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Durante una reunión privada la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, solicitó a empresarios juarenses que se unan para exigir al Gobierno Federal que asuma su responsabilidad y atienda la crisis generada por el arribo de migrantes a la frontera.

A través de un comunicado, personal de esa instancia de Gobierno señaló que la funcionaria expuso ante sus invitados que la autoridad estatal no puede hacer más ruido.

“Necesitamos que ustedes le digan a Chihuahua sí una vez más, que le digan a Juárez sí una vez más, articulados, sin divisiones, porque más allá de un tema político, es un Gobierno Federal omiso el que tenemos”, expresó.

La funcionaria los exhortó a contribuir para que la problemática sea visualizada a nivel nacional a través de los organismos que integran.

Argumentó que si se hacen fuertes entre el Gobierno y los empresarios a través de una unión, podrán incidir en un cambio de rumbo en la política nacional sobre el tema.

La Ley General de Migración no permite al Gobierno estatal atender directamente la problemática; por el contrario, las dependencias federales facultadas para hacerlo omiten atender la situación pese a que se comprometieron a hacerlo.

Sobre el tema, Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, informó que desde julio pasado están llegando a Ciudad Juárez flujos diarios de entre 600 y mil personas en promedio, ya que no se pudo contenerlos a pesar de la intervención de la Guardia Nacional, Sedena y la Policía del Estado.

Agregó que del 22 al 30 de septiembre llegaron vía aérea otros 175 migrantes al aeropuerto de esta frontera y ninguno portaba documentos que legalizaran su estancia en México.

La migración, continuó, no es un problema de partidos y no se resolverá con más albergues, sino que se requiere exigir al Gobierno Federal cumplir con su responsabilidad institucional.

El funcionario enfatizó que urge una reforma migratoria, actualizar el procedimiento de internación y una asignación presupuestal adecuada al incremento que ha tenido este conflicto.

Luego de cumplirse tres años de que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a inicios de este mes, 15 organizaciones de empresarios estadounidenses que conforman la Alliance for Trade Enforcement enviaron una carta a la representante comercial de ese país, Katherine Tai, para externarle su preocupación por los incumplimientos del gobierno mexicano a los compromisos que firmó en el acuerdo.

A lo largo de 11 cuartillas, explicaron que hay “signos preocupantes” por el no cumplimiento de los compromisos de diversos temas del T-MEC, como por ejemplo en telecomunicaciones, biotecnología, equipo médico, etiquetado de alimentos, energía, aduanas y facilitación comercial, así como servicio de pagos electrónicos, entre otros.

Este grupo de organismos envió una carta a Tai por primera vez en marzo de 2021.

“Desafortunadamente, en los últimos dos años, y sobre el tercer aniversario de la entrada en vigor del T-MEC, le escribimos nuevamente para informarle que la lista de problemas en los que México no cumple con sus obligaciones bajo el T-MEC continúa creciendo, en algunos casos a pesar de las medidas tomadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos”, lamentaron.

México no está cumpliendo los compromisos del T-MEC y es necesario que se implemente a cabalidad el acuerdo para que se saque ventaja del potencial total que tiene, destacaron.
Acusaron falta de transparencia en licitaciones públicas, así como barreras de entrada a empresas de varios sectores, lo que, por ejemplo, crea escasez de medicamentos en el sector salud.

Además, recordaron que las consultas en torno a los cambios a la política energética cumplirán un año en los próximos días, sin que se llegue a una solución.

Empresarios representantes de varios organismos sostuvieron este miércoles 17 de mayo una reunión con la gobernadora e integrantes del gabinete con el fin de tocar temas de interés del sector, afirmó Miguel Guerrero Elías, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua.

“La idea es que estemos algunos de los representantes de todas las regiones para tratar temas varios; económicos, políticos, etcétera”, señaló el empresario.

Guerrero Elías, dijo que se busca coadyuvar como iniciativa privada en dar seguimiento a propuestas tanto del sector productivo como del mismo gobierno.

Para ello, mencionó, se convocó a representantes del gremio empresarial no solamente de la capital del estado sino también de zonas serranas, ya que se busca un trabajo integral en todo el estado.

Por otra parte, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que con esto se busca tener cercanía con los sectores y ver de qué forma se puede concordar las visiones tanto de gobierno como del sector productivo.

Entre los temas que presentó el estado están la deuda del estado, la situación económica, y la atracción de más inversiones a Chihuahua.

“Son empresarios de muy distintas ramas, algunos de ellos estarán involucrados en proyectos de inversión extranjera”, declaró el titular de la SGG.

Ya que con más inversiones se podrá incrementar la calidad de vida de los chihuahuenses, es por ello que se busca crear empleos que generen calidad de vida para quienes viven dentro del territorio estatal, puntualizó Santiago de la Peña.

Un total de 23 colectivas y organizaciones feministas del estado de Chihuahua se reunieron para dar a conocer su postura con respecto a los posicionamientos de 41 empresarios de Chihuahua, donde exigieron la detención y puesta a disposición de los responsables de los actos vandálicos del 8M.

Mediante un posicionamiento, las colectivas de nueve municipios, firmaron un documento dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a los empresarios, al fiscal Zona Centro, Francisco Martínez Valley y a las mujeres conservadoras que se unieron para criminalizar los actos del 8 de marzo.

En la carta rechazan enérgicamente cualquier forma de criminalización de la protesta social feminista y responsabilizan a la gobernadora por la seguridad de todas.

Asimismo, toda acción que el Estado realice en contra de las feministas y personas que participaron en la protesta, sin que incluya los protocolos exigidos por ley y los derechos humanos, será denunciada como violación a estos y persecución política.

Las organizaciones firmantes provienen de los municipios de Chihuahua, Ojinaga, Saucillo, Parral, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Camargo, Juárez y Ascensión.

En su documento, aluden a lo que el fiscal Martínez Valle dijo durante su pronunciación de los hechos: “No me voy a tentar el corazón por cuestiones de género”.

A lo anterior, las colectivas responden que es una de las razones detrás de tanta violencia contra las mujeres e impunidad en el Estado; por leyes de hombres con falta de perspectiva de género.

“Cuando usted dijo que a las mujeres de colectivos no se les detendrá, pero “se les investigará y se determinará si tienen responsabilidad”, nos alerta sobre detenciones arbitrarias, sobre persecución política y sobre violencia política en base a género”.

“Sabemos que la detención arbitraria aumenta el riesgo de otras violaciones, incluyendo la tortura”, señala en documento.

Por último, se pronuncian contra los 41 empresarios que emitieron un desplegado, donde se mostraron en total desacuerdo con los actos de violencia, ya sean orgánicos o promovidos por intereses “oscuros”.

“Estas protestas del 8M, exhibieron al gobierno actual que se ha dedicado a beneficiar a las cúpulas, a continuar la corrupción y a dejar en último plano nuestras demandas y otras demandas sociales”, externaron.