Durante la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, Jesús Manuel Fernández, representante de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, reconoció deficiencias iniciales en la investigación.
Sin embargo, agregó, el caso está cerca de alcanzar justicia, con un imputado actualmente sujeto a proceso penal.
Durante su intervención, Fernández admitió que existió una “dilación en el inicio de la investigación”, particularmente en las primeras horas y días tras la desaparición de Lilia Alejandra, cuando las autoridades no desplegaron de inmediato los operativos de búsqueda.
Atribuyó estas fallas a la “ausencia de estructuras especializadas y capacitadas” para atender delitos de género en aquel momento.
Sin embargo, insistió en que estas carencias han sido superadas con el tiempo y que el Estado ha actuado con “debida diligencia” para esclarecer los hechos.
Entre los puntos que presentó en favor de la investigación realizada por las autoridades de Chihuahua, mencionó el avance en las pruebas genéticas.
Expuso que, aunque desde 2001 se recabaron muestras de ADN, no fue sino hasta 2018 cuando se logró identificar una coincidencia con el perfil genético del presunto responsable, quien también estaría vinculado a los casos de otras tres víctimas de feminicidio en la región, ya con sentencias condenatorias.
Fernández destacó que los peritajes realizados por FGE de Chihuahua han sido consistentes con análisis internacionales independientes, lo que, según él, garantiza la solidez técnica del caso.
En el juicio que se le sigue al Estado Mexicano por el caso del homicidio de Lilia Alejandra García Andrade, el representante por el Gobierno de Chihuahua menciona que en septiembre de 2023, un juez emitió una orden de aprehensión contra el imputado, quien actualmente enfrenta cargos por homicidio y violación sexual.
Además, señaló que el mes pasado se cerró la etapa de instrucción, por lo que el proceso avanza hacia la audiencia final y una eventual sentencia.
“El Estado mexicano sostiene que ha estado cumpliendo con sus obligaciones internacionales en el caso de Lilia Alejandra y considera que no existe un fundamento suficiente para que la Corte Interamericana sustituya la jurisdicción nacional”, afirmó Fernández, apelando al principio de complementariedad que rige al sistema interamericano.
