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“Que se aplique la ley”, enfatizó el coordinador del grupo parlamentario del PAN, José Alfredo Chávez Madrid, respecto a la investigación que se abrió en la Fiscalía General del Estado contra de los delegados Juan Carlos Loera de la Rosa y Marcelino Gómez Bremes.

El congresista albiazul señaló que la problemática estriba en que las reglas de los programas no son claras y no se pueden verificar la entrega de los apoyos.

“No conozco el expediente como tal, pero que se aplique la ley; vivimos en un estado de derecho”, dijo.

Lo que es una realidad, expresó, es que el año pasado la Auditoria Superior del Estado (ASE) encontró vacíos en las reglas de operación de los programas sociales, lo que origina que no se tenga claro sí el recurso llega a los beneficiarios.

Pide Morena que se investigue el caso

El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, señaló que se tiene que investigar este caso, ya que el actual Gobierno Federal no es como otras administraciones, donde no se permitía la investigación.

El congresista señaló que como partido se está a favor de las auditorías y de las investigaciones y si una persona presenta una denuncia, lo que se debe de proceder es que inicie una investigación, dijo.

“La sociedad debe saber si lo que se dice en una denuncia es falso o es cierto, porque no siempre lo que se dice en una denuncia es cierto”, externó.

El legislador avaló el trabajo que están llevando a cabo los dos funcionarios morenistas, pero, dijo que si alguien esta en contra de su trabajo que presente la denuncia correspondiente y se deslinden las responsabilidades.

El contar con un censo de migrantes de personas provenientes de otros países es complicado para el Gobierno estatal, señaló el secretario de general de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda.

La complejidad se da por circunstancias como, por ejemplo, que no todas las personas que se encuentran en ciudades fronterizas se hallan en albergues, como ocurre en Ciudad Juárez, donde algunas de las personas en movilidad se encuentran en hoteles aledaños al puente internacional.

Por otra parte, señaló, el funcionario estatal, las condiciones que genera el crecimiento del flujo migratorio es preocupante, ya que tal situación pone en jaque al Gobierno estatal y a los municipios, ya que los migrantes tienen necesidades que requieren ser cubiertas, entre ellas, el dar albergue a las personas y alimentación, los cuales son cubiertas por el estado.

Refirió que debido a que el flujo migratorio no es de índole estatal, como parte de la administración lo que se busca es atender a este sector de forma humanitaria.

Sin embargo, recalcó que es necesario que la Federación, que tiene competencia en el tema, trabaje en frenar el flujo, ya que dentro del territorio estatal se cuenta con migrantes provenientes de países como Venezuela, Guatemala, El Salvador, quienes buscan ingresar a Estados Unidos a través de la frontera chihuahuense.

El Gobierno Federal debe investigar el tráfico de personas porque la comisión de este delito propicia que estén llegando más migrantes a la ciudad, declaró el representante del Gobierno del Estado en esta frontera, Óscar Ibáñez Hernández.

“El crimen organizado está involucrado en este fenómeno, es un tema muy serio que debe atender el Gobierno Federal”, mencionó.

Las leyes y los procedimientos que hace el Gobierno Mexicano, consideró, sólo les otorga la estancia legal y eso favorece que se dé el tráfico de personas.

Enfatizó que se tiene que aplicar la ley a las personas que se encuentran en esta circunstancia.

El tráfico de migrantes, dijo, representa un negocio de 30 millones de dólares mensuales según cifras establecidas por funcionarios policiacos.

A algunos de los migrantes se los traen desde sus países de origen con la promesa de cruzarlos, pero difícilmente alcanzan ese propósito.

“Les dicen que los van a cruzar y, lamentablemente, muchos de esos temas terminan muy mal, algunos acaban muertos, algunos extorsionados y la gran mayoría sin poder llegar a Estados Unidos”, comentó.

Ibáñez Hernández opinó que el Gobierno de México debe de deportar a los que ya fueron rechazados por Estados Unidos, no tiene ningún sentido que sigan aquí.

Debe clarificar, además, una política para otorgarles empleo si es que van a permanecer en el territorio nacional.

Representantes de organizaciones civiles que apoyan a personas en condición de movilidad le dijeron que los ayudan a llegar al norte porque acá existen fuentes de empleo, mientras que en el sur son inexistentes.

“Eso es evidente, pero el tema es que el migrante no quiere venir a trabajar aquí, sino cruzar a Estados Unidos y no ayuda que los estén acercando”, dio a conocer.

Dijo que si el Gobierno Mexicano no define una política integral que atienda a los migrantes, ofreciéndoles empleo y que les den a todos los permisos para lograrlo, incluso otorgar incentivos a las empresas para que los contrate.

Hay muchas cosas que se pueden hacer y no sólo decirle al gobierno de Estados Unidos que los regrese a territorio mexicano sin que haya una política definida e integral.

Lo que nos queda, dijo, es atender a los que ya están aquí, informarles cómo está la ciudad y las opciones que tienen al quedarse.

La gobernadora María Eugenia Campos informó que se solicitó a la Federación la autorización de interferencia en tramos carreteros.

Lo anterior, debido al trabajo de mantenimiento que se necesita, por lo que trabajarán una parte de la red federal para mejorar las vías de transporte.

“Nos es imposible hacerlo en toda la red federal, pero al menos una buena parte como Parral y Ciudad Juárez”, dijo la mandataria.

Enfatizó en que a los chihuahuenses no les importa si es la Federación o el Estado quien repare los tramos, sino que las carreteras están en pésimas condiciones; además de que este año no se recibió dinero federal para ese rubro.

La gobernadora se reunió con su gabinete para dar seguimiento a lo que cada una de las secretarías realiza para beneficio de la población.

En el caso de las áreas de infraestructura y social, fue para analizar los resultados de los programas y proyectos implementados, así como la revisión del presupuesto a fin de que se ejerza manera correcta.