Estados Unidos

El Gobierno de México entregará 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos a partir del próximo lunes, como pago al déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un comunicado oficial, la cancillería mexicana informó que ya se alcanzó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para cumplir con las obligaciones del Tratado, incluida la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior.

Ambos dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026, señala la SRE.

“Apaíses reconocen la importancia crítica de las obligaciones de entrega de agua … y su impacto en nuestros ciudadanos y reafirman la necesidad de aumentar el compromiso para mejorar la gestión oportuna del agua.

En el comunicado, la cancillería detalla que los gobiernos de México y los Estados Unidos coincidieron en la necesidad de seguir trabajando en torno al Tratado de Aguas de 1944 y de la CILA/IBWC.

En caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado, agrega.

No ha habido incumplimiento: SRE

Asimismo, la SRE subrayó que el Gobierno de México subraya que no ha incurrido en violación alguna a sus disposiciones.

México ha realizado entregas adicionales en un marco de intensa sequía, siempre dentro del marco del Tratado, la disponibilidad hidrológica y de los limites operativos y de infraestructura de la región, sin afectar el agua para consumo humano y producción agrícola en la frontera, afirma la dependencia federal.

Las acciones emprendidas durante el último año muestran que México cumple conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos.

El Gobierno de México reitera su disposición a colaborar de manera constructiva con el Gobierno de los Estados Unidos sin afectar los intereses de su pueblo y la nación, concluye el comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles el acuerdo para reabrir el Gobierno federal, un giro político obligado tras 43 días de cierre que tensaron a su propio partido, golpearon a millones de trabajadores y pusieron en evidencia la incapacidad de la Casa Blanca para sostener el conflicto presupuestal.

La Cámara de Representantes había aprobado horas antes el proyecto con 222 votos a favor y 209 en contra, una votación que reveló fisuras en el bloque republicano, presionado por la creciente indignación pública y el costo político de mantener paralizadas agencias y servicios esenciales.

El cierre dejó sin salario a decenas de miles de empleados federales, afectó programas de asistencia alimentaria y provocó riesgos operativos en el sistema de control de tráfico aéreo. Sectores económicos y sindicatos exigieron el fin del bloqueo, señalando a la Casa Blanca por “usar al país como rehén” en un conflicto político.

La firma de Trump marca el final de una crisis que superó incluso el cierre de 35 días ocurrido en 2018-2019, también bajo su administración, y reabre el debate sobre su manejo del poder, la disciplina interna del Partido Republicano y los costos electorales de sostener disputas presupuestales con impactos directos en la vida diaria de la población.

Las agencias federales retomarán actividades esta misma semana, mientras analistas coinciden en que el episodio podría influir en la agenda política rumbo a los próximos comicios.

Estados Unidos dejó de producir el penny por una razón incuestionable: fabricar cada moneda cuesta más de lo que vale. En 2024, crear un centavo costaba 3.69 centavos, lo que generaba pérdidas millonarias para el erario solo para mantener en circulación una pieza que, en la práctica, ya casi nadie usa.

Ayer, 12 de noviembre, el Departamento del Tesoro confirmó oficialmente el final de la acuñación en todas las instalaciones del United States Mint. Las últimas piezas salieron de la línea de producción en una ceremonia discreta, marcada más por la lógica económica que por la nostalgia. Con ello, se cerró un ciclo 232 años de historia monetaria.

El penny perdió sentido en la economía actual. La mayoría terminan guardados en frascos o cajones sin volver al comercio, mientras tiendas y bancos consideran su manejo un gasto administrativo innecesario. Con el avance de los pagos electrónicos, la precisión del centavo dejó de ser indispensable y su circulación se volvió mínima.

El Gobierno estadounidense prevé ahorrar alrededor de 56 millones de dólares al año al eliminar su producción. Las monedas existentes seguirán siendo válidas, pero desde el 12 de noviembre la especie quedó oficialmente en extinción. En un sistema cada vez más digital, sostener una moneda que cuesta más producir que su valor real dejó de ser racional.

Pese al aseguramiento constante de armas de fuego por parte de las tres órdenes de gobierno, las autoridades mexicanas siguen enfrentando una realidad ineludible: Chihuahua colinda con Estados Unidos, donde este tipo de artefactos se adquiere con extrema facilidad debido a que su posesión está amparada como un derecho constitucional.

César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado, mencionó que el 90 por ciento de las armas utilizadas por delincuentes en México son de origen estadounidense. Esa cifra, señaló, refleja la fuerte influencia del mercado norteamericano en la violencia que ocurre de este lado del río Bravo, donde la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego.

Explicó que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) mantiene una influencia determinante en Estados Unidos, lo que ha frenado cualquier intento por restringir la venta de armamento.

Sobre la posibilidad de que México incida en la regulación estadounidense, Jáuregui consideró que es un escenario complicado.

“Es muy complejo, porque conseguir un arma allá es sumamente sencillo, ese es el problema”, subrayó.

Recordó que muchas personas se dedican al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, incluidos policías. Entre ellos, citó el caso de un agente de la propia Fiscalía General del Estado detenido en flagrancia.

“Tuvimos el caso de un elemento de la Fiscalía involucrado en un tráfico en el cruce Juárez–El Paso; no de armas, pero sí de cartuchos”, precisó.

El fiscal reiteró que se trata de una legislación que Estados Unidos no tiene intención de modificar. Aun así, aseguró que se trabaja de manera coordinada con autoridades norteamericanas para disminuir, en la medida de lo posible, la internación ilegal de armas de fuego hacia México.

Jáuregui señaló que el problema sigue siendo grave tanto en Ciudad Juárez como en el resto del país.