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Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, se pronunció sobre el intento de detención en su contra que ocurrió anoche por parte del personal de la Fiscalía General de ese estado, cuando cenaba en un restaurante ubicado en la Ciudad de México, del que fue ‘rescatado’ por Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), al obstruir la orden de aprehensión.

En su cuenta de X, antes Twitter, Corral Jurado informó que denunció a la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin, por presuntamente cometer abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad en grado de tentativa, publicó Infobae.

“A la Opinión Pública: Con motivo de los hechos ocurridos la noche de ayer 14 de agosto de 2024, me permito compartir lo siguiente:

“He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin y/o quién o quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y lo que resulte”, escribió en la red social.

En la misma publicación, el exmandatario chihuahuense acusó que las autoridades de Chihuahua intentaron detenerlo de forma artera, arbitraria y “fuera de todo cauce legal”, argumentando que no contaban con la autorización del convenio de colaboración entre fiscalías estatales.

Asimismo, aseguró que está dispuesto a comprobar que no ha cometido ningún delito, pues acusó que el intento de arresto derivó de una persecución política en su contra e incluso, afirmó que las instituciones de justicia estatales “están cooptadas por la gobernadora”, a quien señaló de estar “bajo control” de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones.

“En virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de los delitos en mi contra que estaba teniendo lugar, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derechos. Reconozco el actuar conforme a Derecho de las autoridades de esta ciudad.

“No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido”, enfatizó.

“En efecto, en mis funciones como gobernador del Estado de Chihuahua siempre actué en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Particularmente, emprendí un combate en contra de la corrupción de la actual gobernadora quien incluso estuvo vinculada a proceso, y de su red de complicidades político-criminales. Son estos oscuros intereses los que ahora me persiguen. Seguiré compartiéndoles más información a lo largo del día. Agradezco los mensajes de solidaridad y respaldo que me han hecho llegar y que también se han expresado a través de las redes sociales ante esta nueva canallada del #maruduartismo”, concluyó.

Un inusual y tenso enfrentamiento entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la Fiscalía General de la Ciudad de México terminó con la sorpresiva liberación del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en un restaurante de la colonia Roma. La detención, que parecía inminente, fue frustrada por la intervención directa de Ulises Lara, fiscal general de la capital.

El incidente ocurrió en el restaurante Gin Gin, donde agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua arribaron con una orden de aprehensión contra Corral, acusado de peculado y corrupción. Sin embargo, lo que comenzó como un operativo de rutina tomó un giro inesperado cuando Ulises Lara se presentó en el lugar y, en una controvertida decisión, rechazó la orden emitida por la fiscalía chihuahuense, permitiendo que Corral abandonara el sitio.

Testigos presenciales reportan que la discusión entre los fiscales de ambas entidades se prolongó por varios minutos, generando incertidumbre entre los presentes. Finalmente, la intervención de Lara prevaleció, lo que dejó a los agentes de Chihuahua sin poder cumplir con la detención del exgobernador.

Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no ha emitido un comunicado oficial respecto a lo sucedido, lo que ha incrementado las especulaciones sobre las motivaciones detrás de la acción del fiscal capitalino y el futuro legal de Javier Corral, quien enfrenta serias acusaciones en su estado natal.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) admitió el expediente que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició en contra del exgobernador Javier Corral Jurado.

Alejandro Tavares Calderón, magistrado presidente del TEJA, determinó dejar asentado el expediente.

Cabe recordar que el 23 de julio fue la audiencia de Javier Corral, a la cual no asistió presencialmente sino que envió a su abogado, quien entregó la respuesta con argumentos del exmandatario.

El TEJA analizó los documentos del procedimiento esta misma semana, ya que estaban en días inhábiles.

Dicho procedimiento se desprende de las acusaciones que surgieron en mayo de 2022 cuando el diputado del PRI, Omar Bazán presentó una denuncia en contra del exgobernador.

Dichas denuncias son un procedimiento de responsabilidad administrativa por no haber declarado un predio en Ciudad Juárez, adquisición en la que el exmandatario podría haber incurrido en supuestos actos de corrupción.

EC

El amparo que promovió el exgobernador Javier Corral con el cual pretendía evadir la responsabilidad administrativa ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), le fue negado por la sala tercera de distrito.

La autoridad jurisdiccional federal determinó desechar la demanda de amparo respecto al acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, de fecha uno de julio de dos mil veinticuatro.

El juzgador le niega a Corral la suspensión provisional en relación con las declaraciones ya efectuadas, dado que son hechos consumados.

“Resulta improcedente conceder la medida cautelar respecto a los actos consistentes en las entrevistas, declaraciones y comparecencias que las autoridades responsables gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua, titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua y encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua, llevaron a cabo ante los medios masivos de comunicación, en los que realizaron aseveraciones y conjeturas sobre la situación legal de la parte quejosa y sobre el contenido del procedimiento disciplinario seguido en su contra, en razón que tales actos reclamados tienen el carácter de consumados”, dice el acuerdo.

El acuerdo agrega que con fundamento en lo que dispone en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto que en lo subsecuente, las autoridades responsables al ejercer en su doble aspecto su libertad de expresión prescindan de emitir pronunciamientos de culpabilidad o insidiosos que vulneren la presunción de inocencia de la parte quejosa  en relación a cualquier información relativa al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

El día 22 de agosto del presente año tendrá lugar la audiencia incidental para determinar si la suspensión definitiva es otorgada; mientras que la será hasta el 27 de septiembre próximo cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional, para resolver la solicitud de amparo en definitiva.

Cabe recordar que el pasado 23 de julio el exgobernador Javier Corral Jurado no asistió a la audiencia sobre evasión fiscal y enriquecimiento ilícito a la que fue citado por la Función Pública.

Dicho procedimiento se desprende de las acusaciones que surgieron en mayo de 2022 cuando el diputado del PRI, Omar Bazán presentó una denuncia en contra del exgobernador.

En dichas denuncias se le acusa de no haber declarado un predio en Ciudad Juárez, adquisición en la que el exmandatario podría haber incurrido en actos de corrupción.

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