Desplazados

Una mujer fue vinculada a proceso al encontrarse responsable de desplazar de manera violenta a una familia en el municipio de Guerrero.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas obtuvo una vinculación a proceso en contra de una mujer identificada como Martha Patricia R. R., por el delito de desplazamiento forzado cometido en ese municipio del noroeste de la entidad.

Se recibió la denuncia de una familia afectada por los actos delictivos cometidos por dicha persona en compañía de varios más, en la que manifestaron que sufrieron las afectaciones en el mes de noviembre del 2022.

Por lo anterior, la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas empezó la investigación de estos hechos y el viernes 17 de noviembre del 2023, agentes de Investigación de la misma Fiscalía, ejecutaron orden de aprehensión en contra de la imputada, por el delito de desplazamiento forzado bajo la causa penal 3673/23.

Posteriormente, el 18 de noviembre, la Ministerio Público adscrita a la Unidad de Proyectos Especiales, formuló imputación, dictándose como medida cautelar la prisión preventiva por el plazo de 12 meses.

Martha Patricia R. R., fue vinculada a proceso por la Juez de Control el día 20 de los corrientes, por resultar suficientes los antecedentes de investigación para acreditar su probable participación en el delito señalado cometido en la ciudad de Guerrero, Chihuahua, en contra de por lo menos cinco víctimas de identidad reservada por cuestiones de seguridad.

En el informe del ejercicio de caracterización del desplazamiento forzado interno en Chihuahua 2023, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), reportó que tres cuartas partes del desplazamiento forzado interno (DFI) en Chihuahua se debe principalmente a amenazas y violencia ocasionada por narcotraficantes, sicarios, talamontes o crimen organizado.

Según las encuestas realizadas por la Acnur, en conjunto con otras organizaciones civiles y organismos gubernamentales, la mayoría de las personas desplazadas que fueron encuestadas afirmaron que se desplazaron como consecuencia de haber sido víctimas de la delincuencia o haber recibido amenazas (66 por ciento), mientras que el 58 por ciento señalaron que fue por temor ante el ambiente de violencia e inseguridad.

También se informó que ha habido un incremento significativo en incidencias de este fenómeno desde el 2013 a la fecha, puesto que del 2008 al 2012, el 25 por ciento se desplazó por haber sido víctima de violencia, mientras que en el periodo del 2018 al 2021, un 71 por ciento se movió de sus lugares de origen por esta razón.

Para realizar este estudio, se entrevistaron a 789 personas desplazadas, en los municipios de Juárez, Chihuahua, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo.

Según el informe, los impactos más mencionados por las personas desplazadas son las consecuencias psicológicas o emocionales (57 por ciento), la pérdida de sus fuentes de ingresos (40 por ciento) y la pérdida de familia o amigos (36 por ciento).

Las consecuencias psicológicas o emocionales y la pérdida de familia o amigos son mencionadas en mayor proporción por mujeres (60 y 40 por ciento, respectivamente). Por su parte, los hombres mencionan la pérdida de sus fuentes de ingresos en mayor proporción (47 por ciento).

Habitantes de comunidades de Guadalupe y Calvo clamaron a las autoridades para que puedan pacificar la zona y así poder regresar a sus comunidades de origen. Decenas de familias que huyeron de sus rancherías llegaron a Baborigame a resguardarse de la violencia que impera en el monte.

Se trata de las comunidades como San Jerónimo, La Chinaca, San Fernando, La Sierrita y Potrero de Herrera en el municipio de Guadalupe y Calvo, lugares donde civiles armados quemaron casas y personas perdieron la vida a sus manos.

Habitantes de La Sierrita habían denunciado con antelación la violencia que sufrían a manos de criminales, sin que las autoridades acudieran a su auxilio o detuvieran a los responsables de las agresiones.

Una niña y varias adolescentes de las comunidades fueron violadas por los criminales, en un periodo de un año y las denuncias fueron interpuestas ante las instancias correspondientes. En cambio, en las comunidades las agresiones continuaron e incluso llegaron a quemar casas y a amenazar a la gente.

Fue el pasado 7 de julio cuando civiles armados amenazaron con apoderarse de la comunidad de Santa Tulita, por lo que sus habitantes huyeron del lugar. Las amenazas están directamente vinculadas con la tala del bosque, actividad a la que las comunidades indígenas se oponen pues su visión es cuidar de la naturaleza y no de sobreexplotarla, como lo hacen estos criminales.

La Fiscalía General y la Zona Sur de comprometieron a realizar un operativo el 15 de junio, sin que se haya notificado a los habitantes de la comunidad de Santa Tulita si efectivamente se realizó.

Más de 360 personas, entre niñas, niños, adultos mayores. Personas de todas las edades han sido desplazadas de sus hogares en comunidades cercanas a Baborigame por el miedo a los grupos criminales que operan en la zona en total impunidad.

Tipificar el desplazamiento forzando como delito es todavía insuficiente para proteger a las víctimas y castigar a los responsables, ya que falta el tema de la restitución de lo que fue afectado, indicó el diputado local por Morena, Benjamín Carrera Chávez.

Indicó que la tipificación realizada la semana pasada en el Congreso del Estado es el primer paso para crear una ley de desplazamiento forzado, ya que no se trata de evitar que las comunidades sean desplazadas, sino de que una vez que sufren este agravio reciban apoyo.

“¿Dónde y de qué van a vivir, a quién le van a cobrar lo perdido y qué van a hacer?”, cuestionó.

En este punto, dijo, es donde debe entrar el estado y es algo que se tiene que dar porque Chihuahua está entre los primeros estados donde se registra este fenómeno.

“Tenemos información de que en este año alrededor de 700 personas sufrieron este problema y tenemos que ir avanzando en la resolución de esta situación”, expresó.

Debido a esa circunstancia, se trata de un foco rojo porque es un problema serio que ocurre en las comunidades alejadas de los centros de población, que es donde está la gente que las sufre.

Se debe establecer, continuó Carrera Chávez, que quien genere este acto sea sujeto a ser juzgado por ese delito, que hasta la semana pasada no existía en el Código Penal local.
Indicó que no sólo los narcotraficantes desplazan a personas, también quienes están en la sierra depredando los pinos, aquellos que quieren apoderarse de las tierras, de los minerales o del agua o están en la disputa por los recursos naturales, como la minería.

Es un problema muy serio que no se percibe en Ciudad Juárez porque está muy lejos de la sierra, pero cuando se entra al análisis de la situación se puede ver que es una situación grave, señaló.

Dijo que planteará la creación de la ley de desplazamiento forzado, luego de que lo más difícil ya se logró, que era tipificar el delito en el Código Penal, aunque todavía se está espera de que se publique en el Periódico Oficial del Estado (POE).

El desplazamiento forzado, explicó, les cambia totalmente la vida a las víctimas porque las desalojan con violencia y se ven obligadas a refugiarse en ciudades o se van a Estados Unidos al sentir miedo de que los lastimen o que ocurra otra situación más grave.
“Eso es lo que queremos justamente, que se empiece a regular, que esas personas no queden a la buena de Dios, sin nada, porque se van de la noche a la mañana con una mano por atrás y otra por adelante”, añadió.

Dejan todo y enfrentarse a esa circunstancia sin trabajo o vivienda es algo muy complicado, pero al estar regulado el delito existe la posibilidad de que el estado pueda solucionar ese problema con la restitución económica y la de sus bienes.

Así, tendrán a dónde llegar y con qué sobrevivir los primeros días, pero hace falta la ley, cuya iniciativa presentará cuando el Congreso local retome sus actividades en marzo de 2023.

Por ahora, ya es un delito tipificado en el artículo 206 del Código Penal, que castiga a quien por medio de la violencia física o moral ocasione que una persona o un grupo de personas abandone su lugar de residencia habitual.

El o los responsables podrán ser encarcelados de uno a siete años y una multa de de 100 a 400 días.

La pena aumentará en un tercio cuando el agresor tenga el propósito de ejercer el control o dominio del territorio en el que se asienta la residencia de la víctima.

“Claro que nos vamos a encontrar con resistencias porque se trata de un tema presupuestal”, advirtió Carrera Chávez.