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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo mientras es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), en un caso que ha tomado relevancia tras señalamientos surgidos en Estados Unidos.

La solicitud fue presentada ante el Congreso local, con el objetivo —según explicó el propio mandatario— de facilitar el desarrollo de las indagatorias y evitar cualquier interferencia desde su posición como titular del Ejecutivo estatal.

Rocha Moya ha rechazado los señalamientos en su contra y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos. “Tengo la conciencia tranquila”, expresó al referirse al proceso que enfrenta.

La FGR, por su parte, inició una investigación y solicitó información al Gobierno estadounidense para sustentar las acusaciones, luego de que en ese país se hicieran públicas imputaciones que involucran a funcionarios vinculados con el gobierno de Sinaloa.

El caso ha generado reacciones en el ámbito político, tanto por el alcance de las acusaciones como por las implicaciones que podría tener en la relación bilateral y en el contexto de seguridad.

Mientras tanto, el Congreso de Sinaloa deberá definir quién asumirá de manera temporal la titularidad del Ejecutivo estatal durante el periodo de licencia.

Ciudad de México — La Fiscalía General de la República (FGR) integra dos indagatorias federales derivadas de los hechos ocurridos en la Sierra del Pinal, en el estado de Chihuahua, donde fallecieron dos personas de nacionalidad estadounidense —aparentemente vinculadas a agencias de seguridad de ese país— junto con otras dos personas mexicanas.

Los decesos se registraron tras el hallazgo y desmantelamiento de una instalación clandestina al aire libre destinada a la producción de drogas sintéticas, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua inició las investigaciones de competencia federal.

La primera carpeta se abrió a partir de la comunicación oficial realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que ya venía investigando el caso desde hace varios meses, según informó la propia FGR.

La segunda investigación se activó por noticia criminal, tras la rueda de prensa ofrecida por el fiscal estatal el pasado 19 de abril y la información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal.

Debido a la presencia de ciudadanos extranjeros y a las características del caso, la FGR determinó turnar la indagatoria sobre la participación de personas extranjeras a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FECOR, donde también se analiza la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional.

Hasta el 27 de abril, la Fiscalía General del Estado remitió —a petición reiterada de la FGR— copia de la carpeta de investigación iniciada en el fuero común. Dichas actuaciones se encuentran actualmente en análisis para su integración a las carpetas federales.

La FGR señaló que se investigan posibles delitos de su competencia federal con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y, en su caso, deslindar responsabilidades. La institución se comprometió a informar de manera transparente sobre los avances, respetando el debido proceso.

La Fiscalía General de la República presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que establece como prioridad reducir en los estados los delitos que afectan a las mujeres.

Durante el evento realizado en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, asistió acompañada por el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

Campos destacó la importancia del documento y señaló que se trata de un ejemplo de colaboración entre autoridades.

“Es un ejemplo de colaboración, de sistematizarnos entre nosotros. Celebro lo que la fiscal acertadamente habló sobre la seguridad de las mujeres: cero tolerancia en abuso, en acoso y por supuesto en feminicidios”, indicó.

El plan, presentado por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, define las líneas de acción que guiarán el trabajo de la FGR durante los próximos cuatro años.

Sus ejes principales incluyen el fortalecimiento institucional, la eficiencia en la persecución de delitos, la atención integral a las víctimas y el desarrollo de empatía hacia ellas.

Además, contempla mecanismos de coordinación con las fiscalías estatales, así como la creación de áreas especializadas para atender delitos específicos, con el fin de mejorar los resultados en materia de justicia en todo el país.

Al evento asistieron gobernadores, fiscales estatales y autoridades de los tres poderes de la Unión.

La mandataria chihuahuense enfatizó que el plan contiene un tema “muy especial”: lograr que disminuyan en las entidades los flagelos contra las mujeres.

Agentes federales y efectivos militares resguardaron el inmueble ubicado en una zona residencial de Hidalgo del Parral como parte de diligencias relacionadas con investigaciones en curso contra el exmandatario

Elementos de la Fiscalía General de la República realizaron un operativo para asegurar una residencia vinculada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en la ciudad de Hidalgo del Parral.

El despliegue federal se registró en una vivienda ubicada en una zona residencial de la ciudad, donde agentes de la FGR, apoyados por personal militar, resguardaron el perímetro mientras se realizaban diligencias ministeriales en el inmueble.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, durante la intervención las autoridades federales colocaron sellos de aseguramiento en la propiedad y restringieron el acceso al lugar, como parte de un procedimiento relacionado con investigaciones en curso contra el exmandatario estatal.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el motivo específico de la diligencia, el aseguramiento del inmueble estaría vinculado a procesos federales abiertos contra Duarte por presuntas irregularidades financieras y desvío de recursos públicos durante su administración.

El exgobernador de Chihuahua —quien encabezó el Gobierno estatal entre 2010 y 2016— ha enfrentado diversas investigaciones por presuntos delitos de corrupción y manejo indebido de recursos públicos.

La causa penal en su contra lo acusa de desviar más de 96 millones de pesos de fondos destinados al apoyo a la ganadería, por lo cual se le fincaron cargos por asociación delictuosa y peculado, ambas en modalidad agravada.

Duarte fue detenido en Estados Unidos en 2020 y posteriormente extraditado a México en 2022 para enfrentar procesos judiciales relacionados con estos hechos.

Sin embargo, el 3 de junio del 2024 se le otorgó el beneficio del cambio de medida cautelar, con el que pudo salir del Cereso No. 1, con la condición de permanecer en territorio estatal.

Durante ese período, el político hizo actos de presencia pública, que iban desde conferencias de prensa, apariciones en restaurantes de lujo de la capital, acompañado de exfuncionarios de su administración, y hasta un video donde aparece bailando en un bar de la ciudad.

La libertad condicionada del exmandatario terminó el 8 de diciembre del 2025, cuando la FGR lo detuvo en Chihuahua, acusado de cometer ilícitos equiparables al lavado de dinero. Desde entonces, permanece recluido en el penal del Altiplano, también conocido como Almoloya, en el estado de México.

La ciudad de Parral ha sido señalada en diversas investigaciones como uno de los puntos donde el exmandatario acumuló propiedades inmobiliarias, entre casas, terrenos y ranchos que en distintos momentos han sido objeto de indagatorias o aseguramientos por parte de autoridades.

El operativo realizado por la Fiscalía General de la República se suma a otras acciones judiciales emprendidas en los últimos años para rastrear bienes presuntamente vinculados con las investigaciones abiertas contra el exgobernador.