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Dos personas involucradas en las investigaciones por presuntos actos de corrupción y peculado denominada “Operación justicia para Chihuahua” se han quitado la vida en los últimos años.

El pasado viernes 7 de abril, Antonio Enrique Tarín García, quien continuaba bajo proceso judicial por un presunto peculado cometido durante su paso por la administración del gobernador César Duarte Jáquez, fue encontrado sin vida después de arrojarse desde el puente vial de la avenida Homero, en su cruce con el Periférico de la Juventud.

Horas después, la Fiscalía General del Estado confirmó que se había tratado de un suicidio, y que, aparentemente, la persona fallecida había llegado hasta el lugar, en la parte más alta del puente y desde ahí saltó al vacío.

Tarín García aún estaba bajo proceso penal, con la causa número 87/2019, por haber participado ,presuntamente, en el desvío de 2 millones 420  mil pesos del erario hacia empresas “fantasma”.

El hoy fallecido estaba en libertad bajo caución, después de que un juez federal le otorgara el beneficio de continuar el proceso fuera del Centro de Reinserción Social Número 1, ubicado en San Guillermo, Chihuahua, donde había estado recluido.

Como condición, el juzgador le puso la obligación de portar brazalete geolocalizador, y mantener otras medidas cautelares, como el no salir del país y no acercarse a otros testigos vinculados al mismo caso.

La orden de aprehensión en su contra fue liberada en el año 2017 y el 8 de mayo de ese año, fue aprehendido en la Ciudad de México por efectivos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en coordinación con elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En marzo de ese mismo año, Tarín García había declarado a El Heraldo de Chihuahua, en una entrevista telefónica, que la causa en su contra “es una persecución política del Gobierno del Estado por temas inexistentes”.

Al momento de hacer esas declaraciones, 29 de marzo de 2017, se encontraba en la Cámara de Diputados, donde intentaba rendir protesta como legislador federal, en su calidad de suplente de Carlos Hermosillo Arteaga, el diputado por el IX Distrito con cabecera en Hidalgo del Parral que falleció el 20 de marzo de ese mismo año en un accidente de carretera.

Además de la acusación de peculado por la que seguía bajo custodia, el nombre de Tarín García estaba inscrito en otras siete carpetas de investigación, todas relacionadas con los casos que seguía la Operación Justicia para Chihuahua.

Había ocupado diversos cargos en el gobierno de Duarte (2010-2016), el último de ellos, presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda.

Tres años atrás ocurrió el suicidio de Octavio Acosta

El 6 de marzo de 2020, autoridades policiacas encontraron muerto al también exfuncionario del gobierno de César Duarte, Octavio Acosta Maldonado.

Según versiones publicadas en aquella fecha, se había colgado cuando estaba en su residencia ubicada entre las calles Marrón y Tomás Valles de la colonia Residencial Cantera II.

Acosta fue el secretario particular del gobernador José Reyes Baeza Terrazas (2004-2010) y fue uno de los pocos miembros de ese equipo que continuaron en la administración estatal tras el cambio de poderes.

Durante la primera parte del gobierno de Duarte, fue director administrativo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.

Su nombre también apareció en los llamados “Expedientes X” de la Operación Justicia para Chihuahua, pero nunca se le llevó a proceso.

En el mismo 2020, José Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector del organismo descentralizado Fideapech, falleció a causa del Covid-19.

Su fallecimiento, ocurrido en agosto de 2020 en el Hospital Central de Chihuahua, fue precedido por una lucha jurídica que emprendió el propio López Ramírez para ser liberado del Cereso 1,  debido a que era una persona de alto riesgo, propensa a contraer el Covid-19, que entonces se propagaba como pandemia.

La Fiscalía General del Estado de aquel entonces abrió una investigación, pero no se conoció su resultado.

Hugo Amed Schultz, el exalcalde preso por el caso del asesinato de Miroslava Breach, acusó en entrevista con el portal Los Ángeles Press al exgobernador Javier Corral y al exfiscal César Augusto Peniche, de haber fabricado sus declaraciones para vincularlo con el grupo criminal de los Salazar.

A seis años del crimen de la periodista, en un reportaje de Guadalupe Lizárraga se publica una entrevista con Shultz realizada en prisión, así como copias de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación 19-2017-8019 para enfatizar que en el caso hubo fabricación de culpables.

El medio destaca que un encuentro en Palacio de Gobierno al que Shultz fue citado para platicar, sirvió para convertirlo, bajo presión y sin su consentimiento (en una primera etapa de la investigación) en testigo de identidad reservada.

“Me insistían en que hiciera señalamientos de esa familia, los Salazar. Rangel escribía en la computadora, mientras me preguntaba y yo iba leyendo en la pantalla, que apenas alcanzaba a ver, porque uso lentes para leer”, cuenta Schultz, respecto al día en que fue citado por el gobernador Corral a su despacho en Palacio de Gobierno, para sostener una plática que luego se convertiría en declaración ministerial.

Erick Alejandro Rangel Ríos, era el ministerio público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio y encargado de la carpeta de investigación del asesinato de Miroslava Breach.

En la recreación de Lizárraga con base en el relato de Schultz, aquel sábado 27 de mayo, el entonces alcalde llegó a la oficina del gobernador Corral a las 6 de la tarde. Al mandatario lo acompañaban además de Peniche y Rangel, el entonces titular de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, así como el coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Narcomenudeo, José Roberto Frías Aguayo.

“Rangel Ríos, al tiempo que tecleaba, preguntaba a Schultz: “¿Así, profe?”. Y Schultz se defendía, “no, yo no estoy diciendo eso. Quíteselo, por favor”. Rangel Ríos volvía a leer rápido en la pantalla las respuestas que daba el entrevistado, y preguntaba de nuevo “¿Esto sí, profe?”, detalla el reportaje de Los Ángeles Press.

“Schultz reitera a esta periodista que fueron muy insistentes en poner el apellido Salazar en sus declaraciones, como él en negarlo. Insistente también, Corral en ofrecerle cervezas cuando subía la tensión entre ellos”, escribió Lizárraga.

Previamente, Schultz había recibido una llamada de Corral, a dos meses del homicidio de la periodista, para que acudiera a Palacio de Gobierno a platicar y “a echarse un refresquito”.

“Llego a la oficina y me los presentan a cada uno. El gobernador estaba tomando una cerveza y me ofreció una, y me dijo: Oiga profe, lo cité aquí porque lo vamos a entrevistar para evitar la presión mediática, porque lo queremos proteger”, habría señalado el gobernador y luego le explicaría que se trataba del caso Miroslava.

“Tenían una computadora lista en la oficina, y Javier Corral –caminando hacia la mesa donde estaba instalada– le habla a Schultz:

–Venga, profe, aquí le vamos a echar la mano.

Y me empiezan a hacer preguntas, presionándome a que yo dijera el nombre de Los Salazar”, se narra en la publicación.

El relato señala que Shultz reiteradamente tuvo que decir a Corral, Peniche y Jiménez Holguín  “pero yo, de ellos, no sé nada”.

“Pero yo estaba muy cansado y estresado, y no sabía nada de lo que ellos me preguntaban. Corral y Peniche tergiversaban lo que yo decía, y cuando les corregía volvían a preguntarme lo mismo. Fueron seis horas de mucha presión, hasta las 12 de la noche estuvieron con preguntas, y escribiendo y borrando, y volviendo a escribir”, contó Schultz al medio.

Dijo que en la sala de junta había una impresora donde finalmente imprimieron el documento que le dieron a firmar sin que tuviera oportunidad de leer, siempre en presencia de Corral y Peniche.

“Y ya que lo firmé, me despedí de todos. Yo estaba muy nervioso, pero yo no iba a desconfiar del gobernador, porque además yo no tenía nada que temer”, explica, “pero ya después, leí cosas que pusieron ellos y que yo no había dicho”, publicó Los Ángeles Press.

Lizárraga especificó que la entrevista en la cárcel a Hugo Schultz duró un par de horas, bajo la presencia de su abogado particular, Manuel Norberto Cortez Vázquez.

Cortez le dijo a la periodista que aquella declaración de su cliente no puede tener valor jurídico, porque no tenía calidad de imputado cuando fue citado a la oficina del gobernador, no estaba su abogado, ni se le podía coaccionar a declarar contra sí mismo o contra otras personas.

“Sin embargo, en el tomo IV de la carpeta de investigación mencionada, bajo la rúbrica del agente del Ministerio Público José Roberto Frías Aguayo, se encuentra esta declaración de Hugo Amed Schultz en tres páginas y, al final, en una cuarta, aparece solo la leyenda: Constancia: En la misma hora y fecha se hace constar que por separado se recabaron los datos de identidad del testigo, los cuales se guardan en sobre cerrado y lacrado”. Concluye con la firma de Frías Aguayo”, destaca el reportaje.

Agrega que en esa misma declaración, se especifica que se llevó a cabo a las 15:30 horas del 27 de mayo de 2017, y que se trata del testigo de identidad reservada con la clave “Boby”, a quien se le tomó protesta para que se condujera con la verdad en los términos del artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Esas hojas impresas llevan la firma y huella de Hugo Amed Schultz Alcaraz, pero no le tomaron la protesta, no le leyeron sus derechos, ni fue a esa hora cuando se reunió con ellos en la oficina del gobernador”, detalla el medio.

“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua fabricó su testimonio con alteraciones como una declaración ministerial en calidad de testigo de identidad reservada con la clave de Boby”, señala la publicación.

Los Ángeles Press destaca que el fiscal Peniche y el gobernador Corral dijeron que la declaración la había hecho Schultz en la Fiscalía, lo que fue negado por Schultz.

“Jamás fui a la Fiscalía, no existe una prueba de que yo estuve ahí, un video que me haya grabado, jamás se me mandó un citatorio para que yo hiciera una declaración. Es la primera vez que doy mi versión”, señaló el preso en el penal de Aquiles Serdán

En el recuento se informa que dieciséis días después, el 12 de junio de 2017, la Procuraduría General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, en colaboración con la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI/0000214/2017 incorporó la información de Hugo Amed Schultz como “persona de interés” dentro del grupo nominado Los Salazar.

Las irregularidades detectadas por el Auditor Superior del Estado (ASE) en el Ejercicio 2021 del Gobierno del Estado deben investigarse sin hacer prejuicios, demandaron los diputados de Morena, Oscar Castrejón y Cuauhtémoc Estrada.

Ambos legisladores coincidieron en que no se debe de condenar esto sin una previa averiguación a fondo a lo que fue el último año del gobierno de Javier Corral Jurado.

Luego de que Héctor Acosta Félix, titular de la ASE, expusiera los resultados de la revisión a la cuenta pública 2021 del Gobierno del Estado, con la detección de una serie de irregularidades, los congresistas destacaron que se tiene que llegar al fondo.

A su vez, Oscar Castrejón  dijo que “todo lo que es público debe de ser más público y transparente”.

“Debe de revisarse la veracidad de los datos o saber si es cuestión de interpretación, así como esperar los tiempos para que se dé respuesta a estos requerimientos presentados”, comentó.

Estrada Sotelo, quien coordina a la bancada morenista, declaró a favor en que se haga la investigación y las denuncias se interpongan ante las áreas correspondientes, ya que como ciudadanos tenemos derecho de conocer la verdad histórica.

“Tampoco prejuzguemos, sometamos esos resultados de las auditorías a los órganos competentes y que esos órganos competentes nos digan si las hubo. Y si las hubo, yo pediría que existan las sanciones correspondientes”, externó Estrada Sotelo.

Este ejercicio en cuestión es de la administración de Javier Corral Jurado, donde se han detectado diversas irregularidades en programas de diversas dependencias como el área de Desarrollo Rural, donde se entregaron cheques de beneficiarios a una misma cuenta.

El exgobernador César D.J. señaló que se encuentra en riesgo de perder sus extremidades por falta de atención médica dentro del centro penitenciario, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

Durante la audiencia en la que se llevó a cabo la petición de continuar el proceso penal en su contra en arraigo domiciliario, el exmandatario exhortó al actual gobierno a que haga justicia en este caso, así como a otros integrantes de su gabinete que eran perseguidos ‘políticos’.

El priista pidió al juez que se celebre el enjuiciamiento en su contra lo más rápido posible, ya que su salud no resistiría una larga espera. Dicho lo anterior, reiteró que es inocente de lo que se le imputa.

Dentro de su declaración, el exmandatario lanzó un reto a Javier Corral a quien lo hizo responsable de lo que ocurrió en el Cereso 3, donde escaparon 30 reclusos, recalcando que estos dentro de su gestión se encontraban recluidos en un centro de máxima seguridad.

Agregó que él jamás estuvo huyendo, solamente que radicaba en Estados Unidos debido a que lo amenazó de muerte gente integrante del gabinete de Javier Corral.

Retó a Corral Jurado a dar a conocer las acciones que se llevaron a cabo dentro de ambos gobiernos, donde él considera que en su administración se llevaron a cabo más obras, esto pese a que durante la de su predecesor se gozó de un 30 por ciento más de recursos.

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