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El exgobernador César D.J. señaló que se encuentra en riesgo de perder sus extremidades por falta de atención médica dentro del centro penitenciario, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

Durante la audiencia en la que se llevó a cabo la petición de continuar el proceso penal en su contra en arraigo domiciliario, el exmandatario exhortó al actual gobierno a que haga justicia en este caso, así como a otros integrantes de su gabinete que eran perseguidos ‘políticos’.

El priista pidió al juez que se celebre el enjuiciamiento en su contra lo más rápido posible, ya que su salud no resistiría una larga espera. Dicho lo anterior, reiteró que es inocente de lo que se le imputa.

Dentro de su declaración, el exmandatario lanzó un reto a Javier Corral a quien lo hizo responsable de lo que ocurrió en el Cereso 3, donde escaparon 30 reclusos, recalcando que estos dentro de su gestión se encontraban recluidos en un centro de máxima seguridad.

Agregó que él jamás estuvo huyendo, solamente que radicaba en Estados Unidos debido a que lo amenazó de muerte gente integrante del gabinete de Javier Corral.

Retó a Corral Jurado a dar a conocer las acciones que se llevaron a cabo dentro de ambos gobiernos, donde él considera que en su administración se llevaron a cabo más obras, esto pese a que durante la de su predecesor se gozó de un 30 por ciento más de recursos.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentará una denuncia penal contra funcionario o funcionarios de la administración anterior por el desvío de 98.6 millones de pesos (MDP) hacia una empresa de consultoría financiera que no entregó el trabajo para el cual se le contrató.

En la revisión a la Cuenta Pública del 2019, anteúltima del gobierno de Javier Corral Jurado, la ASE encontró que la Secretaría de Hacienda de esa administración pagó la suma antes mencionada al despacho “López Elías Finanzas Públicas, S.C.” a nombre de Pedro López Elías por servicios profesionales para la reestructura de la deuda pública de Chihuahua.

Sin embargo, aunque el pago se realizó, no existen evidencias de que la empresa antes citada haya ejecutado las actividades para las que se le contrató.

Además de lo anterior, se encontró la probable irregularidad de haber utilizado la figura del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago entre el Estado de Chihuahua y Banco Regional S.A para realizar el pago.

De esa forma, se hizo la contratación “de manera discrecional y directa al despacho, obviando la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua”.

Al no sujetarse a esa normatividad, se perdió la oportunidad de buscar mejores condiciones de contratación para el estado.

Tampoco se contaba con la suficiencia presupuestal que establece la legislación en la materia, ni se hicieron las investigación de mercado, el dictamen de excepción y la autorización del Comité Especial, establecer en el contrato las garantías y penas convencionales, y registrar el contrato en el Sistema Electrónico de Compras.

El 4 de julio se constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago entre el Estado de Chihuahua y Banco Regional S.A., estableciendo como obligación del Banco contratar la prestación de los servicios que el Estado le instruya por escrito.

Esa misma fecha, el entonces Secretario de Hacienda instruyó al Fideicomiso la contratación de “López Elías Finanzas Públicas, S.C.”.

Mediante una auditoría forense, la ASE encontró que la firma contratada en realidad hizo poco a cambio del dinero que se le pagó, ya que, de 170 actividades que debieron de haber ejecutado, 137 corresponde a relatorías o documentos oficiales que elaboró la propia Secretaría de Hacienda, mientras que las otras 33 no fueron presentadas.

Además, se encontraron entregables fechados desde enero del 2019, es decir, antes de que se celebrara el contrato.

El informe de Cuenta Pública señala que, en marzo de 2022 se entrevistó a personal del Departamento de Información Financiera de Hacienda, manifestando que participaron activamente en las actividades objeto de la contratación de prestación de servicios, de las cuales algunas de ellas se llevaron a cabo incluso sin apoyo del despacho.

Otra observación advierte que la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP emitió un total de 52 prevenciones, ya que los contratos de crédito que se pretendían inscribir en el Registro Público Único no estaban apegados a la normatividad aplicable,

Por lo anterior, la ASE presentará respectivas denuncias administrativas y penales contra quien o quienes resulten responsables.

Dos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara al Gobierno del Estado por someter a juicio al encargado de investigar casos de corrupción contra César Duarte, la Fiscalía General de la República atrajo el caso.

Las autoridades de Chihuahua, a través de su Fiscalía General, se concretaron a comentar que ya recibieron el oficio que se encuentran analizando y contestado para cumplir la entrega en las que la FGR fijó en 24 horas.

La FGR pidió entregar una copia de la carpeta contra Francisco G.A. quien se encuentra recluido en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán.

El Presidente expuso el caso en “La Mañanera” y advirtió que había casos de índole Federal contra el exmandatario César Duarte.

También López Obrador advirtió sesgos de venganza en contra del exgobernador Javier Corral, quien había documentado e investigado al duartismo con el apoyo de su fiscal anticorrupción Francisco G.A.

El oficio en el que la FGR dio el plazo de 24 horas para la entrega del expediente que se le sigue al exfiscal fue entregado hace unas horas al propio acusado de tortura psicológica.