Desplazados

Pese a los hechos violentos registrados recientemente en distintos puntos de la sierra de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Occidente no ha recibido nuevas denuncias por desplazamiento forzado derivado del avance de grupos delictivos.

Así lo dio a conocer Silvia González Gutiérrez, titular de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, quien informó que hasta el momento se da puntual seguimiento a 12 denuncias relacionadas con hechos delictivos ocurridos en los municipios de Uruachi y Urique, en el suroeste del estado.

De acuerdo con los reportes oficiales, las personas afectadas —y sus familias— se vieron obligadas a abandonar su entorno debido a la presencia de células del crimen organizado.

La FGE, a través de la Agencia Estatal de Investigación, mantiene operativos en coordinación con las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOII) en el municipio de Moris, donde se reportaron hechos violentos en días recientes.

González Gutiérrez indicó que personal de la Policía Ministerial participa en las acciones de prevención y disuasión del delito, con el objetivo de restablecer la paz y la tranquilidad en las comunidades serranas.

También señaló que se están realizando entrevistas mediante un cuestionario único, con el fin de determinar con precisión el número de personas desplazadas.

Personas integrantes de las comunidades rarámuri El Manzano y Monterde, repartieron volantes en la Fiscalía General del Estado y Plaza Hidalgo frente a Palacio de Gobierno, para exigir la pacificación de las zonas serranas de las que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno.

“Somos personas que hemos sido obligadas a huir de nuestros hogares, como resultado de la violencia ocasionada por el crimen organizado y que no hemos cruzado ninguna frontera”, denunciaron en los volantes.

Además de recordar, que para salvaguardar a sus familias dejaron tierras, casas, animales y todas sus pertenencias, por lo que piden pacificación para su retorno y condiciones de vidas digna.

“Queremos que las autoridades prevengan los desplazamientos, actuando para pacificar las comunidades, condiciones de vida digna en la ciudad y se garanticen nuestros derechos”, concluyeron.

Acompañados por Alianza Sierra Madre A.C. y el Centro de Derechos Humanos, las personas desplazadas pidieron el cumplimiento de la recomendación 96/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el desplazamiento interno forzado de 120 personas, originarias de las comunidades de los municipios de Uruachi y Guazapares.

En la que se le recomendó al Gobierno del Estado realizar un censo que corrobore el número de personas víctimas directas e indirectas que salieron de sus domicilios; aplicar un Programa de Atención Integral que incluya una compensación justa y suficiente para las víctimas.

Además de un programa de acceso a la educación para los niños, niñas y adolescentes víctimas del Desplazamiento Interno Forzado; un programa de acceso a viviendas adecuadas y/o subsidios de arrendamiento del que puedan beneficiarse las personas desplazadas.

Aunado a que se verifique si existen las condiciones para el retorno seguro a sus hogares y en caso de no existir se dé el reasentamiento de las víctimas; un plan de seguridad ajustado a las necesidades de la población desplazada que en su caso haya retornado a las comunidades de El Manzano y Monterde, entre otras.

Mientras que la Fiscalía General del Estado, le recomendó la debida diligencia y el plazo razonable, derechos humanos, derecho de acceso a la justicia y a la debida procuración de justicia, dirigido principalmente a los agentes del Ministerio Público.

Medio centenar de agentes de los tres niveles resguardan a 28 personas desplazadas de comunidades de Guadalupe y Calvo.

Convocados por CONTEC, CEDEHM y la parroquia de Baborigame, bajo la supervisión de CEAVE, resguardan a habitantes de Portezuelo, Santa Tulita, Puerto de Ánimas, Puertoriyito y Baborigame.

La Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, llevaron a cabo un operativo conjunto de resguardo y custodia de 28 personas en el municipio de Guadalupe y Calvo.

El operativo en el que participaron medio centenar de elementos de las citadas corporaciones se realizó en atención a la solicitud realizada por la Coordinación Regional Zona Sur de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado (CEAVE)

Las personas de las comunidades, Portezuelo, Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puertoriyito, fueron trasladadas al poblado de Baborigame, en donde se reunieron con miembros de las organizaciones: Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), que dan seguimiento a las condiciones de vida de los habitantes en estos lugares.

Dentro de las acciones para atender a los habitantes de diversas poblaciones del municipio de Guadalupe y Calvo, tanto para el retorno seguro de las personas a sus comunidades, como para brindarles seguridad, la Fiscalía de Distrito Zona Sur descartó la reciente privación ilegal de la libertad de personas en dicha región.

Como parte de la atención integral que se brinda en el lugar, ayer jueves 20 de diciembre, las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) conformadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, apoyaron con el resguardo y custodia de 95 personas que se trasladaron a las comunidades Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puertoriyito.

En la comunidad de Puerto de Ánimas, los cuerpos de seguridad se entrevistaron con las familias de los adolescentes de iniciales E.A.G.A. y J.M.A.A. de 15 y 13 años de edad, respectivamente, quienes a través de una denuncia pública fueron reportados como privados de libertad el día 15 de diciembre.

No obstante, las familias de los menores descartaron dicha situación, e indicaron que ambos se encontraban sanos y salvos en el hogar, por lo que desconocían el origen de esa versión.

El despliegue operativo de las corporaciones de seguridad se mantendrá en forma permanente, en aras de restaurar el orden y la paz en dicha región, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave), continúa con la atención, acompañamiento y envío de apoyos alimentarios y de salud a las familias de estas comunidades.