Octavio Borunda (PVEM) y Luis Fernando Chacón (PRI).

Los legisladores coincidieron en que se debe crear un equipo técnico especializado, con un enfoque científico y agronómico para resolver la crisis del agua.

Asimismo, esa Comisión deberá frenar el crecimiento de la frontera agrícola, que incrementa la presión sobre los recursos hídricos del estado.

Además, se pretende fortalecer las facultades de la Fiscalía General del Estado para combatir la tala inmoderada del bosque en la sierra Tarahumara, por ser una práctica ilícita que daña a las fuentes de agua del estado.

-Cambio climático y largo plazo

Otro punto relevante fue la urgencia de implementar acciones a largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático.

Los participantes alertaron sobre el riesgo de migraciones forzadas por escasez de agua, lo que podría derivar en desintegración social y graves conflictos económicos.

El ex diputado federal por el PAN, Salvador Alcántar, actual presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), respaldó la necesidad de un organismo autónomo, junto con representantes de las asociaciones de riego de los ríos Conchos y San Pedro.

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