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El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Sánchez Villegas, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, por la impresión de los libros de texto, presuntamente “con contenido ideológico” que la Federación pretende emplear para el próximo ciclo escolar.

“Cárcel para los autores de los libros de texto populistas, cárcel para quienes lastiman deliberadamente a nuestros hijos, cárcel para quienes adoctrinan, cárcel para quienes quieren condenar a nuestros hijos a la miseria populista”, dijo el legislador, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado a medios.

La denuncia se presentó en la Delegación Chihuahua de la FGR.

El comunicado detalla que Arriaga incurrió en abuso de autoridad al incumplir el mandato constitucional de brindar educación de calidad, basada en la ciencia, sin sesgos ideológicos, además al utilizar su cargo para imponer ideología radical en la niñez.

La comisión de ese delito puede alcanzar una pena de hasta 8 años de prisión, señaló el diputado.

Advirtió que este acto representará una pérdida millonaria de recursos en tanto que los libros de texto deberán rehacerse cumpliendo con las normas y estatutos para la enseñanza.

Sánchez recordó que también denunció a este funcionario ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violar el derecho de los niños a la educación de calidad, además de que presentó un amparo ante los juzgados federales para que se ordene de manera inmediata la suspensión de la distribución de este material en Chihuahua.

MaLa secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue la muerte del diputado Pedro Carrizales “El Mijis”, ocurrida el año pasado.

Así lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Si le parece bien podríamos proceder así señor presidente”, dijo.

Rodríguez Velázquez comentó que para cualquier investigación pudiera ser que la FGR “jalara” la investigación, porque en realidad ya está concluida, todos los procedimientos que hasta el momento se han hecho dicen que fue un accidente.

“Tendría que ser otra instancia la que pudiera darle revisión al caso”, señaló.

La titular de la SSPC recordó que es una obligación de parte de la fiscalía de Tamaulipas darle copias a la familia de las víctimas sobre la carpeta de investigación y “conocemos que efectivamente no se han otorgado”.

Pedro Carrizales murió en febrero de 2022 en un accidente automovilístico, pero este no ha sido aclarado en su totalidad.

El Fiscal de la Zona Centro, Francisco Martínez Valle, informó que los tres detenidos y supuestos implicados en el topón de Coronado a principios de mes, podrán ser reaprehendidos por las autoridades del fuero federal.

Lo anterior, luego de que los tres implicados fueron puestos a disposición de un juez del fuero común, quien los liberó por no encontrar elementos suficientes para vincularlos con el enfrentamiento armado entre civiles que se suscitó a principios de mes en el municipio de Coronado.

“En el caso de Jiménez, la FGE cedió la competencia completa a la FGR, y al no haber una ilicitud en las pruebas de la FGE, la FGR podrá pedir las órdenes de aprehensión en su contra”, dijo el fiscal.

Fue el pasado 13 de junio cuando dos varones y una mujer fueron liberados por un juzgado estatal, por no encontrar elementos para vincularlos a proceso judicial, en relación con el enfrentamiento entre civiles armados en Villa Coronado.

Se trata de Sandy Desha G. S., de 24 años, Jesús Almílcar I. H., de 32 años y Teodoro Adrián A. L., de 33 años, quienes según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, admitieron haber participado en el enfrentamiento registrado el pasado 6 de junio en la zona de Villa Coronado y se les aseguró un vehículo, 7 armas de grueso calibre, 14 cargadores de distintos calibres, 330 cartuchos útiles, droga y equipo táctico diverso.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, Álvaro Niño Cruz.

Esto, luego de detectar en al menos cinco casos irregularidades en su actuación, que favorecieron a imputados relacionados con investigaciones del caso Nochixtlán, narcotráfico y de incumplimiento a resoluciones de amparo.

En noviembre de 2022, la FGR imputó a dos exmandos de la entonces Policía Federal que participaron en el operativo de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, que dejó seis civiles fallecidos y 27 heridos por disparo de armas de fuego y a pesar de que debían permanecer en prisión preventiva, el juez determinó que continuarían su proceso penal en libertad.

El juzgador sólo les fijó una garantía de 20 mil pesos a cada uno, contraviniendo la Constitución y las reglas del procedimiento penal.

“En junio de este año, el juez Niño Cruz, nuevamente decidió no imponer alguna medida que restringiera la libertad contra el encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería que también participó en esos hechos, a quien se le imputó el delito de lesiones por disparo de armas de fuego, pese a la solicitud de la fiscalía de imponer prisión preventiva, por lo que únicamente le señaló la obligación de presentarse mensualmente ante el órgano jurisdiccional durante su proceso penal”, resaltó la Fiscalía General de la República.

Detalló que, en esa misma audiencia, el juez no vinculó a proceso a uno de los policías estatales implicados en la masacre de Asunción Nochixtlán, quien fue señalado por el homicidio de una de las personas que participaban en las protestas de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así como de una persona más, durante la continuidad del operativo de ese 19 de junio de 2016, al considerar que no había pruebas suficientes, contrario a lo señalado y probado por la fiscalía.