Estados Unidos

Durante su conferencia matutina de este jueves 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera tajante la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en México.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, declaró desde Palacio Nacional.

El pronunciamiento se da luego de que medios internacionales difundieran versiones sobre presuntos planes del gobierno de Donald Trump para actuar directamente contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Sheinbaum insistió en que la relación bilateral se mantendrá sobre los principios de respeto mutuo, cooperación y soberanía, en apego a la Constitución y a la política exterior mexicana.

“Cuando lo han llegado a plantear, les hemos dicho que no, que podemos colaborar de otras maneras, pero eso no”, sostuvo la mandataria.

Añadió que México tiene plena capacidad para enfrentar sus propios desafíos de seguridad, y que su gobierno trabaja en fortalecer a las instituciones nacionales y en la coordinación con los estados para combatir al crimen organizado.

“Ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. Jamás vamos a poner en riesgo nuestra independencia. México es un país libre, soberano e independiente”, remarcó.

El mensaje busca reafirmar la postura de su administración frente a cualquier intento de presión externa y enviar una señal de unidad nacional ante la posibilidad de tensiones diplomáticas con el gobierno estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, prepara una operación militar sin precedentes contra instalaciones de producción de drogas y líderes de cárteles mexicanos en territorio nacional, informó este lunes la cadena NBC News, citando a fuentes actuales y exfuncionarios estadounidenses.

De acuerdo con el reporte, la misión involucraría el despliegue de tropas especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) y agentes de la CIA, con autorización para realizar operaciones terrestres encubiertas y ataques con drones contra laboratorios de fentanilo y otros narcóticos.

Las acciones se ampararían en el Título 50 del Código de Estados Unidos, que regula actividades de inteligencia y operaciones encubiertas.

“No se trata de una invasión, sino de una escalada quirúrgica contra los cárteles que han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras”, explicó una fuente anónima a NBC.

Seis cárteles mexicanos –incluidos el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación– fueron clasificados como grupos terroristas por el Departamento de Estado, lo que habilita al Pentágono y la CIA a emplear recursos militares y de inteligencia sin necesidad de aprobación del Congreso para ciertas operaciones.

Aunque no hay un despliegue inminente, el plan ya contempla vuelos de vigilancia de la CIA autorizados por el Gobierno mexicano, y podría escalar a ataques a distancia en los próximos meses.

Fuentes consultadas por la televisora enfatizaron que la operación no busca confrontar al Gobierno de Claudia Sheinbaum, sino neutralizar objetivos específicos de alto valor.

La noticia ha generado reacciones inmediatas en redes sociales y medios internacionales. Usuarios en X destacan el riesgo de una crisis bilateral si las operaciones se realizan sin coordinación plena con México, mientras analistas advierten sobre posibles represalias de los cárteles contra objetivos estadounidenses.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han emitido comentarios oficiales sobre el reporte de NBC News.

Entre el 2 de septiembre y el 29 de octubre de este año, Estados Unidos realizó al menos 16 ataques en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico latinoamericano, con un saldo de 61 personas muertas, según una investigación publicada por el diario Milenio.

El reportaje, sustentado en fuentes de defensa y registros oficiales de los países afectados, señala que las acciones fueron ejecutadas por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses como parte de una ofensiva que Washington enmarca en su política contra el “narcoterrorismo”.

Los operativos se desarrollaron principalmente frente a las costas de Venezuela, Colombia, Ecuador, México y países de Centroamérica, donde se localizaron embarcaciones rápidas o semisumergibles que Estados Unidos identificó como presuntas rutas del tráfico de cocaína hacia Norteamérica.

El argumento y el alcance

De acuerdo con la publicación, la administración de Donald Trump sostiene que los ataques buscan desmantelar redes de narcotráfico transnacional y reducir el flujo marítimo de droga. Sin embargo, ninguna de las 16 operaciones ha sido reconocida como conjunta con los gobiernos de los países latinoamericanos, lo que abre cuestionamientos sobre su legalidad y alcance extraterritorial.

En varios de los incidentes, las autoridades locales reportaron que no se encontraron armas ni cargamentos ilícitos entre las víctimas, y que algunas embarcaciones podrían haber transportado pescadores civiles o tripulaciones forzadas por organizaciones criminales.

Casos y reacciones

El ataque más mortífero ocurrió el 28 de octubre, cuando aviones estadounidenses bombardearon cuatro lanchas rápidas en el Pacífico oriental, dejando 14 personas muertas y un sobreviviente, de acuerdo con el recuento de Milenio.

El medio también documentó otros casos, como el del 16 de octubre, en el que una embarcación semisumergible fue destruida en el Caribe. Dos personas murieron y otras dos sobrevivieron, sin que se hallaran pruebas de que transportaran droga o armas.

La publicación recoge que gobiernos de México, Colombia y Ecuador, así como organismos internacionales como la OEA y la ONU, han expresado preocupación por la falta de transparencia en los operativos y el riesgo de ejecuciones extrajudiciales.

El trasfondo: una guerra sin fronteras claras

El reportaje apunta que esta ofensiva marítima es parte de una estrategia regional de control impulsada por Estados Unidos para disuadir el tráfico de drogas y reafirmar su presencia militar en el hemisferio occidental.

No obstante, el saldo humano y el silencio diplomático de los países latinoamericanos reavivan el debate sobre el uso del discurso antidrogas como justificación para operaciones armadas fuera del territorio estadounidense.

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Transporte (DOT), anunció el 28 de octubre de 2025 la revocación de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas y la prohibición de vuelos combinados (pasajeros y carga) desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia su territorio.

La medida se justifica, según el DOT, en el incumplimiento del acuerdo bilateral de servicios aéreos firmado entre ambos países, luego de que el Gobierno mexicano habría bloqueado durante tres años las operaciones de una aerolínea estadounidense, impidiendo la apertura de nuevas rutas y generando un trato desigual frente a las compañías mexicanas.

El acuerdo bilateral de aviación, vigente desde 2015, establece condiciones de reciprocidad para el acceso equitativo de aerolíneas a ambos mercados. Sin embargo, el Gobierno estadounidense sostiene que México retrasó o negó permisos operativos a transportistas norteamericanos, mientras autorizaba sin restricciones a empresas nacionales como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.

Por esa razón, el DOT decidió suspender 13 rutas previamente aprobadas o en trámite, que conectaban con ciudades como Houston, Dallas, Los Ángeles, Miami y Nueva York, además de restringir la expansión de operaciones desde el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El anuncio del 28 de octubre ocurre apenas un año después de que México recuperara la categoría 1 de seguridad aérea, lo que había permitido a las aerolíneas nacionales retomar planes de expansión hacia Estados Unidos.

Fuentes del sector aéreo advierten que la decisión podría afectar la conectividad internacional, retrasar la expansión del AIFA y limitar operaciones de carga en temporada alta.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ni la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) han emitido una postura oficial ante la resolución del Gobierno estadounidense.