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El interno del Cereso estatal número 3, en Ciudad Juárez, que fue señalado en una narcomanta como presunto autor intelectual de homicidios de custodios del penal de Aquiles Serdán y otros crímenes en la ciudad de Chihuahua y en Juárez, se encuentra preso desde el año 2011 y formó parte en su tiempo, de una peligrosa banda de secuestradores liderada por El Nazi.

Según archivos periodísticos, Lorenzo Adrián P. E. alias “El Gallo”, fue sentenciado a 27 años de prisión.

En julio del 2013, un juez de Garantía les dio dicha sentencia a Manuel Alberto Acosta Martínez “El Nazi” y cuatro de sus cómplices: Ricardo Moreno Vela, Lorenzo Adrián P. E., Adrián Enrique Acosta Zamora y Gilberto Alejandro García Arenas.

Los cinco plagiarios aceptaron voluntariamente su participación en el secuestro y muerte de un joven de 17 años y se sometieron a un juicio abreviado.

La víctima por la que fueron aprehendidos en ese entonces fue Édgar Daniel González Macías, cuyo caso ocurrió el 21 de julio del 2011, por quien se pagó de rescate la cantidad de 105 mil pesos y aun así lo mataron porque les pareció muy poco dinero. Fue “levantado” cuando se encontraba haciendo fila para entrar al circo Hermanos Suárez, ubicado en las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional.

En total en aquel tiempo se detuvo a siete personas vinculadas a homicidios y privaciones de la libertad.

Se les acusó en su momento de 18 secuestros y siete homicidios tipo ejecución.

Las víctimas de esta banda fueron propietarios de establecimientos diversos como imprentas, gimnasios, talleres mecánicos, lotes de carros, tiendas de telas así como transportistas. Los asesinaban a pesar de que sus familias pagaban los rescates.

Ahora, el pasado 19 de abril de 2024, Lorenzo Adrián P. E. alias El Gallo, fue señalado como presunto generador de violencia desde adentro del penal 3 del Estado.

La organización denominada “21 Aztlán” pidió a las autoridades mediante la lona, que trasladen a dicha persona privada de su libertad, a otro penal.

El diputado de Morena, Óscar Avitia Arellanes, realizó en el Pleno de Congreso del Estado, preguntas a la autoridad dirigidas a la Secretaría General de Gobierno, para que se debatan entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, Morena y la representación de MC.

Avitia Arellanes expuso que el gobierno estatal debe rendir cuentas sobre la determinación de aumentar el precio del transporte público, y asumir el costo político de anteponer sus intereses, por encima de la necesidad de la clase trabajadora de la ciudad fronteriza.

“Hace un año le dijeron al pueblo de Chihuahua que el aumento del precio en el transporte público vendría de la mano con una mejora sustancial en la calidad del servicio. Mintieron”, criticó el diputado.

El morenista les dijo que cuando fue el incremento de la tarifa, se acompañaron de una serie de medidas como la renovación del transporte, instalación de botones de pánico e instalación de GPS, lo cual aseveró no se ha cumplido.

“Se suponía que pasarían noventa días para que los chihuahuenses pudiéramos ver los resultados del aumento a la tarifa. Han pasado más de 365 días y las unidades siguen estando en pésimas condiciones”, reiteró.

Por lo que pidió que, la Secretaría General de Gobierno a cargo de Santiago de la Peña, contesté 22 preguntas sobre el transporte, desglosadas por municipio, concesionarios, modelos, rutas, sanciones aplicadas, plazos de entrega, capacitaciones, operadores y forma de reparación del daño a la ciudadanía por la falta de acceso al derecho de transporte público digno y seguro.

El Congreso del Estado rechazó el exhorto presentado por el diputado de Morena, Benjamín Carrera Chávez en el que pedía a los Consejos Consultivos de Transporte de Chihuahua y Ciudad Juárez reducir las tarifas del servicio público de transporte de manera inmediata.

El diputado expuso que no es nuevo que las deficiencias en el transporte tienen décadas de documentarse no solo como una realidad, sino en múltiples encuestas y mediciones de satisfacción que no requirieron de una reunión ni estudios del Consejo Consultivo de Transporte.

“Basta consultar el documento de diagnóstico de movilidad y transporte que genera el IMPLAN en el que, se reconoce que falta una tarifa técnica y flexible para disminuir el perjuicio al usuario que se genera al aplicar una tarifa política, además de señalar la falta de inspección y vigilancia como un factor al que en parte se atribuye el mal estado de las unidades”, explicó.

Y argumentó que, el Gobierno Estatal afirmó que hay un 96 por ciento de avance en la modernización del transporte, pero que esa cifra no es posible, ya que, de las 423 concesiones de transporte existentes en la capital del estado, 354 están en operación, y todavía habría que restarle aquellas unidades que no cumplen con el año-modelo.

Mientras que en Ciudad Juárez, del total de concesiones existentes, afirmó que solo 54% están operando, y las que cumplen con el requisito de año modelo, son solo 13 por ciento.

Además de comparar la tarifa más cara, es la de Monterrey con un precio de quince pesos, lo que contrasta con la tarifa más baja que no supera los seis pesos en la Ciudad de México.

“Las condiciones actuales del servicio de transporte en el Estado, han hecho totalmente injustificable el aumento, quedando demostrado que, el cargar el costo de este gran problema a la ciudadanía, no era ni será la panacea”, concluyó.

Se hacen de mociones por el transporte en Juárez
Al momento del debate, el diputado del PAN, Gabriel García Cantú presentó una moción para turnar el asunto a la comisión de Obras y que se solicite la comparecencia del secretario general de Gobierno a la misma comisión, a fin de que explique la información actual del sistema de transporte y el arranque del transporte “histórico” que esta por entrar en funciones en Ciudad Juárez.

El diputado Benjamín Carrera no aceptó la moción y reprochó que siempre dicen “ya merito” y no cumplen con el transporte, “con mucha pena, pero no puedo aceptar la moción que planteas”.

“Dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Sabemos que Ciudad Juárez el transporte es pésimo, no hay ni un camión de los que mencionaste, finalmente el punto de acuerdo también involucraba Chihuahua y te hubieses ahorrado el ridículo, con todo respeto”, comentó el diputado Óscar Avitia, de Morena a la solicitud de Gabriel García Cantú.

Asimismo, presentó otra moción para que previo a la comparecencia del secretario general de Gobierno, hagan las y los diputados de Ciudad Juárez de todas las fracciones, un estudio de campo sobre la situación de transporte en la frontera, mismo que se entregará al funcionario estatal en su visita a Congreso.

“Sé que les duele en el alma que Maru Campos vaya hacer un transporte histórico, ella vino a corregir los errores garrafales del transporte en Juárez con Javier Corral, por qué esa energía tan intensa no se la hacen de reclamo al exgobernador y ahora su compañero de partido”, respondió Gabriel García.

La moción del diputado Gabriel García Cantú obtuvo mayoría con 18 votos a favor y 10 en contra; por lo que la vicepresidenta del Congreso, Ivón Salazar dijo que la moción de Óscar Avitia quedó sin materia y al mandarse a comisión se quedó en los términos de comparecencia del secretario y no como llamado al Consejo Consultivo que presentó Benjamín Carrera.

“Es una salida muy lamentable que se le hace al tema de transporte, hago un llamado respetuoso a la Mesa Directiva a que le tengamos respeto al pueblo de Juárez, no podemos decir que va el 96 por ciento de avance, cuando los juarenses todos los días nos reclaman eso”, comentó para finalizar el tema, Óscar Avitia.

Al perpetrar 287 de los 561 ataques cometidos contra la prensa en 2023, el Estado mexicano se convirtió en el principal agresor de comunicadores del país, según el informe Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad?

De acuerdo con el reporte, elaborado por la organización civil Artículo 19, esta cifra representa 51.19% del total de actos violentos ejercidos principalmente por funcionarios públicos y partidos políticos.

Con base en estas cifras el grupo internacional por el derecho a la información calculó que, en promedio, cada 16 horas se agrede a un periodista o medio de comunicación durante el ejercicio de su labor.

El informe detalla que la violencia contra la prensa tiene un origen diverso que incluye a particulares, con 16.93% de los casos, lo que significa una incidencia de 95 agresiones; en tercer lugar, grupos delictivos con 10.16%, que representa 57 actos violentos y, partidos políticos con 4.46% de incidencia, 25 agresiones.

En 97 ocasiones, que representa 17.29% del total, Artículo 19 identificó un ataque, pero no contaba con elementos suficientes para categorizar al agresor.

Dentro de la categoría de agresores del Estado mexicano, que ocupa el primer lugar, 204 fueron funcionarios públicos; 75 pertenecían a las fuerzas de seguridad civiles, como policías y guardias, y ocho a las Fuerzas Armadas como Guardia Nacional, Ejército y Marina.

De las agresiones más cometidas hubo seis con mayor ocurrencia entre las que se encuentra, en primer lugar, la intimidación y hostigamiento, con 124 hechos; el uso ilegítimo del poder público, ejercido 106 veces; en tercer lugar, amenazas, en 100 ocasiones; en cuarto, bloqueo o alteración de contenido, 54 veces; en quinto, 45 ataques físicos y, por último, el acceso ilícito que ocurrió en 37 ocasiones.

Otras violencias cometidas fueron el ataque a bienes materiales, que se perpetró 24 veces; la privación a la libertad, 23 veces; remoción de contenido, 18 veces; ocho allanamientos; seis desplazamientos forzados; cinco asesinatos; ataques de denegación de servicio y tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, en cuatro ocasiones; la creación de dominios falsos o cuentas falsas también en cuatro ocasiones y un caso de desaparición.

Artículo 19 identificó que la violencia contra la prensa es una constante en todo el país, ya que en 29 de los 32 estados documentó agresiones en 2023: en primer lugar en la Ciudad de México con 115; Guerrero, 48; Puebla, 39; Guanajuato, 38; Veracruz, 36; Quintana Roo, 30; Coahuila, 25; Sinaloa, 23; San Luis Potosí, 21; Tlaxcala, 20; Baja California, 19; Yucatán, 17; Estado de México, 14; Jalisco, 14; Oaxaca, 11; Sonora, 11; Campeche, nueve; Chiapas, Michoacán, Morelos y Colima, ocho; Nayarit, siete; Tamaulipas, Baja California Sur y reporteros en el extranjero, seis; Chihuahua y Nuevo León, cinco; Durango con dos; Tabasco y Aguascalientes con una y, en Zacatecas, Hidalgo y Querétaro, sin ataques.