exfuncionario

Una juez de Control, dictó auto de vinculación a proceso en contra del exsecretario de Comunicación Social en la administración corralista, Antonio P.C., tras encontrar validos los elementos de investigación aportados por Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción.

Al exfuncionario se le acusa de cometer el delito de peculado con penalidad agravada, toda vez que siguió cobrando pagos irregulares, después de dejar el cargo que se le había encomendado en diciembre del 2018.

Con esta vinculación, más las anteriores carpetas de investigación, en caso de encontrarse culpable, el hoy imputado podría recibir una pena acumulada de entre 15 y 20 años de prisión, señaló la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Este miércoles, durante la audiencia de vinculación, la Fiscalía Anticorrupción expuso que el hoy imputado recibió, sin justificación legal, cerca de 200 mil pesos.

En el debate técnico-jurídico de la audiencia de vinculación a proceso se presentaron órganos de prueba que no pudieron ser refutados por la defensa, informó la dependencia a través de un comunicado.

La jueza de Control del Distrito Judicial Morelos resolvió la vinculación a proceso, así como un periodo 4 meses para la investigación complementaria, toda vez que se presume la complicidad en la distracción del recurso del Estado, de otros servidores públicos de la administración 2016-2021.

La Fiscalía Anticorrupción (FA) del Estado de Chihuahua obtuvo de un juez de Control, la Vinculación a Proceso de quien fuera titular del Instituto Chihuahuense del Deporte en el quinquenio de Javier Corral, Juan Pedro S.R.G.

El juez consideró validos los argumentos vertidos en la audiencia, por parte del Ministerio Publico de esta representación social, en donde se le señala como el responsable de cometer el delito de Peculado Agravado en número de 2, por el presunto desfalco de más de medio millón de pesos en el transcurso de 2021. Esos recursos públicos los entregaría a una empresa, denominada LBE Chihuahua S.A.P.I de C.V., de la que era socio.

Luego de dar lectura a su resolución, el juez Penal de Primera Instancia del Sistema Penal del Tribunal Superior de Justicia señaló, que para la Investigación Complementaria se tendrán 6 meses para la integración de más pruebas y poder continuar con la audiencia intermedia toda vez que se realizarían indagatorias adicionales.

Cabe hacer mención que, si bien la denuncia que dio origen a la investigación tras la denuncia del diputado Omar Bazán, en aquel tiempo integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura, la FA se dio a la tarea de realizar una extensa investigación.

La revisión de la Cuenta Pública del año 2020 efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) determinó que el exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en la pasada administración estatal, incurrió en conflicto de intereses al favorecer con convenios a asociaciones deportivas de las que era miembro.

La investigación librada por la ASE se derivó de una denuncia interpuesta por una asociación estatal de básquetbol en la que se advertía que el entonces directivo del deporte Juan S. favoreció con convenios económicos que superan el millón 300 mil pesos a dos asociaciones, monopolizando con ello el control de ese deporte.

La falta administrativa fue considerada grave y ya se encuentra en poder del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para su sentencia definitiva el próximo 5 de enero de 2023.

La ASE acreditó que el exdirectivo suscribió un convenio de concertación 022/2020 por $767 mil 826 pesos con 93 centavos el 1 de septiembre del 2020 con “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, aún y cuando el referido funcionario público formaba parte de esta sociedad como miembro del Consejo de Administración.

De igual forma intervino en la suscripción del “convenio de concertación para la promoción del básquetbol femenil, varonil y juvenil en el estado de Chihuahua” por el monto convenido de 516 mil pesos celebrado el 7 de enero de 2020 con una persona física identificada como (T.H.S.) quien al igual que el funcionario público y ahora presunto responsable, era integrante del Consejo de Administración de la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”