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Libertad bajo caución es lo que determinó el juez de la sala décimo tercera penal para Eduardo Fernández, exsecretario durante la administración de Javier Corral Jurado a quien se le fijó una fianza de 800 mil pesos.

El juez, César Alberto Villalba Máynez, determinó como excesiva la prisión preventiva, por un delito que tiene una pena de entre seis a dos años de condena. Sin embargo, le solicitó entregar la visa estadounidense y el pasaporte mexicano para que no pueda salir del país.

El documento fue entregado, sin embargo, el juez señaló que como juzgador no tenía la posibilidad de resguardar los documentos hizo entrega al ministerio público de éstos.

Eduardo Fernández deberá acudir a firmar cada semana a los juzgados para corroborar que se encuentra dentro del territorio estatal.

Cabe recordar que el exfuncionario fue detenido el pasado domingo alrededor de las 13:00 horas en la zona aledaña al hospital Ángeles, en la ciudad de Chihuahua.

La audiencia inicial en contra de Eduardo F. H., se desahoga en una sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) por parte del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, César Alberto Villalba.

A Eduardo F. H., exsecretario de Salud en la administración de Javier Corral, se le imputa el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en torno a la contratación de un crédito por 401 millones 364 mil 155 pesos de la institución financiera Bansi para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

La causa penal en su contra es la identificada como 1641/2023.

Exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, exdirector administrativo de la Fiscalía General del Estado y exsecretario de Salud en el quinquenio de Javier Corral, Eduardo F. H., fue detenido el domingo y trasladado al penal de Aquiles Serdán, en la ciudad de Chihuahua.

Al exfuncionario se le acusa por realizar una “arbitraria modalización contractual”, para disfrazar la adquisición de nueva deuda como una sesión de derechos a la financiera.

Luego de que la Fiscalía Anticorrupción diera a conocer la orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Arturo F.V., diputados del Grupo Parlamentario de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) enfatizaron en que no se use el Sistema de Justicia como medio de venganza.

El diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, dijo que si un proceso permite conocer la verdad debería ser iniciado, siempre y cuando no se vuelvan armas de venganzas.

“El gran problema es la falta de confianza en el Sistema de Administración de Justicia del Estado; si este tuviera credibilidad y confianza, no generaría suspicacia. Si un sistema de Justicia fuera robusto, y ocurriera la misma situación, la mayoría de la gente esperaría la resolución” dijo el diputado.

El coordinador de Morena en el Congreso, consideró que la investigación debe de apegarse a los hechos y el proceso debe de ser limpio y objetivo.

Enfatizó en que los procesos tienen que abrirse si existen dudas o denuncias.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, declaró que no existe persecución política contra los ex funcionarios del sexenio del exgobernador Javier Corral, sino que existe una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción a la que se le dio seguimiento.

“El tema que se aborda no es una persecución, sino que se está actuando apegados al Estado de derecho, la ley debe prevalecer el estado de derecho” expresó el coordinador.

La gobernadora Maru Campos aseguró que su antecesor, el exgobernador Javier Corral Jurado, es el responsable de la muerte por suicidio del exfuncionario de la administración duartista, Antonio Tarín García.

En declaraciones hechas durante una entrevista colectiva, la actual gobernadora de Chihuahua afirmó que Corral fue el causante “directa o indirectamente en el suicidio de Antonio Tarín”, quien al momento de su muerte estaba sujeto a un juicio por presuntos actos de peculado durante su encargo como presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en la administración de César Duarte Jáquez.

Tarín García se quitó la vida el pasado Viernes Santo cuando saltó desde el puente vial de la avenida Homero, cruce con Periférico de la Juventud.

Al momento de su muerte portaba un brazalete de localización y estaba en libertad condicional, pues continuaba sometido a juicio por el presunto desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario estatal hacia una empresa “fachada”.

El sábado pasado, tras la muerte de Tarín, la Fiscalía General del Estado anunció el inicio de una investigación en torno a ese hecho.