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drones

Desde principios del 2023, por lo menos, las fuerzas de seguridad en el estado tenían conocimiento de la capacidad de ataque aéreo por parte de organizaciones delictivas que operan en la sierra Tarahumara, particularmente, en el suroeste, la zona conocida como el “Triángulo Dorado”.

Apenas una semana antes del suceso del 1 de febrero, donde un general y dos efectivos más Ejército Mexicano, más un agente de la Policía Estatal resultaron heridos tras un bombardeo con drones, ya se habían asegurado otros artefactos de ese tipo, con capacidad para ataques desde el aire.

Entre el 23 y el 25 de enero del 2025, en operativos efectuados en la comunidad de Arechuyvo, municipio de Uruachi, se habían asegurado 91 artefactos explosivos que serían usados para realizar ataques con drones.

El primero de esos hallazgos sucedió el 23 de enero pasado, cuando se aseguraron 8 bombas de fabricación casera para drones, así como un Dron Matrixe 350rtk y otro más, del tipo L600 PRO MAX.

En el mismo operativo se dejó inhabilitada una pista clandestina de aterrizaje y despegue.

Apenas un día después, en el mismo poblado, encontraron otros 58 explosivos de confección artesanal y el 25 de enero, ahí mismo, otros 33.

En aquellas ocasiones, las células de seguridad pública que realizaban trabajos de investigación y persecución de los llamados “detonadores de violencia” encontraron otros dos drones de reconocimiento, más los otros dos que sí tenían capacidad para arrojar objetos explosivos desde las alturas.

Si bien las bombas eran de fabricación “casera”, como se les llama cuando no proceden de una armería o una fábrica especializada, tenían gran capacidad de destrucción, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las bombas “hechizas”, el explosivo era de alto alcance, con un rango de explosión muy amplio, tipo granada de fragmentación.

Además de esos drones de ataque, se aseguraron otros dos de reconocimiento, en la región suroeste de la sierra.

De acuerdo con las versiones oficiales, hasta antes del 1 de febrero, no se tenían registros de ataques con drones a fuerzas de seguridad, hasta que ocurrió el bombardeo a la caravana de vehículos donde viajaba el general Jorge Alejandro Gutiérrez Martínez, comandante de la 42 Zona Militar, con sede en el estado de Chihuahua.

El ataque ocurrió en el municipio de Guadalupe y Calvo, en una ruta que conduce a la comunidad de Dolores, a la altura de El Riyito, según informes oficiales.

Atacan con drones a cuerpos de seguridad

Los hechos ocurrieron el sábado 1 de febrero, cuando un grupo armado utilizó drones equipados con explosivos para atacar a las fuerzas militares y estatales.

Después del ataque la agresión, se desplegó un intenso operativo terrestre y aéreo, con el cual se logró la detención de Arturo H.P., hermano de Alberto H.P., alias El Cheyenne.

En esta ocasión, fue un grupo especial SWATT de la SSPE el que logró la aprehensión de Arturo H. O. alias ‘El Turris’. Sin embargo, en diciembre pasado ya había sido detenido y posteriormente, liberado.

Video que circula en redes sociales.

No hubo muertos, pero sí heridos y todos fueron trasladados a la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el estado de salud en el que se encuentran.

El operativo continuará, pero con las células que ya estaban conformadas. Las tropas especiales que llegaron a la frontera se quedarán en el bordo y, contrario a lo que pidieron en el Congreso del Estado, no se desviará el contingente para Guadalupe y Calvo.

Teófilo AlvaradoEn una situación inédita, el crimen organizado perpetró el primer ataque armado con drones en el estado de Chihuahua.

El objetivo del lanzamiento de explosivos fue una célula de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) que circulaba por brechas de la comunidad denominada El Pinito, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el denominado Triángulo Dorado.

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que el pasado martes 24 de diciembre, a las 12:15 horas, circulaban por el sector referido elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Ejército Mexicano y Guardia Nacional, cuando fueron blanco del ataque.

De acuerdo a la información oficial, la agresión se utilizaron dos drones que dejaron “caer artefactos explosivos, uno de los cuales averió el vidrio panorámico de una unidad de la Guardia Nacional y otro se impactó a 50 metros aproximadamente del contingente, además de escucharse disparos que provenían de entre los pinos”.

No se reportaron personas lesionadas, ni de elementos de seguridad ni del lado civil.

Además, se precisó que ya se tiene abierta una indagatoria sobre ese ataque perpetrado con drones contra el contingente del operativo, sin que hayan reportado tampoco si hubo personas detenidas.

Según se explicó, los recorridos por la sierra con fines de seguridad se han realizado en El Pinito, El Zorrillo y Dolores, en Guadalupe y Calvo.

Agregaron que los objetivos de la presencia de las BOI en la zona referida son: inhibir la incidencia delictiva, detectar armas, drogas, vehículos con reporte de robo y personas que cuenten con órdenes de aprehensión.

La Policía Estatal ya cuenta con una “fuerza aérea” compuesta no por pilotos de aviones de combate o de helicópteros artillados, sino por operadores de drones para uso de protección y seguridad ciudadana.

En la semana que terminó, concluyeron su capacitación como pilotos de drones o aeronaves un total de 19 agentes estatales, quienes se sumarán a una fuerza de protección aérea que ya estaba en operación en el estado de Chihuahua.

Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que esos nuevos efectivos de la unidad aérea se sumarán a las tareas de lucha contra la delincuencia común y la organizada que ya tenía desplegada la dependencia a su cargo.

Son aeronaves no tripuladas que vienen a adherirse al otro conjunto de pilotos, que ya teníamos para la operación y la protección del espacio aéreo del estado de Chihuahua, agregó Loya.

La capacitación tuvo una duración de cuatro semanas y fue impartida por personal especializado de la Ciudad de México, mencionó, durante la conferencia de prensa que ofrece los días lunes de cada semana.

Comentó que los drones pueden cubrir grandes áreas en poco tiempo, proporcionando vistas aéreas de alta resolución que son esenciales para la supervisión de eventos multitudinarios, protestas o situaciones de emergencia.

La capacidad de transmitir imágenes en tiempo real permite a las autoridades tomar decisiones informadas rápidamente.

¿Quién usa los drones?

Las naves no tripuladas son recursos que cada vez se utilizan más en labores de vigilancia y protección ciudadana por parte de las autoridades tanto de México como de otros países.

Los usos más comunes son de vigilancia y monitoreo, búsqueda y rescate de personas, evaluación de desastres y control de tráfico vehicular, según lo informa la revista Seguridad 360, especializada en temas de protección ciudadana.

En años recientes, la Sedena como la Secretaría de Marina y otras dependencias federales de seguridad hicieron adquisiciones de naves no tripuladas por una suma de 374 millones de pesos, según lo informó el diario El Universal, con base en información solicitada vía transparencia.

El Senado de la República aprobó sancionar el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como drones, con prisión de 15 a 40 años y una multa de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La reforma se aplicó al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y plantea la prisión 10 a 20 años si se utiliza el dron para arrojar cualquier objeto, artefacto explosivo o sustancia química que impacte a cualquier persona o propiedad, con el propósito de causar daño.

Y aumenta la pena, si a esto se le suma que quien este a cargo del dron, sea a una persona o bien de las fuerzas armadas o de seguridad pública.

Esta modificación, no solo implica al que pilotea el dron, sino también a quien importe, manufacture o arme la aeronave, cuyo fin sea el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas, con una pena de 5 a 10 años de prisión.

Además, esta reforma también castiga a quienes utilicen los drones para  fotografiar o realizar grabaciones de audio o video a personas servidoras públicas, con la finalidad de conocer o reportar su ubicación.

Y por último, estipula de tres a 20 años de prisión para quien amenace, violente o tome el control de una plataforma física, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presenten servicios de aviación civil.

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