crimen organizado

Ante acontecimientos como los registrados en horas recientes, en los que grupos de migrantes se enfrentaron por la posesión de tapias para refugiarse, la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, indicó que los viajeros se están peleando los territorios hasta con delincuentes organizados y otras pandillas.

Señaló que aquí hay miles de personas (se calculan 35 mil por parte de organizaciones civiles), que están desesperadas y sin recursos para solventar sus necesidades.

“Lanzamos exigencia para que atienda su responsabilidad y fije las directrices de la política migratoria para actuar de manera coordinada”, declaró.

En las condiciones actuales, agregó, puede ocurrir otra tragedia o un estallido social.

Campos Galván declaró que se agudiza más el problema de las drogas y los migrantes se están peleando el territorio con otros grupos delincuenciales o pandillas por el fenómeno que ocurre sin control ni estrategia alguna.

Añadió que personal de Protección Civil estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) identificaron otros lugares en luz amarilla o roja de que generen conflictos,

como incendios, por lo que se les mantiene bajo vigilancia.

También mencionó que, hasta ahora, no se tiene identificado algún liderazgo entre los grupos de migrantes.

Guadalupe y Calvo, Batopilas, Uruachi y Guachochi son los municipios con más casos de personas desplazadas, pertenecientes a la comunidad indígena, detectados en la región serrana del estado, derivado de las dinámicas de violencia del crimen organizado.

Enrique Carrillo Rascón, titular de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (Coepi), señaló que la principal causa por lo que se registra este fenómeno es la inseguridad, razón que se presenta más en las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario estatal dijo desconocer si muerte de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, vaya a generar una migración de las comunidades en la que tenía presencia la organización criminal que éste lideraba.

Para la atención del desplazamiento forzado, Carrillo Rascón, indicó que en 2022 se instaló una mesa trabajo que coordina a diferentes áreas de la administración estatal, entre las que se encuentra la FGE, el DIF estatal, la Secretaría de Salud, Ceave, Coesvi y la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.

El titular de la Coepi señaló que en semanas pasadas se tuvo una reunión para tratar el tema de las medidas cautelares a los jesuitas, esto luego de que autoridades pidieran que estas se extendieran no solamente a los sacerdotes sino también a la comunidad.

Afirmó que actualmente se trabaja en el tema de seguridad para garantizar que no se registre migración, para lo cual el área que encabeza esta en coordinación permanente con las áreas de seguridad.

“La Iglesia también reza por ellos”, dice el obispo de la Diócesis de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, acerca de las personas que pertenecen a grupos delincuenciales que operan en la sierra de Chihuahua.

Por esa y otras razones, descarta que al menos los sacerdotes en los templos de la Diócesis estén bajo amenaza del crimen organizado a raíz de la muerte violenta del presunto narcotraficante José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”.

“El trasiego ha permanecido desde hace más de 40 años”, comenta.

“Entonces, directa o indirectamente, por diversas condiciones, están metidos dentro de los grupos (religiosos), y hemos convivido con esas familias y a muchos nos ha tocado bautizar a más de un delincuente”, agrega el presbítero.

En entrevista para Norte de Chihuahua acerca de la situación que vive la diócesis a raíz de la muerte de “El Chueco” y de los operativos de seguridad desplegados por el Estado mexicano tras el homicidio de dos sacerdotes jesuitas, González Sandoval descarta que vayan a sufrir represalias.

“Creo que, dentro de sus circunstancias que han tocado vivir, (ellos) conservan una fe en San Juditas, en la Virgen de Guadalupe y todavía hay un respeto por las cosas de Dios y por los otros ministros”, menciona el religioso.

Narra que, en diversas ocasiones, cuando circulan por la sierra, los “paran” en retenes de grupos delincuenciales, pero no los han agredido.

“No tenemos problemas porque saben que atendemos a sus familias, nos preocupamos por su salud espiritual porque también rezamos por ellos”.

Él mismo dice haber circulado por los caminos de la sierra sin mayores dificultades.

“Yo puedo circular en la sierra, aunque no me expongo en las noches. (Ellos) tienen “halcones” y nos identifican fácilmente y no nos paran. Nos dejan pasar, bajan las armas”, comenta.

De los operativos del Ejército, la Guardia Nacional y las fuerzas del Gobierno del Estado, menciona que sí han favorecido para establecer un clima de seguridad en la región aledaña a Cerocahui, donde fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, cuando estaban en el interior del templo.

“Mientras han estado las fuerzas de seguridad la gente se siente tranquila, porque de alguna manera se sienten más seguros.

Dijo además, que a raíz de la muerte “de esta persona” (El Chueco) la gobernadora Maru Campos se comprometió a establecer las medidas cautelares para la Compañía de Jesús, pero a solicitud de ésta, se extendieron para protección de toda la comunidad.

“Eso era y lo más importante: prometieron que permanecerán”.

De la reacción del grupo delictivo de “El Chueco”, respondió que no cree que haya represalias.

“Pedimos justicia no solo por la muerte de los padres (de Cerocahui), sino las más de 145 mil muertes en el país y violentas”, señaló.

“No sentimos miedo de alguna represalia puesto que la Iglesia está para buenos y malos y creo que nuestro Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores, no a los justos”, concluyó.

El alcalde Marco Bonilla Mendoza informó que se han registrado un total de 30 personas asesinadas hasta el corte realizado al 21 de marzo, lo que representa un 30 por ciento de aumento en cuanto al mes de febrero.

Enfatizó en que el combate frontal a la delincuencia organizada es responsabilidad del Gobierno Federal, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debería realizar una mesa de seguridad a nivel central, mostrando y explicando una estrategia nacional de seguridad para poder actuar en estas situaciones.

“Vemos brotes de violencia por todo el país y le pedimos al Gobierno Federal que no descuide Chihuahua, que ponga más atención sobre todo en el número de elementos”, dijo el alcalde.

Bonilla Mendoza indicó que el Municipio está en la mejor disposición de colaborar en el combate de la delincuencia organizada, “siempre y cuando todos los niveles cumplan con sus responsabilidades”.

Existen operativos en conjunto que se han estado realizando en diferentes zonas de la ciudad, este es el caso de Riberas de Sacramento, donde el comisario Julio Salas solicitó a la Sedena y a la GN concentrarse en los distritos Villa y Colón, para que los elementos municipales se hicieran cargo de los distritos Morelos y Zapata, a fin de poder contener ambos polos de inseguridad, explicó.

A lo anterior, externó que el pasado lunes 20 de marzo, se reportó un homicidio múltiple en la colonia 20 Aniversario, donde todo señala a que fue producto de una ejecución dentro de un “picadero”.