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Agentes federales y efectivos militares resguardaron el inmueble ubicado en una zona residencial de Hidalgo del Parral como parte de diligencias relacionadas con investigaciones en curso contra el exmandatario

Elementos de la Fiscalía General de la República realizaron un operativo para asegurar una residencia vinculada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, en la ciudad de Hidalgo del Parral.

El despliegue federal se registró en una vivienda ubicada en una zona residencial de la ciudad, donde agentes de la FGR, apoyados por personal militar, resguardaron el perímetro mientras se realizaban diligencias ministeriales en el inmueble.

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, durante la intervención las autoridades federales colocaron sellos de aseguramiento en la propiedad y restringieron el acceso al lugar, como parte de un procedimiento relacionado con investigaciones en curso contra el exmandatario estatal.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el motivo específico de la diligencia, el aseguramiento del inmueble estaría vinculado a procesos federales abiertos contra Duarte por presuntas irregularidades financieras y desvío de recursos públicos durante su administración.

El exgobernador de Chihuahua —quien encabezó el Gobierno estatal entre 2010 y 2016— ha enfrentado diversas investigaciones por presuntos delitos de corrupción y manejo indebido de recursos públicos.

La causa penal en su contra lo acusa de desviar más de 96 millones de pesos de fondos destinados al apoyo a la ganadería, por lo cual se le fincaron cargos por asociación delictuosa y peculado, ambas en modalidad agravada.

Duarte fue detenido en Estados Unidos en 2020 y posteriormente extraditado a México en 2022 para enfrentar procesos judiciales relacionados con estos hechos. 

Sin embargo, el 3 de junio del 2024 se le otorgó el beneficio del cambio de medida cautelar, con el que pudo salir del Cereso No. 1, con la condición de permanecer en territorio estatal.

Durante ese período, el político hizo actos de presencia pública, que iban desde conferencias de prensa, apariciones en restaurantes de lujo de la capital, acompañado de exfuncionarios de su administración, y hasta un video donde aparece bailando en un bar de la ciudad.

La libertad condicionada del exmandatario terminó el 8 de diciembre del 2025, cuando la FGR lo detuvo en Chihuahua, acusado de cometer ilícitos equiparables al lavado de dinero. Desde entonces, permanece recluido en el penal del Altiplano, también conocido como Almoloya, en el estado de México.

La ciudad de Parral ha sido señalada en diversas investigaciones como uno de los puntos donde el exmandatario acumuló propiedades inmobiliarias, entre casas, terrenos y ranchos que en distintos momentos han sido objeto de indagatorias o aseguramientos por parte de autoridades.

El operativo realizado por la Fiscalía General de la República se suma a otras acciones judiciales emprendidas en los últimos años para rastrear bienes presuntamente vinculados con las investigaciones abiertas contra el exgobernador.

Una red dedicada al tráfico de personas migrantes que operaba desde Ciudad Juárez fue desmantelada por la Fiscalía General de la República (FGR), tras una investigación coordinada con autoridades federales y agencias de seguridad de México y Estados Unidos.

Como resultado de los trabajos de inteligencia y de cateos realizados en cinco domicilios de esta ciudad, fueron detenidas cinco personas presuntamente vinculadas con la organización criminal que trasladaba migrantes provenientes de Guatemala con destino a Estados Unidos, a quienes intentaban ingresar por el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

Las detenciones derivan de una indagatoria iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas.

De acuerdo con la FGR, las investigaciones fueron resultado de trabajos de inteligencia realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de contar con la colaboración internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Las indagatorias permitieron identificar a una organización dedicada al tráfico de migrantes provenientes de Guatemala que buscaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso.

El Ministerio Público Federal obtuvo órdenes de aprehensión contra cinco personas presuntamente relacionadas con esta organización criminal.

Las investigaciones también establecieron que el grupo tenía su principal zona de operación en Ciudad Juárez, aunque contaba con alcances en la Ciudad de México. Desde 2024, presuntamente utilizaban casas de seguridad para mantener a los migrantes mientras concretaban su traslado ilegal hacia territorio estadounidense.

Con base en esta información, autoridades federales solicitaron y obtuvieron órdenes de cateo en cinco domicilios ubicados en Ciudad Juárez.

Durante estos operativos se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra José Isaac “N”, José Ramón “N”, José “N”, Luis “N” y Gonzalo “N”, alias “El Gori”, señalado como posible líder de la organización.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, dio a conocer los resultados operativos del mes de febrero de 2026.

En ese periodo, la dependencia recibió a disposición a 96 personas por diversos delitos e inició 209 carpetas de investigación: 62 con detenido y 147 sin detenido. Se judicializaron 87 carpetas (57 con detenido y 30 sin detenido).

Durante el proceso penal se logró la vinculación a proceso de 118 personas y se obtuvieron sentencias condenatorias contra 90 personas, de las cuales 60 se resolvieron por procedimiento abreviado y cinco mediante juicio oral.

La FGR reportó 100% de efectividad en sentencias y 98% en audiencias de vinculación a proceso contra detenidos.

En aseguramientos derivados de acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno se decomisaron 51 armas cortas, 51 armas largas, 14 mil 190 cartuchos, 357 cargadores, 33 mil 816 litros de hidrocarburo, un millón 100 mil pesos y 20 mil dólares.

En materia de narcóticos, la FECOR aseguró 30 kilos 546 gramos de marihuana, 24 kilos 831 gramos de metanfetamina, 80 gramos de cocaína, 20 plantas de amapola y 55 unidades de psicotrópicos.

Además, se realizó un evento de incineración en la capital del estado donde se destruyeron 640 kilos 709 gramos 510 miligramos de narcóticos y tres mil 191 unidades de psicotrópicos.

La Policía Federal Ministerial cumplimentó 306 mandamientos ministeriales (incluyendo investigaciones y traslados), ejecutó 38 órdenes de aprehensión y llevó a cabo un cateo.

Se concretaron tres acuerdos reparatorios en mecanismos alternativos de solución de controversias, con recuperación de 759 mil 989 pesos para reparación del daño a víctimas.

Finalmente, la Ventanilla Única atendió a mil 957 ciudadanos que solicitaron servicios en la sede y subsedes federales del estado.

Estos datos corresponden al balance oficial presentado por la FGR para Chihuahua en febrero de 2026.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, habría solicitado la renuncia de al menos 15 delegados estatales del organismo, en lo que se perfila como una reconfiguración de la estructura territorial de la institución.

De acuerdo con reportes periodísticos, los funcionarios recibieron la instrucción de presentar su dimisión con efecto inmediato a partir del 1 de marzo y dejar sus oficinas en los días siguientes. El movimiento alcanzaría a casi la mitad de las 32 delegaciones estatales con las que cuenta la FGR en el país.

Entre las entidades donde se reportan cambios o posibles ajustes se encuentran Ciudad de México, Michoacán, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit y Durango, aunque hasta ahora no existe una lista oficial pública confirmada por la institución.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado detallando los motivos de las salidas ni el perfil de quienes podrían sustituir a los delegados. Fuentes citadas en medios nacionales señalan que la medida forma parte de una estrategia de reorganización interna para fortalecer la operación regional y la coordinación institucional.

Se espera que en los próximos días la FGR confirme oficialmente los cambios y defina la nueva configuración de sus representaciones estatales.

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