Desaparición Forzada

Luego de un proceso penal que duró más de 6 años, un tribunal de juicio oral en Chihuahua, condenó a Manuel Héctor Arreola Soto por el delito de desaparición forzada e impuso una pena de dieciocho años de prisión.

El exagente de seguridad pública de Buenaventura, fue condenado por la desaparición forzada en contra de Jesús Martín Miranda Cruz y Jesús Antonio Servín Ramos, quienes fueron detenidos el 12 de mayo de 2017, llevados a la comandancia de dicha localidad, sin que hasta el momento haya indicios de su ubicación.

De acuerdo, al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Jesús Antonio Servín Ramos, originario de Chínipas, trabajaba en una empresa minera donde conoció a Jesús Martín. En el 2017 con el pago de utilidades, viajaron a comprar una camioneta en Cuauhtémoc, en el trayecto se quedaron tirados por fallas mecánicas y fueron auxiliados por una persona.

Las tres personas estaban sobre la carretera cuando llegó una patrulla de la policía municipal, fueron trasladados a la comandancia, donde no les permitieron hacer ninguna llamada, quien les auxilió fue liberado, sin embargo, todavía no se tiene ninguna información del paradero de los otros dos jóvenes.

Por lo anterior, se declaró culpable a Arreola Soto, se determinó que la Comisión local de Búsqueda continúe con las acciones de localización de los jóvenes desaparecidos hasta dar con su paradero.

Que se publique un extracto de la sentencia en medios de circulación local una vez que cause ejecutoria la sentencia y, a que la Presidencia del Municipio de Buenaventura cumpla con las medidas de no repetición determinadas por el tribunal.

Además de generar la capacitación en materia de desaparición forzada y protección de derechos humanos a las personas que integran la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Buenaventura y la elaboración de protocolos para la prevención y atención de este delito.

Quinto Elemento Lab analizó 36 sentencias por desaparición forzada que se emitieron en todo el país de 2005 a 2022, en donde se especifica que Chihuahua es el estado con más casos sentenciados: concentra siete sentencias locales por desaparición forzada y otras seis de orden federal, con la participación de elementos de tránsito, fuerzas especiales, policías municipales, estatales, agentes federales de investigación y militares.

En 2021 dos agentes fueron imputados por el delito de desaparición forzada y se dictó auto de no vinculación a proceso, motivo por el que se presentó un recurso de apelación que ahora da frutos por la orden de un Tribunal.

Luego de un Juicio de Amparo, un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México falló a favor de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, y ordenó la vinculación a proceso de dos exagentes policiacos imputados previamente por su presunta participación en un caso de desaparición.

En cumplimiento a dicha resolución, se llevó a cabo una audiencia en la que el Juez de Control otorgó al Ministerio Público la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe señalar, que ambos imputados quedaron en libertad en el año 2021 cuando un Juez de Control dictó auto de no vinculación a proceso, motivo por el que la representación social interpuso un amparo, que finalmente permitió llevarlos por segunda ocasión ante tribunales.

Las indagatorias seguidas en este caso, exponen la participación de los exagentes policiacos en la detención de los masculinos identificados con las iniciales A. I. G. B., y O. J. L. H., registrada el 27 de febrero de 2021 al exterior de un Oxxo de la colonia Sierra Azul.

De acuerdo con la evidencia recabada durante las investigaciones, los procesados nunca informaron de la detención de las víctimas e incluso llegaron a participar en el proceso de búsqueda.

El día de ayer, el Magistrado de la Sexta Sala Penal, dictó la vinculación a proceso de los imputados atendiendo a la resolución que contempló el estudio de los parámetros del tipo penal del delito de desaparición forzada con perspectiva de derechos humanos.

Los imputados Ramona Ivette C. V., e Irving Leonel M. B., se encuentran formalmente vinculados a proceso y permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que lleve su procesamiento.

El 29 de diciembre del 2009, Nitza Alvarado y su primo José Ángel estaban a bordo de una camioneta en el Ejido Benito Juárez de Chihuahua, cuando fueron detenidos e inspeccionados por personas que portaban armas y uniforme militar.

Nitza fue sustraída del vehículo, al intentar defenderla José Ángel fue golpeado en el rostro con un arma, a ambos los subieron a una camioneta y se los llevaron. Una hora después, otro grupo con uniforme militar llegó a la casa de Rocío Irene Alvarado, registraron la casa y se la llevaron también.

Desde entonces, no se supo nada de Nitza, José Ángel y Rocío Irene, por lo que su familia emprendió la búsqueda de justicia y con el apoyo de Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado Mexicano por la desaparición de personas.

La Corte concluyó que el Estado Mexicano fue internacionalmente responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, en violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.

Con esta sentencia también quedó demostrada la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos denunciados y, en consecuencia, la responsabilidad estatal y que el Estado Mexicano no contaba con un recurso efectivo en casos de desaparición forzada, tampoco existía una legislación en materia de desaparición forzada de personas.

Aunado a la falta del derecho de circulación y residencia y el derecho a la protección de la familia, en perjuicio de los grupos familiares, quienes se vieron obligados a desplazarse con motivo de la desaparición forzada de sus familiares, las amenazas, hostigamientos, muerte de un familiar, así como por no brindar las garantías para un retorno seguro.

Este fue el primer juicio de la CIDH sobre desapariciones forzadas, su sentencia estableció para todo el país la obligatoriedad de brindar una reparación integral a las familias, adoptar medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad, la creación de un registro único de personas desaparecidas, la capacitación de fuerzas de seguridad y el compromiso de que esos hechos no se repitieran.

Hasta este momento, a cinco años de la sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018, de acuerdo al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., el Estado Mexicano no solo no ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia, sino que ha retrocedido en la adopción de esas medidas estructurales de no repetición.

Lo anterior, con la emisión del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente desde el 11 de mayo de 2020.

Además de la reforma a la Ley General de Víctimas en la cual se desapareció del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que no solo serviría para terminar de indemnizar a las víctimas del caso, sino a muchas más con familiares desaparecidos.

Con motivo del Día Internacional de la Desaparición Forzada que se conmemora en México, el 30 de agosto, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres informó que se llevará a cabo una marcha al Jardín de la Justicia para visibilizar esta problemática y continuar el reclamo “Hasta encontrarles”.

La marcha partirá a las 11:00 horas de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús con rumbo al Paseo Bolívar, hasta llegar a la calle Coronado, un recorrido de media hora o menos, para ubicarse en el antimonumento denominado “Plasmando Esperanza”, hecho por familiares de víctimas de desaparición en el estado.

El antimonumento muestra dos de los lados que se viven ante la desaparición de un integrante de la familia. Contiene las palabras fuerza, que es indispensable para enfrentar todos los retos de la búsqueda y exigencia de justicia.

Y la palabra esperanza, que une a las familias, organizaciones y sociedad civil que caminan en esta lucha constante.

Este evento forma parte de la jornada “Hasta Encontrarles”, misma que contará con exposición, documental y conversatorio, para consultar la programación completa puede ingresar a la fanpage https://www.facebook.com/CentroCEDEHM