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Desde el inicio del conflicto bélico entre Israel y el grupo terrorista Hamás, la Mesa de Seguridad y Justicia de Chihuahua ha estado en alerta ante la posibilidad de que se cometa un atentado guerrillero en la frontera, informó el fiscal del Estado, César Jáuregui Moreno.

Esta medida obedece, según el funcionario, a la proximidad del país con Estados Unidos “y pudieran utilizar a México como trampolín para cometer actos terroristas”.

“Nosotros –dijo el fiscal- desde el inicio del conflicto tomamos esa prevención y pudiese haber una solicitud de alerta internacional”.

El tráfico de migrantes se ha convertido en la actividad delictiva que ha provocado una crisis de inseguridad en el estado por las jugosas ganancias que obtienen los grupos del crimen organizado, afirmó César Jáuregui Moreno.

El fiscal general del Estado informó que esa actividad, en cálculos razonables, recauda unos 100 millones de dólares mensuales mediante extorsiones que pagan familiares de los migrantes en Estados Unidos.

Prácticamente, aseguró Jáuregui, el secuestro tradicional está prácticamente erradicado en la entidad, “pero el control de secuestro de migrantes entre bandas del crimen organizado está provocando una crisis de inseguridad en el estado”.

Por eso el fiscal destacó la importancia que tiene en este aspecto la política migratoria permisiva que implementa el Gobierno Federal, para “poner la mercancía al crimen organizado”.

Con ese poder económico, de 100 millones de dólares mensuales, las bandas de criminales adquieren poder financiero, casas de seguridad e infraestructura para cometer estos delitos de manera efectiva y, de ese tamaño es el problema que afecta a Chihuahua y principalmente a Ciudad Juárez, señaló el fiscal.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, destacó el combate frontal que se tiene en contra de los delitos de género en Chihuahua, resaltando en ello, la confianza que tienen las víctimas para denunciar a sus agresores, porque saben que se le atiende y se les brinda justicia.

Durante la rueda de prensa semanal, el titular de la dependencia, dijo sentirse muy orgulloso del trabajo que realiza la Fiscalía Especializada de la Mujer, ya que en el periodo septiembre 2021 a septiembre 2023 de la presente Administración de Gobierno, 2 mil 388 imputados en carpetas de investigación por delitos de género recibieron sentencias condenatorias.

En ese mismo periodo, otros 10 mil 522 imputados se encuentra vinculados a proceso penal en vías de enfrentar un juicio acusados por delitos de género, como son violación, abuso sexual, acoso sexual, violencia familiar.

Además, 4 mil 028 personas fueron capturadas con órdenes de aprehensión en los que aparecen como probables responsables de este tipo de conductas ilícitas.

Resultados que ubican a Chihuahua como uno de los estados con mayor grado de efectividad en la atención de las denuncias de delitos de género, porque las víctimas saben que hay resultados en las investigaciones y se procede puntualmente en contra los responsables.

Como preámbulo, el Fiscal dio a conocer casos recientes que tuvieron impacto en la sociedad por el alto grado delictivo con el que fueron metidos y en los que el trabajo exitoso por parte de investigadores de la FEM, permitieron detener a los probables responsables y quienes ya se encuentran vinculados a proceso, tales casos son:

Javier V. Q., profesor imputado y vinculado a proceso por dos casos de abuso sexual cometidos contra adolescentes que eran sus alumnas en un plantel educativo ubicado en la colonia Villa Juárez, en la ciudad de Chihuahua, además de que se están integrando más de una decena de carpetas por acoso sexual.

Javier Arturo R. B., abogado imputado por secuestro, lesiones agravadas y violencia familiar, cometidos en perjuicio de su pareja sentimental a quien, desde el 01 hasta el 08 de septiembre de 2023 mantuvo cautiva en un domicilio de la colonia Cordilleras en la ciudad de Chihuahua, donde la agredió física, psicológica, patrimonial y sexualmente.

Al respecto, el Fiscal señaló que, en este caso, la Fiscalía Especializada de la Mujer apelará la resolución del Juez de Control conocedor de la causa penal, por la no vinculación a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Así como el caso de Francisco Antonio C., quien, en la colonia Ignacio Allende de la ciudad de Chihuahua, sometió a la víctima de 56 años y la mantuvo privada de su libertad por una semana hasta que logró pedir auxilio y fue recatada por familiares. Fue imputado por dicho delito y, además, se investiga su posible participación en otro hecho de abuso sexual en Estados Unidos.

Al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, lo sitiaron desde las 06:30 horas. Su casa, la universidad de su hermana y la calle que lleva el nombre de su abuelo, Manuel Gándara, fueron copadas por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, apoyados por infantes de la Marina y elementos de la Comisión Estatal de Seguridad.

El cerco policial fue establecido en un radio de 300 metros en el barrio emblemático de Amatitlán, a unos 200 metros del Palacio de Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia, con cuyos titulares mantenía diferencias y los acusó de torcer la ley. Ambos poderes lo señalaban de irregularidades en la integración de las carpetas de investigación y de permitir la impunidad en 95% de los casos.

Durante su atrincheramiento de casi ocho horas, el fiscal expuso su caso ante la opinión pública a través de los medios, en cuyas entrevistas acusó que su inminente detención tenía un trasfondo político por proteger al gobernador Cuauhtémoc Blanco de las carpetas de investigación que tiene el Ministerio Público, entre ellas, la indagatoria sobre la fotografía donde aparece con tres líderes criminales.

Carmona intentó evitar la ejecución de una orden de aprehensión en su contra y buscó el amparo de un juzgado federal en la Ciudad de México para hacer valer su fuero constitucional, pero nunca llegó.

Mientras sus abogados tramitaban el amparo, el fiscal acusó a la exjefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, y la fiscal capitalina Ernestina Godoy de orquestar la detención, seguramente, dijo, con el respaldo de la Presidencia de la República para quitarlo.

“Nunca imaginé este desenlace. No sé qué me fabricaron. Puedo ser objeto de tortura para obligarme a renunciar a la fiscalía, porque se trata de quitarme. Temo por mi vida”, declaró el fiscal al periodista Joaquín López Dóriga y agregó que es “víctima de lo que ya es prácticamente una dictadura”.

Más tarde, Sheinbaum Pardo negó algún asunto político detrás de la detención del fiscal morelense. “No es un asunto político, es un asunto de justicia. La fiscalía de la CDMX vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres”, declaró.

Se entrega

Pasadas las 14:30 horas, los infantes de la Marina relajaron el cerco y movilizaron sus unidades. El dron comenzó a girar con mayor intensidad porque el fiscal había decidido entregarse de manera voluntaria a cambio de que no catearan su domicilio. Ordenó a su equipo videograbar la entrega y permitió el ingreso del agente del Ministerio Público de la FGJ-CDMX.

El agente ministerial atravesó la puerta y leyó la orden de aprehensión, así como sus términos, mientras el dron sobrevolaba más bajo la casa del fiscal. El ministerial también le mostró la orden de cateo que no ejecutaron por cortesía a la investidura del fiscal.

Enseguida, Carmona Gándara pidió garantías para su familia, entre ellos tres menores de edad, y el comandante Tacuba, conocido por el fiscal, le prometió que no le pasaría nada.

“Acuérdese que somos compañeros, a cualquiera le puede pasar esto, ¿no?”, esgrimió el fiscal.

Antes de subir al rinoceronte de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y ser llevado a esa dependencia para su certificación médica, el fiscal se quitó el saco, lo entregó a sus colaboradores y empezó su travesía. Más tarde aterrizó un helicóptero de la Marina en ese mismo sitio para trasladar al fiscal a la Ciudad de México.