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El fiscal general del Estado y el representante en Chihuahua de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coincidieron en la importancia de mantener la coordinación entre los tres niveles de gobierno para cerrar filas en materia de seguridad, tras los hechos registrados en otras regiones del país luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

César Jáuregui Moreno y Fernando Ávila González informaron a Norte Digital que se mantienen atentos a posibles escenarios en el estado de Chihuahua.

El fiscal general explicó que, una vez que se tuvo conocimiento de los acontecimientos ocurridos en Jalisco y otras regiones del país el pasado domingo, se activó la Mesa Estatal de Seguridad, en coordinación con las instituciones responsables del tema.

Indicó que en Chihuahua no se registraron incidentes relacionados con dichos hechos; no obstante, se estableció comunicación inmediata con autoridades federales para reforzar la coordinación y el intercambio de información.

Por su parte, Ávila González resaltó que las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen una coordinación permanente, así como operativos de vigilancia estratégica en distintos puntos del estado.

Subrayó que, por instrucción de la gobernadora María Eugenia Campos, se estableció sesión permanente de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, con el objetivo de dar seguimiento puntual a la situación nacional, fortalecer las acciones preventivas y garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

Asimismo, señaló que es fundamental la participación ciudadana en las tareas de seguridad.

“Se exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores y colaborar con las autoridades reportando cualquier situación de riesgo a los números de emergencia”, enfatizó.

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, fue electo por unanimidad como vicepresidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), durante su asamblea general celebrada este lunes en la Ciudad de México.

Valenzuela acompañará en la presidencia de la asociación a Marco Antonio Medina Torres, fiscal especializado en combate anticorrupción de Guanajuato, en una gestión con vigencia de dos años.

Durante su intervención, el funcionario chihuahuense adelantó que desde esta posición impulsará una agenda enfocada en fortalecer la autonomía de las fiscalías anticorrupción, homologar los delitos por hechos de corrupción y reforzar la investigación financiera para seguir la ruta del dinero.

En la misma sesión, Diego Alejandro Cárdenas Luján fue ratificado como secretario técnico de la CONAFA.

En el Foro Cultura de Paz y Legalidad, organizado por la Cámara de Diputados, el fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, aseguró que los delitos de alto impacto en Chihuahua van “a la baja”.

La declaración fue hecha ante legisladores federales, en momentos en que la entidad enfrenta episodios constantes de homicidios, desapariciones, ataques armados y tensión en diversas regiones.

Araiza reconoció que el estado vive un “escenario de violencia”, pero intentó matizarlo al asegurar que el índice de homicidios es “muy inferior” al registrado entre 2008 y 2014, cuando —dijo— se dieron los picos más altos de criminalidad.

“No ha desaparecido del todo la violencia, pero la incidencia delictiva está muy por debajo de lo que vivimos”, sostuvo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 20 de noviembre.

El fiscal evitó referirse a las críticas recientes sobre la efectividad de los operativos estatales, el desgaste de las corporaciones policiacas o los señalamientos de organizaciones civiles que denuncian impunidad y falta de resultados en investigaciones de homicidios y desapariciones.

En cambio, retomó argumentos de académicos que vinculan la criminalidad con la inequidad social y no con la pobreza, deslizando la responsabilidad hacia factores estructurales y a la sociedad misma.

Ante diputadas y diputados de distintos partidos, Araiza aseguró que la reducción de los delitos depende de dos condiciones: un Estado de Derecho fortalecido y una ciudadanía comprometida con denunciar.

“El tema de la seguridad es una carreta de dos ruedas: una es el gobierno y otra es la sociedad. Si no giran al mismo tiempo, la carreta va a dar círculos y no va a avanzar”, expresó, sin abordar las fallas institucionales que continuamente señalan colectivos y especialistas.

Sobre la cultura de la legalidad, insistió en que los gobiernos deben promover la cultura, el arte, la ciencia y la historia como herramientas para “empatizar” y “coexistir”, sin detallar estrategias concretas para contener la violencia en el corto plazo.

Como ejemplo de participación ciudadana, destacó al empresariado de Chihuahua y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), donde los empresarios se autoimpusieron un impuesto para financiar proyectos de seguridad. Evitó, sin embargo, profundizar en cómo ese modelo convive —o choca— con las obligaciones del Estado en la materia.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno acordó coordinar acciones con pastores de iglesias evangélicas para atender temas de seguridad para niñas y niños que atienden en los centros de esas agrupaciones religiosas.

El funcionario recibió en su despacho este viernes 14 de noviembre a 19 pastores de diversas denominaciones evangélicas para sostener un diálogo en torno a temas de seguridad, de adicciones entre los jóvenes y adolescentes.

Jáuregui Moreno ofreció coordinar esfuerzos a través del Grupo de Orientación Escolar de Chihuahua (Goechi) de la Agencia Estatal de Investigación, con un enfoque de Escuela de Padres, así como otros mecanismos de coordinación.

A invitación de los pastores, el fiscal aceptó tener próximamente, un encuentro con los pastores de las 400 iglesias evangélicas de la ciudad de Chihuahua y extender la atención a las denominaciones existentes en todo el estado.

Cabe resaltar que recientemente, 69 pastores evangélicos concluyeron un curso de formación en Resolución de Conflictos y Cultura de Paz, ofrecido por Cemasc.

El diálogo tuvo lugar en el Despacho del Fiscal, en donde estuvo acompañado por el director del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución, Daniel Terrazas Parada.

Por las iglesias evangélicas acudieron 19 representantes, entre ellos Ricardo Moo Castro, Bruno Escobar Ávila y Rosy Navarrete.

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