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La Fiscalía Anticorrupción del Estado emprendió sendas acciones penales contra el exgobernador Javier Corral Jurado y el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, debido a los pagos presuntamente indebidos por una suma total de 98 millones de pesos a la empresa López-Elías Finanzas Públicas por servicios de asesoría para la reestructuración de su deuda pública.

Ese supuesto desfalco, según las declaraciones públicas tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Auditoría Superior del Estado (ASE), surgió de las revisiones a las cuentas públicas del Gobierno de Javier Corral, correspondientes a los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en los informes de Cuenta Pública emitidos y publicados por la ASE, correspondientes a esos años, no se encuentra ni una sola mención a los pagos realizados a López-Elías Finanzas Públicas, ni a la reestructuración de la deuda.

Según lo ha informado el fiscal Anticorrupción, tanto Corral como Arturo F.V. autorizaron “indebidamente” el pago de los 98.6 millones en dos exhibiciones de a 49.3 mdp cada una. La primera se habría realizado en el año 2019 y la segunda, en el 2020.

No obstante, ni en el Informe de Cuenta Pública 2020, que abarcaría la revisión al gasto público del 2019, ni en la del 2021, que da cuenta de lo hecho en el 2020, existe recomendación, observación, solicitud de aclaración, informes de presunta responsabilidad o denuncias de hechos relacionados a la operación de la reestructura de la deuda.

En la revisión del 2021, se incluye una Denuncia de Hechos por el hecho de que la Secretaría de Hacienda no transfirió al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense un importe de 107 millones, 389 mil ,518 pesos. por concepto de recursos recaudados en el ejercicio fiscal 2021 por concepto de 10 por ciento de Contribución Extraordinaria del ISN.

Pero no aparecen los pagos a la firma asesora contratada para la reestructura de la deuda, presuntamente irregulares, que dieron motivo a una denuncia de hechos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que luego derivó en sendas órdenes de aprehensión contra Javier Corral y Arturo F.V.

Para el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, existen una serie de actos constitutivos de delito, como el hecho de que haber realizado ese gasto sin tener suficiencia presupuestal, ni estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en las cuentas de esos años, la ASE no hizo esos señalamientos. Tampoco en la del 2021, último año de la gestión de Javier Corral.

Toda vez que se trata de una persecución política, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, continuará en el equipo de Claudia Sheinbaum, dijo la presidenta de México desde Manzanillo.

Al término de la inauguración del acueducto Armería-Manzanillo, la presidenta electa fue consultada sobre la permanencia del exgobernador y si dejaría su equipo, a lo que respondió: “no hay por qué”, publicó Milenio

“No tendría porqué, además es senador”, dijo ante los medios de comunicación.

“Es una persecución, justamente. No tiene una base, es una ruta de venganza”, declaró.

Apenas en abril de este año, Sheinbaum habló sobre la creación de una Agencia Anticorrupción, que tendría el propósito de investigar las presuntas irregularidades cometidas por otras instituciones, en la que supuestamente estaría Javier Corral, y que no ha sido anunciado de manera formal.

Corral desvió 98.6 mdp, estima Fiscalía de Chihuahua

Recientemente, el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, informó que el intento de detención al exgobernador, Javier Corral, fue por peculado agravado, ya que presuntamente desvió 98 millones 600 mil pesos.

El funcionario indicó que Corral, junto con el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, dispusieron de dicha cantidad para la supuesta reestructura de la deuda estatal, durante 2019 y 2020, y por ello se realizó una investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La investigación arrojó que los 98.6 millones de pesos fueron usados para simular un contrato con un despacho legal para la reestructura de la deuda en Chihuahua.

Durante su mandato, Corral acusó que esta deuda era resultado de la corrupción durante la administración del priista César Duarte.

El 14 de agosto, personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó minutos después de las 22:00 horas en el restaurante Gin Gin, en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, para cumplimentarle una orden de aprehensión a Javier Corral.

Ante esa situación, el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, se presentó en el establecimiento y junto a agentes ministeriales capitalinos rescataron al senador electo.

EC

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en la conferencia mañanera de este viernes 16 de agosto que el caso contra el exgobernador Javier Corral se quiere sustentar en delitos fabricados por Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua.

Recordó que este caso creado se debe a la denuncia de Corral contra César Duarte por el uso indebido del dinero para campañas.

“Entonces, vienen la venganza y acusan a Javier Corral de que desvió 90 millones de pesos… y la acusación la hace la procuraduría de Chihuahua y quien lleva el juicio es el Poder Judicial de Chihuahua…Es un asunto completamente político”, dijo AMLO.

El presidente reiteró que el caso conta Javier Corral se trata de “venganzas políticas” por el caso Duarte entre el exgobernador y la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Asimismo, AMLO aseguró que “le da flojera” estar recordando el contexto del caso “ante la amnesia” sobre el caso de corrupción de César Duarte, también exgobernador de Chihuahua.

“Son cosas que tienen que ver con venganzas políticas…Yo lo que puedo decir es que políticamente hay una diferencia entre la actual gobernadora y el exgobernador que se origina porque el exgobernador corral es el promotor de la denuncia contra el gobernador Duarte, la acusación de corrupción…como Corral va a ser senador, pues se apresuran a detenerlo, a implicarlo, para que no pueda ser senador”, mencionó el presidente.

EC

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) cumplió en tiempo y en forma con todos los protocolos del convenio con su contraparte de la Ciudad de México para ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y fue la negativa del encargado del despacho de la Fiscalía capitalina para cumplir con ese acuerdo lo que impidió la detención, sostuvo este día el fiscal Anticorrupción del Estado, Luis Abelardo Valenzuela.

La desviación de 98 millones 600 mil pesos hacia la cuenta de un particular, supuestamente para reestructurar la deuda estatal, constituye el delito por el que son perseguidos Corral Jurado y su subordinado AFV, quien era su secretario de Hacienda y cómplice en el delito imputado al exgobernador de Chihuahua, exfuncionario que hoy se encuentra prófugo de la justicia.

En rueda de prensa, el fiscal Valenzuela dijo que los delitos laceran a la sociedad, pero más cuando los comete un servidor público, debido a que deriva en la falta de servicios públicos y bienestar para la sociedad.

Dijo que el 14 de agosto la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) solicitó y le fue aprobada la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para cumplir con el arresto de Corral, como comentó sucedió hace dos semanas con la orden de aprehensión girada contra un empresario acusado de falsificación de documentos que involucró el desvío de más de 41 millones de pesos, colaboración que destacó fue totalmente exitosa.

Comentó que la solicitud formal para recibir el apoyo de las autoridades capitalinas para la detención de Corral Jurado fue presentada a las 8 de la noche del 14 de agosto y aprobada por Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía General de la Ciudad de México, la cual permitía el ingreso de los agentes para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Corral Jurado.

Explicó que también se acordó el plazo del 14 al 20 de agosto del 2024 para cumplir con la aprehensión.

Dijo que Corral fue ubicado a las 8 de la noche en el Restaurante Gin Gin de la CDMX, por lo que se procedió a aprehenderlo con el ordenamiento judicial en mano.

Tras permitirle hacer unas llamadas a Corral, momentos después –contó Valenzuela– llegaron al lugar más de 100 elementos policíacos que con la negativa del encargado del despacho de la Fiscalía capitalina para cumplir con ese convenio interinstitucional impidieron que se detuviera al exgobernador.

Fiscalía de CDMX revocó acuerdo formal

Tras tomar custodia de Corral, dijo que los agentes capitalinos lo subieron a bordo de una unidad oficial y lo retiraron del lugar, revocando de esa manera el acuerdo formal entre las dos Fiscalías.

Dijo Valenzuela que la orden de aprehensión se cumplió con base a todos los márgenes y requisitos legales contemplados en el convenio entre las Fiscalías y que con sus acciones el encargado del despacho de la Fiscalía capitalina revocó y contravino dichos acuerdos permitiendo a Corral evadir así la acción de la justicia.

Por otra parte, las acciones de los agentes del estado se dieron con base y en cumplimiento al acuerdo entre Fiscalías y en particular en su Cláusula 12ª , Fracción 5ª en donde las partes se obligan a entregar y registrar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados con un pleno respeto a sus derechos humanos, permitiendo además el ingreso a los agentes para que hagan cumplir con la orden de aprehensión, explicó en rueda de prensa.

Los cargos

“Los hechos que se le imputan al hoy exgobernador fueron puntualmente denunciados por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Se le atribuye a JCJ que en su carácter de gobernador del Estado de Chihuahua en conjunto con su subordinado AFV, hoy prófugo de la justicia, de manera ilícita dispusieron del erario la cantidad de 98 millones 600 mil pesos, pues efectuaron dos pagos a un particular a su cuenta bancaria Santander con la finalidad aparentemente de reestructurar la deuda pública del estado”, expresó.

Comentó que el primer pago se realizó el día 3 de diciembre del 2019 y el segundo el 5 de agosto del 2020, cada uno de ellos por la cantidad de 49 millones 300 mil pesos pesos.

“Lo cual devino en ilegal, toda vez que esta contratación fue simulada con la intención de disponer de dicho recurso de las finanzas del estado, a sabiendas de que el contrato no se cumpliría”, leyó Valenzuela.

Al momento de la comisión de los hechos delictivos en el Gobierno del Estado de Chihuahua, Corral Jurado fungía como depositario del poder ejecutivo y su subordinado AFV, hoy prófugo de la justicia, tuvo el encargo entonces de secretario de Hacienda, lo cual abundó obra en los datos de la carpeta de investigación, dijo.

“JCJ ostentó el cargo de gobernador del Estado de Chihuahua y de conformidad con el artículo 93 de la Constitución del Estado de Chihuahua tenía la calidad de garante del cuidado de los fondos públicos del estado”, estableció.

Indicó que la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía que encabeza fue obsequiada por un juez de control del Distrito Morelos, en contra del exgobernador, tiene los antecedentes de que la denuncia fue presentada por la Fiscalía el pasado mes de enero del año 2023 por parte de la Auditoría Superior del Estado, que tiene como función el manejo, custodia y fiscalización de los recursos del estado.

Informó que la decisión de contratar al particular a quien le fueron depositados los recursos en cuestión fue responsabilidad de Corral y de quien era entonces su secretario de Hacienda.

Exsecretario de Hacienda, sin conocimientos para atender la deuda

Mencionó que se demostró también que el particular no acreditó ante Hacienda los trabajos que realizaría y que carecía del conocimiento técnico para efectuarlos, además de que no poseía conocimientos adecuados sobre la reestructura de la deuda estatal.

“Por la relevancia del monto y el grave costo a la hacienda pública del estado, Corral y AFV fueron conscientes y determinados a contratar al particular a sabiendas de que no debieron de haberlo hecho”, indicó el fiscal.

Exhibió además que la contratación del particular sucedió 171 días antes de que se hiciera la solicitud para ello y que el pago de la primera etapa ocurrió 15 días antes de la solicitud de suficiencia presupuestaria, eso aunado a que no se contó con la autorización correspondiente para la contratación del particular involucrado.

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