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drones

El Senado de la República aprobó sancionar el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como drones, con prisión de 15 a 40 años y una multa de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La reforma se aplicó al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y plantea la prisión 10 a 20 años si se utiliza el dron para arrojar cualquier objeto, artefacto explosivo o sustancia química que impacte a cualquier persona o propiedad, con el propósito de causar daño.

Y aumenta la pena, si a esto se le suma que quien este a cargo del dron, sea a una persona o bien de las fuerzas armadas o de seguridad pública.

Esta modificación, no solo implica al que pilotea el dron, sino también a quien importe, manufacture o arme la aeronave, cuyo fin sea el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas, con una pena de 5 a 10 años de prisión.

Además, esta reforma también castiga a quienes utilicen los drones para  fotografiar o realizar grabaciones de audio o video a personas servidoras públicas, con la finalidad de conocer o reportar su ubicación.

Y por último, estipula de tres a 20 años de prisión para quien amenace, violente o tome el control de una plataforma física, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presenten servicios de aviación civil.

Con la utilización del helicóptero y drones la Policía Municipal vigila desde el aire el paso de migrantes para ofrecerles seguridad, informó el director de Seguridad Pública, Julio César Salas.

De esa forma la Policía Municipal apoya a autoridades estatales y federales para tener ubicados los grupos de migrantes que viajan en tren, en tránsito por esta ciudad y que se dirigen a la frontera de Ciudad Juárez, indicó.

El municipio también asegura que en caso de emergencia dispone de 800 lugares para alojarlos en cuatro albergues.

Con el uso de Drones Centinela, elementos de la SSPE llevaron a cabo la localización y destrucción de plantíos de droga en las inmediaciones del municipio de Guachochi.

Los Drones Centinela lograron la ubicación de cuatro plantíos de droga, estimándose que en total había alrededor de 48 mil plantas ilegales en dichos terrenos.

Tras la confirmación de la presencia de cultivos ilícitos, se estableció un operativo para asegurar el área y proceder con la destrucción de las plantas.

Los agentes de las diferentes instituciones participantes también montaron un operativo terrestre en la zona para identificar a los posibles responsables de la siembra de estas drogas, como parte de un esfuerzo para desmantelar las redes de producción y distribución.

El trabajo coordinado y la utilización de tecnología de vanguardia, como los Drones Centinela, fueron fundamentales para el éxito de esta operación, que representa un golpe significativo al tráfico de drogas en la región. 

El operativo coordinó el despliegue de aeronaves no tripuladas y de elementos terrestres de la Policía del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobaron por 25 votos en pro y tres en contra, la opinión a favor de la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sancionar los ilícitos cometidos con drones con hasta 60 años de prisión.

Los delitos contemplan transportar, activar o detonar armas, municiones y materiales para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La propuesta reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, y plantea sanciones de hasta 13 años de prisión a quien utilice drones con fines de espionaje o vigilancia contra agentes del estado cuando el objetivo sea agredirlos o evadir la justicia.

Las reformas al Código Penal Federal establecen que se impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años y multas de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia para cometer delitos en contra de las personas o bienes.

Considera, además, una sanción de 10 a 20 años de prisión a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia realice las siguientes conductas: Arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes e impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.

La diputada María Guadalupe Román Ávila (PT) refirió que el crimen organizado utiliza los drones para transportar drogas y espiar a las fuerzas del orden, por lo que es necesario reformar ambas legislaciones para evitar que haya lagunas legales que sean aprovechadas por los delincuentes.

Detalló que del 2020 a la fecha, la Sedena ha documentado 605 ataques del crimen organizado con drones: 260 en lo que va de 2023, 233 en 2022, 107 en 2021 y cinco en 2020.

La opinión a favor que fue avalada por le Comisión de Seguridad Ciudadana, fue enviada a la Comisión de Justicia, encargada de dictaminar la iniciativa del presidente López Obrador, y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

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