crimen organizado

GUACHOCHI, Chih. – Mientras el país se paraliza con bloqueos carreteros y protestas que copan las portadas, en la Sierra Tarahumara se libra una guerra real que ya dejó de ser silenciosa.

Entre la noche del lunes y la madrugada de este martes 25 de noviembre, la cabecera municipal de Guachochi volvió a despertar bajo ráfagas de fusil e incluso explosivos.

Autoridades reportaron que una pick up Ford F-150 modelo 2013, color gris y con reporte de robo desde el 20 de octubre en la ciudad de Chihuahua, fue asegurada abandonada en la calle Emiliano Zapata de la colonia Los Pinos, con impactos producidos por proyectil de arma de fuego.

En la calle Pascual Orozco, las autoridades hallaron un fusil calibre 7.62×39 abastecido con tres cartuchos y un chaleco táctico negro. Decenas de casquillos calibre .223 regados por las calles del centro fueron el saldo visible de un enfrentamiento entre civiles armados que duró más de tres horas.

Lo asegurado —el fusil, chaleco y vehículo— fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para investigaciones, mientras se intensifican las acciones de búsqueda de indicios, probables responsables y restablecimiento de la paz.

Sin víctimas oficiales, pero con miedo real

“Hasta el momento no se localizaron personas lesionadas ni fallecidas, únicamente objetos de interés criminalístico”, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), destacando el despliegue de la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Pero los vecinos saben que eso no significa que no los haya o que no los vaya a haber. A través de redes sociales, los mensajes solidarios y preventivos piden a la población mantenerse alejada de las calles por seguridad. Incluso, los planteles educativos han dejado a decisión de sus padres llevar a los estudiantes a clases.

Más de una semana en llamas

En los últimos diez días, Guachochi ha registrado distintos hechos de sangre y violencia: comunidades indígenas asediadas por hombres fuertemente armados que exigen comida; secuestro y desaparición de personas; un arsenal decomisado con un solo detenido y, ahora, esta balacera nocturna que obligó a familias a tirarse al piso.

Aunque el reporte oficial califica el enfrentamiento de anoche como un choque entre civiles, los videos que circulan en redes dejan ver que se trató de algo más que una simple balacera: el sonido de armas de alto poder de distintos calibres y explosiones deja ver que el armamento es más sofisticado y letal.

Recientemente se anunció el despliegue de un convoy militar para reforzar la seguridad en la zona, pero a nadie parece generarle tranquilidad en la región.

En Guachochi no hay reflectores nacionales, no hay conferencias de autoridades federales que toquen el tema o encabezados a ocho columnas de periódicos nacionales que informen sobre la situación. Solo hay una guerra que se libra en uno de los municipios más peligrosos del país, Guachochi, que seguirá siendo la zona de guerra de la que nadie habla en México.

La carretera vía corta entre Chihuahua y Parral, un sueño largamente acariciado por los habitantes del sur del estado, se ha convertido en una pesadilla para quienes viven en sus alrededores.

Sobre todo, para los conductores que, sin imaginar el peligro que los acecha, deciden tomar ese rumbo que no siempre los lleva al destino deseado.

Desde hace años, un grupo delictivo opera de forma permanente en ese tramo para asaltar a automovilistas, especialmente a quienes conducen camionetas de doble cabina o tipo van, todas de modelo reciente.

En eso se convirtió uno de los proyectos carreteros más ambiciosos de los gobiernos anteriores.

En la segunda mitad de la década de 1980, el Gobierno del Estado de Chihuahua inició las obras para concluir la carretera que acortaría la ruta entre Parral y la capital, y también hacia la frontera norte.

En ese entonces, aquello sonaba como un sueño hecho realidad: llegar a Chihuahua en dos horas y media tras recorrer 225 kilómetros, sin pagar casetas.

La otra opción era recorrer 305 kilómetros —de Parral a Jiménez y de ahí a Chihuahua— en tres horas con quince minutos.

El ahorro de tiempo era atractivo, pero más aún el económico, pues evitar la autopista significaba librarse del pago de tres casetas de peaje que, a precios actuales, ascenderían a 298 pesos por viaje, o 596 pesos en un recorrido redondo.

Ahorro en peajes y en gasolina, una hora menos de camino y la oportunidad de conocer paisajes poco transitados. Sonaba perfecto… pero no lo fue.

Después de escuchar las experiencias de más de 50 automovilistas y sus familias solo entre 2024 y lo que va de 2025, la ruta “corta” no unió una ciudad con otra, sino a las víctimas con sus victimarios.

Los 600 pesos ahorrados en casetas se vuelven centavos frente al terror que hoy se vive en la carretera Parral-Chihuahua.

Problema añejo que arreció en 2024

Aunque los asaltos en la vía corta son historia añeja, la problemática se acentuó en 2024, según los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante ese año y meses, la carretera vía corta Chihuahua–Parral fue sinónimo de miedo. Familias completas que regresaban de vacaciones, viajeros que venían de Estados Unidos o personas que transitaban entre comunidades rurales fueron interceptados en la oscuridad por grupos fuertemente armados que robaban sus camionetas y los abandonaban en el monte, maniatados con las agujetas de sus propios zapatos.

“Comenzamos a notar que los robos ocurrían dos veces por semana, casi siempre de noche o madrugada. Los asaltantes actuaban igual: vehículos recientes, pick-ups, preferentemente con placas de Estados Unidos”, relata Marisa Yahaira Domínguez Núñez, coordinadora de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía de la Zona Centro.

La funcionaria recuerda que a mediados de 2024 el número de asaltos se disparó. “Iban encapuchados, con ropa táctica y armas largas. Primero obligaban a bajar a las víctimas, pero después empezaron a subirlas a las camionetas para abandonarlas kilómetros adelante. Fue cuando vimos que la violencia iba en aumento”.

Los asaltantes se movían con precisión. De acuerdo con las investigaciones, llevaban los vehículos robados hacia sitios conocidos como San José del Sitio y Valerio, en el municipio de Satevó, puntos estratégicos para internarse por brechas y desaparecer sin dejar rastro.

Familias enteras bajo amenaza

Entre las víctimas había niños, adultos mayores y viajeros provenientes de Estados Unidos. “Les quitaban todo: teléfonos, equipaje, credenciales, visas. Por eso muchos tenían miedo de denunciar, sentían que los podían localizar”, cuenta Domínguez.

Ante el aumento de casos, la Fiscalía formó un grupo especial de atención, no solo para investigar los robos, sino para acompañar a las víctimas. “Les dimos atención psicológica, jurídica y apoyo para recuperar documentos. Incluso alojamiento y traslado, porque muchos ya no querían regresar por carretera”.

• El cerco que devolvió la calma

Con apoyo de la Guardia Nacional, Sedena y policías municipales, la Fiscalía implementó operativos conjuntos desde Chihuahua y Parral. Un total de 179 efectivos de todas las corporaciones posibles, desplegados en la zona, auxiliados con drones y el vuelo de un helicóptero.

Las cámaras del sistema Centinela resultaron clave para rastrear rutas y ubicar los vehículos implicados.

“En el último operativo revisamos cerca de 90 unidades; logramos identificar cinco pick-ups relacionadas con los asaltos. También aseguramos varios vehículos robados y cateamos puntos sospechosos”, señala la funcionaria.

Aunque los ataques disminuyeron durante varios meses, el pasado 9 de noviembre se registró un nuevo caso: diez viajeros que regresaban de Mazatlán fueron interceptados por ocho hombres armados con rifles y equipo táctico. “Afortunadamente, esta vez hubo una respuesta inmediata. La policía municipal de Satevó acudió enseguida y logramos seguir el caso por cámaras”, explicó.

“Siguen necesitando vehículos”

Domínguez Núñez considera que el repunte reciente obedece a la falta de unidades para el crimen organizado. “Se han asegurado decenas de vehículos en operativos, lo que afecta su capacidad de movilidad. Por eso vuelven a salir a buscarlos”, dice.

Hasta el momento, la Unidad de Robo de Vehículos tiene carpetas agrupadas por modus operandi, con información cruzada que ha permitido establecer líneas de investigación sólidas. “Hemos logrado mantener varios meses con saldo blanco, pero nuestro objetivo es que no vuelva a ocurrir ningún robo”, concluye.

El estado de Chihuahua se encuentra entre las entidades donde el crimen organizado recluta con mayor frecuencia a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con una publicación de Milenio y con advertencias de organizaciones civiles que exigen una respuesta urgente del Estado mexicano.

El medio nacional documenta que más de 250 mil menores en todo el país están en riesgo de ser utilizados por grupos delictivos como halcones, vigilantes, mensajeros, transportistas, extorsionadores o sicarios.

En Chihuahua, la mezcla de pobreza, deserción escolar, violencia y presencia sostenida de células criminales ha creado un terreno fértil para que los reclutadores operen con impunidad, principalmente en zonas periféricas y comunidades rurales.

Las organizaciones advierten que los grupos delictivos aprovechan la vulnerabilidad social y la falta de oportunidades, ofreciendo dinero fácil, pertenencia y protección a jóvenes que, en muchos casos, carecen de alternativas reales de vida.

El fenómeno, señalan, se agrava con la influencia de contenidos musicales y digitales que glorifican el narcotráfico y la violencia, lo que normaliza la figura del joven involucrado en actividades criminales.

A nivel nacional, Milenio ubica a Chihuahua, Colima, Baja California, Estado de México y Ciudad de México entre las entidades con mayor riesgo, y subraya que, pese a la gravedad del problema, no existe en México una sola persona adulta procesada por reclutamiento de menores, ya que este acto no está tipificado como delito.

Las organizaciones civiles urgen al Gobierno federal y a los congresos locales a reconocer el reclutamiento forzado de menores como una forma de violencia extrema y a crear políticas integrales de prevención que ataquen las causas estructurales de esta práctica.

En el estado de Chihuahua no se han erradicado de manera contundente los hechos de violencia relacionados con organizaciones del crimen; aunque se han controlado, “en cualquier momento se pueden salir de control”, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, Mario Cepeda Lucero.

El factor principal, precisó, es que los cárteles de la droga están luchando por territorio y, quizás, por la misma presión del Gobierno estadounidense, están buscando alternativas a los negocios que ya no tienen como antes.

Puso como ejemplo lo que ocurrió en esta frontera, cuando organizaciones criminales se aprovecharon del tráfico de migrantes para convertirlo en un negocio lucrativo.

Como ya no lo tienen —desde que el Gobierno estadounidense endureció la política migratoria— ahora existe el riesgo de que busquen alternativas para sostener sus ingresos, alertó.

Cepeda Lucero recordó que, en Ciudad Juárez, se han conocido directamente las repercusiones que puede tener la violencia desbordada de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas.

“Se disminuye de manera muy importante la actividad económica, la actividad social e, inclusive, la actividad familiar, porque dejas de interactuar con las personas”, señaló.

De acuerdo con el líder del sindicato patronal, en esta frontera se necesitaron cinco años para recuperar la normalidad, luego de que —por la inseguridad— emigraron cerca de 300 mil personas.