La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) cumplió en tiempo y en forma con todos los protocolos del convenio con su contraparte de la Ciudad de México para ejecutar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y fue la negativa del encargado del despacho de la Fiscalía capitalina para cumplir con ese acuerdo lo que impidió la detención, sostuvo este día el fiscal Anticorrupción del Estado, Luis Abelardo Valenzuela.
La desviación de 98 millones 600 mil pesos hacia la cuenta de un particular, supuestamente para reestructurar la deuda estatal, constituye el delito por el que son perseguidos Corral Jurado y su subordinado AFV, quien era su secretario de Hacienda y cómplice en el delito imputado al exgobernador de Chihuahua, exfuncionario que hoy se encuentra prófugo de la justicia.
En rueda de prensa, el fiscal Valenzuela dijo que los delitos laceran a la sociedad, pero más cuando los comete un servidor público, debido a que deriva en la falta de servicios públicos y bienestar para la sociedad.
Dijo que el 14 de agosto la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) solicitó y le fue aprobada la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para cumplir con el arresto de Corral, como comentó sucedió hace dos semanas con la orden de aprehensión girada contra un empresario acusado de falsificación de documentos que involucró el desvío de más de 41 millones de pesos, colaboración que destacó fue totalmente exitosa.
Comentó que la solicitud formal para recibir el apoyo de las autoridades capitalinas para la detención de Corral Jurado fue presentada a las 8 de la noche del 14 de agosto y aprobada por Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Fiscalía General de la Ciudad de México, la cual permitía el ingreso de los agentes para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Corral Jurado.
Explicó que también se acordó el plazo del 14 al 20 de agosto del 2024 para cumplir con la aprehensión.
Dijo que Corral fue ubicado a las 8 de la noche en el Restaurante Gin Gin de la CDMX, por lo que se procedió a aprehenderlo con el ordenamiento judicial en mano.
Tras permitirle hacer unas llamadas a Corral, momentos después –contó Valenzuela– llegaron al lugar más de 100 elementos policíacos que con la negativa del encargado del despacho de la Fiscalía capitalina para cumplir con ese convenio interinstitucional impidieron que se detuviera al exgobernador.
Fiscalía de CDMX revocó acuerdo formal
Tras tomar custodia de Corral, dijo que los agentes capitalinos lo subieron a bordo de una unidad oficial y lo retiraron del lugar, revocando de esa manera el acuerdo formal entre las dos Fiscalías.
Dijo Valenzuela que la orden de aprehensión se cumplió con base a todos los márgenes y requisitos legales contemplados en el convenio entre las Fiscalías y que con sus acciones el encargado del despacho de la Fiscalía capitalina revocó y contravino dichos acuerdos permitiendo a Corral evadir así la acción de la justicia.
Por otra parte, las acciones de los agentes del estado se dieron con base y en cumplimiento al acuerdo entre Fiscalías y en particular en su Cláusula 12ª , Fracción 5ª en donde las partes se obligan a entregar y registrar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados con un pleno respeto a sus derechos humanos, permitiendo además el ingreso a los agentes para que hagan cumplir con la orden de aprehensión, explicó en rueda de prensa.
Los cargos
“Los hechos que se le imputan al hoy exgobernador fueron puntualmente denunciados por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Se le atribuye a JCJ que en su carácter de gobernador del Estado de Chihuahua en conjunto con su subordinado AFV, hoy prófugo de la justicia, de manera ilícita dispusieron del erario la cantidad de 98 millones 600 mil pesos, pues efectuaron dos pagos a un particular a su cuenta bancaria Santander con la finalidad aparentemente de reestructurar la deuda pública del estado”, expresó.
Comentó que el primer pago se realizó el día 3 de diciembre del 2019 y el segundo el 5 de agosto del 2020, cada uno de ellos por la cantidad de 49 millones 300 mil pesos pesos.
“Lo cual devino en ilegal, toda vez que esta contratación fue simulada con la intención de disponer de dicho recurso de las finanzas del estado, a sabiendas de que el contrato no se cumpliría”, leyó Valenzuela.
Al momento de la comisión de los hechos delictivos en el Gobierno del Estado de Chihuahua, Corral Jurado fungía como depositario del poder ejecutivo y su subordinado AFV, hoy prófugo de la justicia, tuvo el encargo entonces de secretario de Hacienda, lo cual abundó obra en los datos de la carpeta de investigación, dijo.
“JCJ ostentó el cargo de gobernador del Estado de Chihuahua y de conformidad con el artículo 93 de la Constitución del Estado de Chihuahua tenía la calidad de garante del cuidado de los fondos públicos del estado”, estableció.
Indicó que la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía que encabeza fue obsequiada por un juez de control del Distrito Morelos, en contra del exgobernador, tiene los antecedentes de que la denuncia fue presentada por la Fiscalía el pasado mes de enero del año 2023 por parte de la Auditoría Superior del Estado, que tiene como función el manejo, custodia y fiscalización de los recursos del estado.
Informó que la decisión de contratar al particular a quien le fueron depositados los recursos en cuestión fue responsabilidad de Corral y de quien era entonces su secretario de Hacienda.
Exsecretario de Hacienda, sin conocimientos para atender la deuda
Mencionó que se demostró también que el particular no acreditó ante Hacienda los trabajos que realizaría y que carecía del conocimiento técnico para efectuarlos, además de que no poseía conocimientos adecuados sobre la reestructura de la deuda estatal.
“Por la relevancia del monto y el grave costo a la hacienda pública del estado, Corral y AFV fueron conscientes y determinados a contratar al particular a sabiendas de que no debieron de haberlo hecho”, indicó el fiscal.
Exhibió además que la contratación del particular sucedió 171 días antes de que se hiciera la solicitud para ello y que el pago de la primera etapa ocurrió 15 días antes de la solicitud de suficiencia presupuestaria, eso aunado a que no se contó con la autorización correspondiente para la contratación del particular involucrado.
