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Con el objetivo de fortalecer las capacidades en la investigación y prevención de delitos por hechos de corrupción, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua sostuvo una reunión de alto nivel con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México, entre ellos los nuevos agregados del FBI, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Anticorrupción.

El encuentro, encabezado por el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, y el director de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal, Diego Alejandro Cárdenas Luján, permitió acordar mecanismos de cooperación orientados a agilizar la asistencia jurídica mutua en investigaciones transnacionales, consolidar la autonomía y eficacia de las fiscalías y promover programas de capacitación en rastreo de activos, investigación financiera y litigación estratégica.

Además, se plantearon acciones conjuntas en materia de prevención y transparencia, como la protección de denunciantes y la integridad en contrataciones públicas, aspectos considerados fundamentales para cerrar el paso a la corrupción en la administración pública.

Valenzuela agradeció la disposición de los representantes estadounidenses y destacó que la transversalidad de los delitos de corrupción hace indispensable fortalecer la colaboración internacional. “Estas acciones nos permiten dar mejores resultados a la sociedad chihuahuense, con profesionalismo y responsabilidad”, afirmó.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció la creación de un grupo de enlace permanente, un ciclo de capacitaciones conjuntas y protocolos de intercambio seguro y confidencial de información.

La Fiscalía Anticorrupción subrayó que este trabajo de coordinación internacional tiene un fin claro: garantizar investigaciones más eficaces, fortalecer la transparencia y brindar mayores resultados a favor de la ciudadanía.

El fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana A.C., con el cual se garantiza la correcta procuración de justicia para personas con alguna discapacidad auditiva y/o de comunicación, se informó a través de un comunicado de prensa.

La intención es contar con la interpretación y comunicación que sea necesaria para atender correctamente a la ciudadanía con estas necesidades, siendo la FACH de las pocas instituciones que brindarán atenciones a este sector de la población, se indicó.

Lo anterior con el fin de asegurar la continuidad y debida integración de las carpetas de investigación por hechos de corrupción, mediante el apoyo del instituto a los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

Esto permitirá el auxilio en las labores como coadyuvante de un lenguaje incluyente en la presentación de denuncias por parte de los ciudadanos, para lo cual es necesario contar con personal especializado para dar la debida atención, refiere el comunicado.

El titular de la FACH destacó la necesidad de que las instituciones públicas deben sensibilizar en diversos temas de inclusión; sobre todo en una dependencia como la Fiscalía Anticorrupción, que es una representación social, que se pone a la altura de la realidad actual ya que quien pueda requerir una comunicación gesto-espacial, puede ser tanto una víctima, como un posible imputado.

El acuerdo también incluye la colaboración para la interpretación en posibles ruedas de prensa de la Fiscalía, con el objetivo de cumplir con la inclusión a todas las personas y que el mensaje, de interés público, sea transmitido correctamente.

Durante la signa del convenio, el director del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana, Fernando Israel Ponce Ramírez, reconoció y agradeció el interés de la FACH, de buscar dar atención especializada a la ciudadanía.

Destacó que no son muchos los organismos públicos que procuran tener el servicio de intérpretes en la lengua natural de expresión y percepción visual para la ciudadanía y los usuarios que lo requieran.

“Todas las instituciones debemos estar a las altura de la exigencia ciudadana y de la realidad social que vivimos para que haya una verdadera justicia con enfoque humanista”, concluyó el fiscal Anticorrupción.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, sugirió al candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Juárez, el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, que actúe por la vía civil para reclamarle a su arrendador el no haberle informado que la mansión que habitaba se encontraba bajo investigación.

“El diálogo no es con Gobierno del Estado, es con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, más allá de la pirotecnia política a la que se pretende arrojar en estos temas, la FACH está en proceso, en contra de una persona particular, que no es el alcalde”, respondió el secretario general de Gobierno.

Lo anterior, tras conocerse el aseguramiento de dos propiedades en el fraccionamiento Campestre de Ciudad Juárez, una de ellas, residencia que tenía en calidad de renta el edil fronterizo con licencia, Cruz Pérez Cuéllar y una posible denuncia contra la gobernadora María Eugenia Campos, por intromisión en el proceso electoral.

“Las expresiones son una intención de llamar la atención e introducir al debate político y las campañas, algo que tiene que ver con la lucha anticorrupción”, expuso sobre las declaraciones de diputados locales y dirigentes de partidos políticos al respecto, principalmente entre Morena y el PAN.

Santiago de la Peña afirmó que la propia Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de la República por el partido al que pertenece Cruz Pérez Cuéllar, en su gira a Chihuahua, dijo que si había vínculos o nexos de algún funcionario con actos de corrupción que se investigará, por lo que no hay que sorprenderse de la aplicación de la ley.

“En este debate se ha pretendido aprovechar por quien ahora es candidato a la reelección, la notoriedad de esta acción de la FACH para sumarlo como activo a una campaña política”, expresó.

El funcionario estatal insistió que, hasta el momento el alcalde no aparece en la investigación y que el hecho que haya rentado la vivienda corresponde al derecho civil, lo que tendrá que reclamar a quien le rento el inmueble que no le haya explicado esa condición o que formaba parte de una investigación por recursos de procedencia ilícita.

“No debemos normalizar las excusas, apeguémonos a lo que dice la ley”, puntualizó.

El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín confirmó que hasta este momento permanecen prófugos de la justicia por el delito de corrupción, 7 ex funcionarios públicos tanto locales como estatales, uno de ellos con ficha roja y otra más en proceso para su búsqueda internacional.

Quienes están en este proceso son el exsecretario de Hacienda de la administración estatal 2016-2021, Arturo F.V.; quien cuenta con una orden de aprehensión desde el 09 de mayo de 2023, al que se le busca en 146 países con alertas migratorias activas, acusado de peculado agravado, cuya cantidad asciende a 98.6 millones de pesos.

La exsecretaria del Ayuntamiento del Nuevo Casas Grandes, Silvia Ivón H.P., acusada de autorizar la venta de terrenos sin enterar al Cabildo, interviniendo Desarrollo Urbano, Catastro y Tesorería para expedir títulos de propiedad y no reportarlos a las arcas municipales, además de la compra de tres camiones recolectores de basura en mal estado por 4 millones de pesos.

La exsecretaria debió presentarse a audiencia el pasado 23 de febrero del año en curso, al no hacerlo se consideró como sustraída de la justicia, por lo que La FACH informó que está en proceso la ficha roja, para su búsqueda a nivel internacional al igual que Fuentes Vélez.

Otra persona que también está en calidad de prófuga, es María del Refugio G.G., supervisora administrativa Departamento de Personal Magisterial de la Secretaría de Hacienda, acusada de delito de peculado agravado, por realizar cambios de cheques y no entregarlos al personal magisterial.

Así como una persona identificada con las iniciales de J.R.T.T, exjefe de Contabilidad de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ojinaga, quien esta acusado de peculado por transferencias directas de la cuenta de la dependencia a su cuenta personal, con un importe total de 484 mil 178 pesos. Cuenta con orden de aprehensión desde el septiembre de 2023.

Además de Roberto T.P. de la Auditoría Superior del Estado, del cual no se confirmaron detalles.

A estos funcionarios se suman una agente de Vialidad y uno de la Policía Municipal de Chihuahua por los delitos de corrupción y extorsión en contra de una familia rarámuri a quienes quitaron 10 mil pesos, actos perpetuados el 05 de febrero de 2023, mismos que fueron evidenciados en las cámaras de video de la propia patrulla en la Plataforma Escudo Chihuahua.

En el mismo sentido, destacó que el extitular de Predial en el Municipio de Ojinaga, Jesús Anaya Zuñiga; fue condenado con 2 años y 8 meses de prisión por el delito de peculado agravado, por distraer del erario 163 mil 124 pesos, mismos que recibía por el pago de predial de los contribuyentes y no reportaba la retribución a las finanzas municipales.

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