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Antonio Enrique Tarín estuvo comisionado por el exgobernador César Duarte Jáquez como enlace con el PRI nacional en la Operación Safiro para el desvío de 246 millones de pesos, de acuerdo con las distintas causas penales que en su momento siguió la Fiscalía General del Estado contra exoperadores duartistas y el proceso que se abrió en Chihuahua a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alias La Coneja.

Como Operación Safiro se conoce al mecanismo que presumiblemente se implementó para desviar, entre 2015 y 2016, desde tesorerías de Gobiernos estatales como el de Chihuahua, por medio de empresas fantasma y simulación de adquisiciones, recursos públicos para el financiamiento de varias campañas electorales. La operación habría sido concertada entre el PRI nacional, la Secretaría de Hacienda federal y gobernadores emanados de ese partido, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.

En los testimoniales de personajes clave como el exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera Corral, quedó asentado que Duarte Jáquez acordó con el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, la entrega de los 246 millones de pesos, con la intermediación de Alejandro Gutiérrez. La Coneja, operador financiero de Beltrones y exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, fue inicialmente procesado en Chihuahua por el delito de peculado, aunque se libró del juicio porque la Procuraduría General de la República atrajo el caso para después desistirse de la acción penal.

No únicamente los testimoniales del exsecretario de Hacienda apuntaron como uno de los enlaces para las operaciones a Antonio Tarín, quien murió la madrugada del pasado 7 de abril, también el exsecretario de Educación y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, procesado y sentenciado por el mismo desvío, lo señaló como responsable de hacer las transferencias a las empresas fachada que propuso La Coneja.

Tarín era el director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y era hombre de confianza del exgobernador Duarte, al igual que Gerardo Villegas Madriles, quien fungía como director general de Administración en la misma dependencia.

De acuerdo con las declaraciones de Yáñez que se conocieron en las audiencias públicas, Ricardo Antonio Tarín fue comisionado por parte del Gobierno de César Duarte “para operar esa salida de dinero del estado al PRI nacional”.

Por el lado del PRI, Alejandro Gutiérrez, con la colaboración de su hijo del mismo nombre “serían los encargados de proporcionar lo necesario para simular la prestación de servicios al Gobierno, y que entonces la idea era armar procedimientos simulados de contratación entre la Secretaría de Hacienda local y la secretaría de Educación que yo dirigía”, narró Yáñez.

Así ocurrió, de acuerdo con los hechos que acreditó la Fiscalía y que llevaron a la sentencia contra el secretario de Educación por el delito de peculado.

Tarín habría sido el encargado de hacer cuatro transferencias a las empresas factureras o fantasma proporcionadas por La Coneja para sumar el monto total de 246 millones. Servicios y Asesorías Sisas recibió 46 millones; Servicios y Asesorías Samex recibió 55 millones; Servicios y Asesorías Sinnax otros 55 millones y Despacho de Profesionistas Futura 90 millones más.

Los pagos eran supuesta contraprestación por cursos de capacitación y un software cuya realización o entrega nunca fueron debidamente comprobados, de acuerdo con los expedientes de la Operación Justicia para Chihuahua.

La Fiscalía también acreditó que esas cuatro empresas eran simuladas en domicilios de colonias populares de la ciudad de México y el Edomex.

Las mismas empresas aparecen como factureras en una investigación que realizó la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), respecto al mismo modus operandi detectado en otros estados como Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la Ciudad de México.

MCCI documentó que esas y otras empresas fantasma fueron utilizadas como parte de la Operación Safiro para desviar al menos 650 millones de pesos en siete entidades, incluyendo los 246 millones en Chihuahua.

La defensa de César D. J. reiteró su solicitud de cambiar la medida cautelar que lo mantiene recluido en el Cereso No. 1 por el arraigo domiciliario, debido a la condición de salud de su representado.

El grupo de abogados que defiende al exmandatario de Chihuahua pidió “objetividad” en este caso, ya que existen antecedentes como el de Gerardo Villegas, Alejandro Villarreal, Marcelo González Tachiquín, Mayra Urbino, Jesús Manuel Esparza y más exfuncionarios, de lo que el mismo abogado denominó como “la mal llamada Operación Justicia para Chihuahua”.

El posible domicilio señalado para que el mandatario lleve la medida cautelar, en caso de ser aceptada, es el ubicado en la calle Bahía de Quino 8324.

Cabe recordar que dentro de la pasada audiencia se presentó este domicilio, sin embargo, le fue negado el arraigo.

Dentro de las peticiones que presentó la defensa fue que el imputado pudiera cumplir la condena con vigilancia en el exterior del domicilio, o bien, la utilización de brazalete electrónico, incluso ambas medidas de manera simultánea.

Según el grupo de abogados que le defiende, las medidas cautelares en las que vive el exmandatario deben de ser cambiadas debido a la situación de salud.

Lo anterior, tras argumentar que dentro de la pena que ha llevado el exfuncionario, desde hace 33 meses, sufría de un microinfarto que no fue atendido.

El juez de control Humberto Chávez Allende deja a partir de este lunes 3 de abril el caso de César D.J., y en su lugar lo llevará la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas, situación que fue cuestionada por el exgobernador.

Ante esto, la juez señaló que se dio un cambio ante la excusa que el anterior juzgador presentó.

Textualmente, aquel dijo que su excusa se hacía conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, “se cumplieron los lineamientos”.

La jueza añadió que ella fue designada, conforme al rol que se cuenta.

Ante esa situación, el exmandatario manifestó su inconformidad por la dilación del juicio.

César D.J., cuestionó, además, el cambio de fecha de la audiencia intermedia, situación que calificó de “actos dilatorios”, debido a que no contemplan el tiempo que pasó detenido en Estados Unidos.

Expresó que a él no le otorgaron los mismos criterios para el retraso de la audiencia, ya que a la defensa se le otorgó un compendio de 10 mil hojas, las cuales fueron entregadas dos días antes de que se llevará a cabo la audiencia de vinculación.

“Lo digo con toda responsabilidad. Es un acto de violación que solamente ha llevado a cabo a más término el cumplimiento de mantenerme 33 meses, que hoy cumplo, con un desconocimiento de qué quieren hacer del tiempo que estuve en Estados Unidos”, dijo el exmandatario.

Dentro de su discurso, el también exdiputado federal y local por Chihuahua, recalcó que llama la atención que su defensa pueda llevar a cabo mejores acciones que el gobierno, sistema que dijo conocer a fondo.

El Ministerio Público presentó, nuevamente, una solicitud para diferir la audiencia intermedia del proceso que se sigue contra el exgobernador César D.J., para el 24 de abril de este año a las 9:00 horas.

Esta sería la segunda ocasión se pide una prórroga en este caso, pues inicialmente estaba programada para febrero pasado.

Entre las causas que se plantearon para pedir una nueva prórroga fue que se proporcionó por parte de la defensa una memoria USB que contaba con más de 100 documentos, de los que solamente se pudo acceder a 85 archivos.

Ante esto, la juez Delia Valentina Meléndez Olivas señaló que se concedía el plazo con el fin de que se puedan presentar los archivos que puedan abrirse en su totalidad.

Dentro de la postura de los ministerios públicos señalaron que a la defensa se le otorgó dos meses de prórroga para que pudieran encontrar elementos probatorios, por lo que pidió analizar los documentos señalados.

Otro de los puntos fue que la defensa presentó una lista de tres mil testigos, de los cuales tres se encuentran muertos, situación que se tiene que analizar.

A esta situación se suma que se tiene que llevar a cabo un análisis detallado con el fin de no violar los derechos de la víctima, esto según lo previsto en el artículo 8 de los procedimientos penales, fracción 22.

La audiencia intermedia suspendida es por el caso 3041/2019 por los delitos de delito de peculado, por un monto que asciende a los 96 millones de pesos, de acuerdo a la evidencia contenida por la Fiscalía General del Estado.

Cabe señalar que, una vez que se dio la resolución los abogados solicitaron un receso de una hora con el fin de solicitar que el exgobernador lleve a cabo su proceso bajo otra medida cautelar.