diputada

En la sesión del Período Ordinario celebrada este jueves 30 de octubre, la legisladora por el Distrito 1 de Nuevo Casas Grandes se quedó con las ganas de presentar un punto de acuerdo para solicitar la ayuda y la atención del Gobierno Federal para las personas afectadas por las inundaciones registradas semanas atrás.

Cuando no había leído ni la mitad de su proyecto de punto de acuerdo, el diputado Óscar Avitia Arellanes (Morena), presidente del Congreso del Estado, le pidió a su compañera de legislatura que suspendiera la lectura para verificar el quórum, ya que el recinto legislativo lucía con más curules vacías que ocupadas.

Fue entonces que la primera secretaria, diputada Rosana Díaz (Morena), volvió a hacer el pase de lista. Tras leer en voz alta uno a uno los nombres de los 33 diputados de la actual Legislatura, se cayó en la cuenta de que había solo 16 presentes, incluidos los tres integrantes de la Mesa Directiva y, obviamente, la diputada Reyes Calzadías.

Ante esa falta de público —quórum, pues— el diputado presidente Óscar Avitia no tuvo más que declarar terminada la sesión.

¿Qué iba a proponer la diputada Reyes Calzadías?

En su turno en el uso de la tribuna, Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías presentó (o al menos intentó hacerlo) una propuesta de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, para que se incluyan a Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes como municipios damnificados por las lluvias sufridas en fechas recientes.

Para ese efecto, pedía que se levantara un censo de personas afectadas y se brindara apoyo por parte del Gobierno de México.

En su exposición de motivos, mencionó que en este mes cayeron lluvias de una magnitud que no se presentaba desde hace tiempo, lo que causó inundaciones en varias zonas de los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

Indicó que, a causa del desbordamiento del río Piedras Verdes, en Colonia Juárez, municipio de Casas Grandes, más de 140 viviendas resultaron afectadas, ya que la creciente del agua alcanzó una altura de más de metro y medio.

Asimismo, escuelas de educación básica y media superior tuvieron pérdidas de todos los bienes muebles que ahí se encontraban, dejando a cientos de niñas y niños sin un espacio digno para acceder a la educación.

Luego, en poco menos de un mes, el mismo río Piedras Verdes y el río Casas Grandes, que atraviesan los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, tuvieron nuevos desbordamientos, lo que provocó que el agua alcanzara no solo colonias cercanas a dichas áreas, sino también zonas céntricas de ambos municipios.

Recordó que el Gobierno Federal atendió la contingencia presentada en los estados de Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, los cuales sufrieron el azote de lluvias fuertes que terminaron en tragedias, dejando cientos de desaparecidos, lamentables muertes y familias sin patrimonio.

Y hasta ahí llegó, porque en ese momento le pidieron que se detuviera para verificar si tenían suficiente público. Pero no: solo 16 presentes. Ni los de su propio partido se quedaron a escucharla.

La diputada federal por Chihuahua, Lilia Aguilar Gil (PT), presentó una iniciativa para dotar de vivienda a policías y demás trabajadores de seguridad pública, ya que la mayoría de ellos no son sujetos de crédito por vivir debajo de la línea de pobreza.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora chihuahuense señaló que casi el 70 por ciento de los elementos de las policías locales perciben salarios menores a 16 mil pesos mensuales, cantidad equivalente a menos de dos salarios mínimos.

Por esa razón, ocho de cada diez agentes de seguridad pública no cuentan con crédito de vivienda ni con seguridad social adecuada, lo que los coloca en situación de pobreza patrimonial, “a pesar de desempeñar una labor de alto riesgo”, dijo Aguilar Gil.

“Es muy triste decir que en este país una gran parte de los policías municipales enfrenta condiciones laborales precarias; por ejemplo, el 51.6 por ciento ni siquiera cuenta con seguro de vida, y solo el 7.6% tiene acceso a un crédito para vivienda”, añadió.

La propuesta de la diputada petista contempla reformar el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, seguridad social y prestaciones laborales para las y los policías de los tres órdenes de gobierno.

Con ello, se busca garantizar, entre otras cosas, seguro de vida e invalidez, créditos para vivienda, un fondo de ahorro para el retiro y prestaciones laborales justas.

Por último, Aguilar alertó que cada día es asesinado un policía en México, y que Chihuahua es uno de los estados más afectados por esta violencia. Frente a esta realidad, dijo, el Partido del Trabajo considera urgente revertir el abandono institucional y dignificar la labor policial como parte de una estrategia efectiva de reclutamiento, permanencia y justicia social.

La diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, apareció en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusada de supuestos vínculos con la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. La medida la señala por presuntamente facilitar operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

Brown, sin embargo, rechaza categóricamente esos señalamientos y asegura que no entiende las razones de la sanción. “Es una infamia”, dijo, mientras negó tener cuentas bloqueadas o restricciones para ingresar a territorio estadounidense.

Originaria de Baja California, Hilda Brown ha hecho carrera en Morena y en el Congreso de la Unión, donde actualmente ocupa una diputación federal. Su nombre no había figurado en investigaciones públicas relacionadas con narcotráfico, lo que hace más sorpresiva su inclusión en la lista negra del vecino país.

Su defensa ante las acusaciones

La legisladora asegura que se enteró de la sanción a través de los medios de comunicación y que no ha recibido notificación oficial. Explicó que días antes del anuncio incluso viajó a Estados Unidos para atender una emergencia familiar y no tuvo problemas en el cruce fronterizo.

Cuestiona que el Gobierno estadounidense la involucre sin pruebas, y se dijo dispuesta a acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) o cualquier otra autoridad para aclarar su situación.

Estar en la lista del Tesoro significa que cualquier bien o cuenta a su nombre en territorio estadounidense debe ser bloqueado, y se le prohíbe hacer transacciones con personas o empresas de ese país. No obstante, Brown asegura que hasta ahora ninguno de esos efectos ha sido aplicado en su contra.

El caso abre un nuevo capítulo en la relación entre la política mexicana y las medidas unilaterales de Washington contra presuntos colaboradores del narcotráfico. Mientras el Departamento del Tesoro sostiene que Brown forma parte de la red de apoyo a “Los Mayos”, la diputada insiste en que se trata de acusaciones falsas que buscan dañar su trayectoria.

La diputada local por el Distrito X de Ciudad Juárez, María Antonieta Pérez Reyes cuestionó que la paraestatal Promotora de la Industria Chihuahuense (Promotora) promueva la inversión en el estado a punta de abaratar o regalar el patrimonio de los chihuahuenses.

La legisladora juarense se refirió así a la probable venta de un terreno de 5 mil metros cuadrados, propiedad de Promotora, a la empresa Gruma, con un descuento del 75%.

Grupo Industrial Maseca o “Gruma” una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores, donde reporta ventas por miles de millones de dólares al año, señaló Antonieta Pérez.

Y no obstante su alta rentabilidad, ahora busca instalarse en el municipio de Delicias, pero condiciona a que le vendan el terreno a 15 millones de pesos, cuando está valuado en casi 62 millones, lo que significaría un descuento de 46 millones de pesos.

“Bienvenida la inversión que genera empleos, pero no a costa de tener que sacrificar el poco patrimonio de los chihuahuenses”, enfatizó Prez Reyes´, quien representa al Distrito X con cabecera en Juárez.

“No creo que empresas de ese tamaño y envergadura económica anden pidiendo descuentos para comprar terrenos que los pueden adquirir de una manera fácil por su poder adquisitivo”, añadió.

Asimismo, destacó que “no existe una razón para que Chihuahua le venda a Gruma un terreno de 61 a 15 millones de pesos, es decir, otorgándole un descuento de 46 millones de pesos que dejan de ingresar a las arcas estatales”.

Con la venta a ese precio, los ciudadanos están perdiendo los ciudadanos 46 millones de pesos que podrían ser utilizados en mejorar las condiciones de vida de los juarenses, pues con ese recurso bien podrían construir al menos 10 escuelas que tanto les faltan esta frontera.

También podrían pavimentar cientos de calles y poner alumbrado público a decenas de colonias que están en penumbra o en malas condiciones o bien otorgar becas a cientos de jóvenes.

“Si la empresa Gruma se instala en Chihuahua, es bienvenida, tendrá mano de obra calificada, gente honesta y responsable que los va a llevar a cabo a sus objetivos, pero no es condicionante que tengamos que rematar terrenos para que ellos se instalen, enfatizó Pérez Reyes.

“Porque tienen los chihuahuenses eligiendo siempre entre rematar terrenos con tal de que nos den empleos o que contaminen la ciudad a cambio de que generen empleos, no tenemos por qué elegir entre una cosa u otra. Pueden generar empleos sin tener que dañar la economía del estado y sin contaminar, como lo hace Grupo Cementos de Chihuahua a la comunidad”, añadió.

Finalmente, la diputada morenista manifestó que espera que la Comisión de Obras, Servicios Públicos de Congreso del Estado que tiene el caso en sus manos para votarlo, lo haga en contra y no vuelvan a caer en el error y la corrupción de estar rematando reserva territorial como lo hicieron con el parque American Industries.