diputada Georgina Zapata

La diputada Georgina Zapata presentó en el Congreso del Estado una iniciativa con carácter de Decreto para modificar las “causas de exclusión”, para que cuando una persona prive de la vida a otra defendiéndose de una agresión, se aplique la “defensa legítima privilegiada”.

La legisladora por el PRI pidió someter a consideración la iniciativa a efecto de modificar el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 28 del Código Penal para el Estado de Chihuahua.

Detalló que el delito de homicidio se debe excluir cuando se repela una agresión real, ilegítima, actual o inminente, protegiendo bienes jurídicos propios o ajenos, de la cual resulte un peligro inmediato, siempre que no haya podido ser fácilmente evitada, exista necesidad racional del medio empleado para repelerla, no mediara provocación suficiente por parte del que se defiende o que el daño que iba a causar el agresor no hubiese podido ser fácilmente reparado después por medios legales.

“Se considerará que obra en defensa legítima privilegiada, respecto de aquel que cause un daño, lesione o prive de la vida a una o varias personas, siempre y cuando éste sin motivo lícito, a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio, realice una conducta, o emplee un medio físico o porte un arma, que involucren un peligro para la vida o la integridad corporal para quien causa el daño o para otra u otras personas del lugar donde el extraño penetra o intente penetrar sin derecho”, explicó la diputada.

Dijo que aplicaría en el hogar de la persona o de su familia, o en el sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios o ajenos de los que tenga la misma obligación.

Agregó que el temor de los miembros de la sociedad ha sido externado, aunado a las publicaciones en los medios de comunicación en las que se informa que el índice delictivo ha ido en aumento.

Consideró que hay miedo de enfrentar a aquella persona que sin derecho y sin consentimiento se introduce a un domicilio, negocio o algún lugar privado, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de las personas que ahí se encuentran.

Ana Georgina Zapata Lucero, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa con carácter de decreto, donde se pide que los cuidados paliativos sean otorgados a los pacientes de enfermedades terminales.

La legisladora dijo que el avance de la medicina mexicana en la tecnología del diagnóstico y del tratamiento de las enfermedades, ha incrementado tanto el promedio de vida de los mexicanos como la morbilidad.

“Los pacientes en situación terminal enfrentan no sólo el sufrimiento al dolor físico, sino también las alteraciones psicológicas que padecen por esa causa, atravesando por etapas de negación, ira, miedo, depresión, negociación y aceptación”, mencionó la legisladora.

Se adiciona el artículo 151 BIS y se modifican las fracciones VII y XI de los artículos 153 y 159, la fracción segunda del artículo 163 y la fracción tercera del artículo 166 Bis de la Ley Estatal de Salud para quedar redactado de la siguiente manera:

“Enfermedad en estado terminal. A todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses.

Se deben garantizar los cuidados básicos. La higiene, alimentación e hidratación, y en su caso el manejo de la vía aérea permeable”.

Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.

“Cuando el hospital cuenta con la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) brinda seguridad y confianza en la familia, disminuyen los costos, los reingresos al hospital, y la muerte del paciente puede darse con un buen control de los síntomas”, añadió.

A pesar de los grandes beneficios de los Cuidados Paliativos a domicilio poco se aplica aún en México.

En los pacientes con enfermedades terminales se presentan síntomas emocionales y cambios comportamentales, como respuesta a un estresante psicosocial identificable, la enfermedad. Este factor deteriora la actividad social, laboral y de desarrollo profesional, enfatizó la legisladora.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Georgina Zapata, presentó una iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar el artículo 360 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, en materia de incendio o quema de basura.

La legisladora busca que se reforme dicho artículo y se especifique que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y una multa de 300 a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS).

Zapata dijo que son múltiples los problemas con los que se convive como sociedad, y que a su manera van afectando la calidad de vida de los ciudadanos.

“Una de las principales fuentes de la contaminación del aire es el humo proveniente de la quema a cielo abierto, en lugares donde se vierten residuos sólidos que son incinerados, sin tener en cuenta que este procedimiento es incorrecto y potencialmente peligroso pues daña grandemente el suelo, el aire y la salud”, indicó.

En este sentido, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, dedica su Título Sexto, Capítulo I a la Protección al Ambiente, dentro del cual considera que se debe asegurar una calidad del ambiente satisfactoria para la salud y el desarrollo armónico de las capacidades del ser humano, tarea prioritaria para el Estado y los municipios.

La obligación de prevenir y, en su caso, controlar la contaminación del ambiente corresponde tanto al Estado como a los municipios y a la sociedad civil.

Las emisiones, descargas, infiltración o depósito de contaminantes, sean de fuentes fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas para asegurar la calidad de la vida y el bienestar de la población, así como para evitar daños a los diversos elementos que conforman el ambiente.

“Se debe prevenir y sancionar una práctica que no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino que produce enfermedades que otros individuos en situaciones similares de vida no presentaría, me refiero a la quema o incineración de residuos sólidos o basura” añadió.

Derivado de lo anterior, enfatizó que deben atender el hecho que es cada vez más frecuente, ya que se pueden ver áreas con quemas o incendios de basurales, como se vio hace unos días en Ciudad Juárez, cuando la quema de un basural a cielo abierto que provocó además de un daño al medio ambiente, fuertes afectaciones a la salud de los ciudadanos, incluso la paralización de actividades económicas y académicas.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y de Atención a Migrantes, presentó una propuesta de punto de acuerdo donde solicita a la Secretaría de Gobernación Federal la reactivación de los Grupo BETA del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua.

Estos grupos tienen la función de proporcionar ayuda y asistencia a las personas migrantes en movimiento, ubicados estratégicamente en puntos fronterizos, explicó.

Estos grupos de protección tienen su fundamento en la Ley de Migración, donde proporcionan ayuda humanitaria, asistencia migratoria y cuentan con equipo táctico para realizar rescates acuáticos, en montañas y desiertos.

Por lo anterior, la legisladora propuso que se asigne un titular y los respectivos agentes necesarios para cubrir la extensión territorial estatal, además se les otorgue presupuesto suficiente, así como estructura física desde la cual puedan llevar a cabo sus labores.

Expuso que a raíz de los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo en las instalaciones del INM de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 personas, dicho instituto quedó “desarticulado” en el estado, puesto que los titulares de las áreas más importantes están siendo procesados judicialmente para determinar su responsabilidad en el siniestro ocurrido.

“Esta serie de acontecimientos han dejado en extrema dificultad al Instituto, quedando inoperante en Ciudad Juárez, ya que el encargado de despacho que fue designado, hasta la fecha no ha brindado una comunicación en la cual se pueda dar certeza de la operación del INM en Chihuahua. Esto es particularmente alarmante ya que la situación migratoria en Ciudad Juárez se encuentra en un momento crítico, estimándose más de 35 mil personas en condición de movilidad en esta frontera, y siguen llegando día con día.” expuso la diputada.

Así mismo, la diputada Zapata comentó que se debe regularizar la operación del INM, porque hay que tener la institución facultada para atender los temas migratorios, específicamente en la operación de los Grupos BETA, quienes coadyuvan con organismos internacionales, asociaciones civiles, autoridades municipales y estatales, para brindar atención a quienes la necesiten.

La propuesta de punto de acuerdo fue aprobada por la mayoría de los diputados de la Sexagésima Séptima Legislatura.