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crimen organizado

La candidata de la alianza opositora a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció que pese a la inseguridad que se vive en varias regiones del país, visitará las 32 entidades del país durante su campaña electoral.

En su Conferencia de la Verdad, la abanderada de la coalición Fuerza y Coalición por México afirmó que en su recorrido por el país para buscar el voto de los mexicanos, visitará principalmente las zonas del territorio nacional más complicadas por la presencia del crimen organizado.

“Voy a visitar las 32 entidades federativas en su totalidad y de hecho quiero ir a zonas especialmente complicadas, justo ahí es a donde yo quiero devolverle la esperanza a las personas que hoy viven con miedo, justo donde hay menos certezas es a donde quiero estar”, puntualizó.

Xóchitl Gálvez advirtió nuevamente que la intervención del crimen organizado es una gran amenaza para el proceso electoral que está en curso, por lo que expresó su preocupación por la seguridad de los candidatos a alcaldes, y a diputados locales y federales.

“Ya nos lo decía el Comando Norte en Estados Unidos, que hacen investigaciones muy serias sobre el tema de seguridad, que el 35 por ciento del territorio nacional está en manos de la delincuencia, así es que estos 50 focos rojos de los que habla la secretaria de Seguridad Pública en realidad deben de existir”, indicó.

“No sé si sean más o menos, no tengo yo los detalles de la información, pero me preocupan mucho los candidatos a alcaldes, me preocupan mucho los candidatos a diputados locales y federales, porque mal que bien, yo tengo un aparato de seguridad que me ha proporcionado el gobierno federal, que no creo que lo tengan todos los candidatos que van a estar en la calle”, enfatizó.

Dijo que ya van 12 personas asesinadas desde que inició este proceso electoral, entonces pues más le vale al INE -ayer se lo dije claramente- que tomen cartas en el asunto”.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto de la bancada de Morena, para que la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván atienda de manera inmediata y de forma integral el desplazamiento forzado y la violencia que se vive en el municipio de Guadalupe y Calvo y la sierra de Chihuahua. 

La petición solicitada por la diputada de Morena, Leticia Ortega Maynez, expuso que los residentes de la zona  sufren ataques y amenazas por parte de grupos delictivos que buscan reclutar jóvenes o apropiarse de su territorio para llevar a cabo diversos fines delictivos. 

Leticia Ortega agregó que de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, del 2015 al 2023, 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo han abandonado sus viviendas, por lo que es urgente que se brinde el alojamiento digno y seguro para las personas que ya fueron desplazadas de sus territorios. 

Aunado a lo anterior, dijo que el 14 de octubre del 2019 la CNDH emitió la recomendación no. 94 /2019 sobre el caso de desplazamiento forzado interno de 80 personas y por violaciones al derecho de acceso a la justicia y a la verdad, debido a la inadecuada procuración de justicia en agravio de 102 personas integrantes de dicho grupo familiar cometidas por la FGE. 

Mientras que, el 29 de abril del 2022 se emitió otra Recomendación 96/2022 a autoridades de Chihuahua por vulnerar los derechos humanos y no otorgar atención a 120 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, cinco de las cuales fueron asesinadas y una más lesionada en Uruachi y Guazapares.

“Instamos a la gobernadora a brindar la protección y ayuda humanitaria a todas aquellas personas que son víctimas de desplazamiento forzado, otorgándoles viviendas dignas y seguras, con dormitorios, baños, servicios básicos y condiciones de higiene óptimas”, expresó en la Diputación Permanente. 

El punto de acuerdo fue aprobado con 5 votos a favor, sin embargo, al momento de debate el diputado del PAN, Gabriel García Cantú, solicitó una mención que también fue aprobada, para que se solicitará información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal sobre las acciones emprendidas en el estado de Chihuahua. 

Además de que el titular de la Fiscalía General de la República informe al Legislativo de Chihuahua, el número de carpetas de investigación iniciadas por la comisión del delito de delincuencia organizada en el estado, el número de personas detenidas, vinculadas a proceso y sentenciadas, y si los agentes aprehensores de estas personas han sido por agentes policiales del orden federal, municipal o estatal.

Por último, también incorporó un llamado a las personas titulares de la Comisión Nacional y Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que actúen e intervengan conforme a derecho en el tema.

Registra Baborigame más de 150 personas desplazadas “forzadamente” en 2024 

Veinte menores de edad, 15 niños y cinco niñas, fueron presentados ayer como policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en la comunidad de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín Herrera, Guerrero.

Algunos portaban rifles calibre .22, el arma reglamentaria para policías comunitarias en el estado.

Se explicó que los menores sólo realizarán tareas de vigilancia en la comunidad.

Luis Morales Rojas, del Consejo de la Policía Comunitaria, afirmó que los menores se sumaron a la corporación por la falta de resultados de las autoridades para localizar a cuatro integrantes de una familia privada de su libertad desde el jueves pasado.

En rueda de prensa ofrecida este día, el fiscal de la Zona Norte, Carlos Salas, refirió que la colonia Anapra sigue siendo utilizada por grupos del crimen organizado como zona de operación para el tráfico y secuestro de migrantes, donde las casas de seguridad sirven además como laboratorios de confección o empaquetado de drogas.

Mencionó que en un caso registrado hace días, se descubrió que una manzana completa era utilizada por una red criminal, donde la totalidad de las viviendas estaban interconectadas para desplazarse entre ellas.

Indicó que en una de dichas fincas, presuntos delincuentes tenían en su poder otros dos polleros o coyotes de bandas contrarias, donde la intención era extraerles información y al momento de llegar las autoridades y liberarlos, las víctimas denunciaron que además de ellos estaban algunos migrantes a quienes iban a cruzar a Estados Unidos.

De acuerdo a las investigaciones, la privación de los dos presuntos polleros por la banda contraria, ocurrió en las inmediaciones del aeropuerto, cuando iban a recoger a migrantes.

Los que los detienen son de “La Empresa” y los otros de una banda contraria, comentó.

Dijo que unas 15 personas salieron corriendo, pero hubo dos detenidos que ya están vinculados a proceso.

Agregó que las autoridades estatales descubrieron el lugar, donde tenían además un laboratorio de confección de dosis de estupefacientes y en ese momento tenían más de 500 unidades.

Anotó que ahí fue donde descubrieron cinco casas de toda una manzana, donde estaban conectadas para desplazarse entre ellas.

Por otra parte, a 500 metros de dicha casa de seguridad, localizaron otra días atrás.

Hizo referencia al caso reportado el pasado 30 de noviembre, en el cruce de  las calles Tiburón y Cangrejo, en donde presuntos delincuentes tenían cautivas a 19 personas migrantes, 16 de ellas adultas y tres menores de edad, las cuales fueron liberadas.

De acuerdo al fiscal Salas, de las 19 personas, 10 eran connacionales y el resto extranjeros.

Agregó que ninguno de los 19 quiso interponer alguna denuncia contra los secuestradores y que por el contrario los defendieron, al decir que los “polleros” los cuidaban de otros grupos criminales.

Hubo dos detenidos, los cuales tenían en su poder cinco armas largas y dos armas cortas, señaló.

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